Tras cinco años de dilaciones, la Cámara de Diputados de la provincia dio media sanción el jueves último y giró al Senado un proyecto de ley que promueve la regulación de las agencias de seguridad privadas.
“El objetivo es dar certidumbre a esta actividad privada, que cuenta con alrededor de nueve mil personas (la mitad de todo el personal policial de la provincia), mucho más con las zozobras que está dando el delito a nuestra sociedad”, explicó la diputada Alicia Gutiérrez, autora del proyecto.
La legisladora del Frente Progresista Cívico y Social (FPCyS) dijo que la aprobación en la Cámara de Diputados de la regulación de los servicios de seguridad y vigilancia “vuelve a abrir una gran expectativa”.
Gutiérrez pidió un rápido tratamiento de la iniciativa en el Senado: “En momentos que la ciudadanía reclama mayor seguridad democrática, es fundamental que este proyecto se transforme inmediatamente en ley”.
La diputada ingresó tres veces la iniciativa: en 2008, 2010 y 2012. En la sesión del último jueves, logró el acompañamiento de sus pares y la ley obtuvo media sanción con 37 votos positivos, dos abstenciones y ningún rechazo.
“Es indispensable que se visualice la jerarquía del vacío legal imperante, tratando de evitar que exista un ejército paralelo a la seguridad pública sin control público ni legislación que lo regule”, argumentó Gutiérrez.
“Por eso es imprescindible la decisión de implementar una norma en este aspecto, que ha de beneficiar a los usuarios de estos servicios y a la sociedad toda”, agregó la legisladora.
“El control del funcionamiento de las agencias de seguridad privadas requiere una precisa normativa que determine las condiciones y alcances con que deben ser habilitadas, registradas, fiscalizadas y eventualmente sancionadas. Es notorio como los delincuentes, testaferros y servicios de seguridad pública exonerados se integran en estamentos institucionales o laborales para esconder sus intenciones delictivas y es imprescindible poder contar con una herramienta legal para impedirlo”, abundó Gutiérrez.
Entre otros puntos, el proyecto establece que las agencias no podrán contratar personal sobre quien pesen causas abiertas por cualquier tipo de delito. Y determina que las empresas se deberán anotar en un registro al que tendrán acceso los ciudadanos. “De este modo los vecinos pueden verificar que los servicios de seguridad privada que contraten se desempeñan de acuerdo con la ley”, sostuvo la diputada Gutiérrez.
El proyecto distingue dos tipos de servicios: con autorización de uso de armas de fuego –para custodia de personas, mercaderías en tránsito y depósitos y vigilancia privada en lugares fijos sin acceso al público– y sin autorización de armas para los siguientes casos:
a) Custodia, seguridad y portería en locales bailables, confiterías y/o espectáculos en vivo, como todo otro lugar destinado a la recreación.
b) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, el que tiene por objeto la seguridad de personas y/o bienes en espacios de acceso al público con fines diversos.
c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad horizontal.
d) Vigilancia con medios electrónicos, ópticos y electro-ópticos, el que tiene por objeto el diseño, instalación, mantenimiento y cualquier otro servicio con dispositivos centrales de observación, registro de imagen, audio y/o alarmas.
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