La represión en conflictos sociales es uno de los planes de gobierno de Mauricio Macri. Según el Centro de Economía Política Argentina (Cepa), entre enero y julio de 2017 se registraron 39 hechos represivos.
“Estas prácticas la padecieron trabajadores, movimientos sociales, organizaciones de la sociedad civil, pueblos originarios, partidos políticos, mujeres, vecinos, estudiantes, entre otros”, explica el relevamiento.
En Rosario, tres hechos se produjeron en los primeros 180 días del año. El primero se registró en enero cuando vecinos del barrio Las Flores cortaron el ingreso a la autopista a Buenos Aires en reclamo por los daños que les dejó un temporal. Allí fueron reprimidos por efectivos de la Policía santafesina.
Otro de los episodios se registró durante el primer mes del año cuando las fuerzas policiales reprimieron a vecinos que habían ocupado un terreno en la zona sudoeste.Tras la represión detuvieron a jóvenes del barrio.
Y el último de los hechos en la ciudad se produjo en abril durante una protesta de carreros en el Concejo Municipal, cuando los ediles estaban sesionando. Los manifestantes fueron reprimidos.
El centro de estudios interpreta que las políticas que vienen aplicándose desde la asunción del gobierno de Cambiemos dan cuenta de que el ajuste económico y la redistribución regresiva del ingreso están acompañadas de la otra cara de la moneda: la represión, como parte de un mecanismo sistemático de disciplinamiento social. La represión funciona de esta forma como mecanismo de “contención” del conflicto, de sofocar los reclamos y como mensaje de futuros reclamos, protestas o voces disidentes, señala el Cepa.
Los hechos producidos en la noche del viernes, al cierre de una movilización masiva en reclamo por la aparición con vida de Santiago Maldonado, parecen ser un eslabón más de la política implementada por Cambiemos, expresa el Cepa.
