La Cazadora
La Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, conocida como Ley Ómnibus, apunta a reducir el alcance de la Ley Micaela al mínimo indispensable. Lo que se pretende modificar es que solamente van a estar obligadas a capacitarse en la temática de género y violencia contra las mujeres aquellas personas que se desempeñen en la función pública en los organismos competentes en la materia, y no la totalidad de las personas que integran el Estado en sus tres poderes, tal y como establece la normativa hasta ahora. Además, busca un cambio de paradigma. “No es lo mismo la Violencia Familiar que la Violencia por Motivos de Género, que es algo que también pretende modificarse”, remarcaron desde la Fundación Micaela García.
El proyecto de Ley Ómnibus enviado por el presidente Javier Milei al Congreso el 27 de diciembre de 2023, pretende modificar seis artículos de la Ley Micaela.
“Podríamos opinar de la intencionalidad de este Proyecto de Ley, sobre muchos de los temas, pero nos acotaremos, por el momento, a lo que se pretende modificar de la Ley Micaela”, dijeron desde la Fundación Micaela García, fundada por padres, familiares, amigos y compañeros de militancia de la joven víctima de un femicidio en 2017, cuyo nombre simbólico lleva la ley.
Micaela García era una militante del Movimiento Evita que fue violada y asesinada a la salida de una discoteca en Gualeguay (Entre Ríos). El autor del crimen fue Sebastián Wagner, quien había sido condenado a nueve años de prisión por la violación de dos mujeres. Wagner había sido beneficiado con la libertad condicional días antes del femicidio de Micaela, a pesar de que un informe criminológico había sido negativo y recomendaba no otorgarle dicha libertad.
“El proyecto (enviado por Milei al Congreso) intenta modificar seis artículos de la Ley Micaela, pero lo que a nuestro entender es más grave es la modificación del artículo 1°, porque afecta el sentido de la Ley”, dijeron desde la Fundación.
Desde la sanción de la Ley N° 27.499 el 19 de diciembre de 2018, ese primer artículo de la normativa establece “la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación”.
La Ley Micaela se implementa por medio de capacitaciones que transmiten herramientas y (de)construyen sentidos comunes, que cuestionen la desigualdad y la discriminación, y transformen las prácticas concretas en cada trámite, cada intervención, cada proyecto de ley y, en definitiva, en cada una de las políticas públicas. La formación en el marco de la Ley Micaela es abordada según el tipo y el rol del espacio en el cual es dictada. De esta manera, se busca identificar las prácticas, acciones y los ámbitos en los que se reproduce la desigualdad de género, para transformarla desde las políticas públicas en pos de construir relaciones más justas e igualitarias.
Desde su implementación hasta agosto de 2023, sólo a nivel nacional 150 organismos del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial y 232.997 autoridades y agentes de los tres poderes del Estado se habían capacitado en el marco de la normativa. A esto hay que sumar las realizadas en los ámbitos provinciales y municipales. Asimismo, la demanda social de este tipo de formaciones trajo aparejada la articulación con otros actores de la sociedad, lo que llevó a la creación de nuevas propuestas para cada ámbito: Micaela Medios; Sindical; Partidos Políticos; Deportes; Redes Comunitarias y Micaela para la Ciudadanía.
La llamada Ley Ómnibus busca modificar el artículo 1° de la Ley para que quede redactado del siguiente modo: “Se establece la capacitación obligatoria en la temática violencia familiar y contra la mujer, para todas las personas que se desempeñen en la función pública en los organismos competentes en la materia”.
Es decir: limita las capacitaciones a aquellas reparticiones que se ocupan específicamente de “violencia familiar y contra la mujer”, dejando a un costado las formas de violencia estructural que se busca erradicar, y quitándole representación a otros géneros.
Mega recorte
“Lo que se pretende modificar es que solamente van a estar obligadas (a capacitarse) aquellas personas que se desempeñen en la función pública en los organismos competentes en la materia, y no la totalidad de las personas que integran el Estado en sus tres poderes”, remarcaron desde la Fundación Micaela García.
“La Ley Micaela (Ley 27.499), se originó como respuesta a decisiones de agentes del Estado sin perspectiva de género, entendiendo que el femicidio de Micaela (como tantos otros) se podría haber evitado si hubieran tenido. Ninguno de esos agentes se desempeñaba en la función pública en organismos competentes en la materia”, sostuvieron.
Para graficar la situación, recordaron algunos aspectos del crimen de Micaela: “El Juez Carlos Rossi (que dio la libertad condicional al violador y femicida de Micaela, a pesar de tener un paquete de informes psicológicos que desaconsejaban la libertad) no se desempeñaba en la función pública en un organismo competente en la materia”, dijeron. “Las personas (agentes del Estado) que el día previo al femicidio de Mica no tomaran una denuncia por intento de violación del femicida de Mica a una niña de 13 años, tampoco se desempeñaban en la función pública en un organismo competente en la materia”, agregaron.
“Muchos de los femicidios ocurren por falta de perspectiva de género de quienes toman las denuncias, como policías o agentes judiciales. Ninguno de ellos se desempeña en la función pública en un organismo competente en la materia”.
Además, hicieron otro cuestionamiento a la modificación del artículo 1° de la ley: “No es lo mismo hablar de “Violencia Familiar” que de “Violencia por Motivos de Género”, que es algo que también pretende modificarse”, remarcaron.
El rol del Estado
Desde su sanción en 2018, todas las provincias argentinas han adherido a la Ley Nacional. También lo hicieron muchos municipios, el conjunto del sistema público universitario, sindicatos, empresas e instituciones deportivas.
“En estos cinco años hemos dedicado nuestras vidas a promover la instrumentación de la Ley Micaela con el convencimiento de que es una herramienta imprescindible para prevenir situaciones graves de violencia, promover ámbitos de trabajo respetuosos y jerarquizar la función pública. Y hemos visto los cambios, que aún pequeños nos generan mucha esperanza”, sostuvieron desde la Fundación.
“Creemos en el rol del Estado en la promoción de derechos y la prevención de las violencias. Creemos en la necesidad de trabajar en ese sentido porque la violencia de género no sólo se explica ni se resuelve desde lo judicial, sino en la prevención y el conocimiento que generan las capacitaciones en la Ley Micaela. Si hay un delito o crimen es porque llegamos tarde. Capacitarnos y trabajar en la erradicación de la discriminación y los prejuicios de género es fundamental para vivir en una sociedad mejor y más libre”, remarcaron.
“La Ley Micaela, sumando votos de ambas cámaras, tuvo 230 votos a favor y uno en contra. Todas las fuerzas políticas en aquel diciembre de 2018 acompañaron la Ley que se está pretendiendo modificar. Esas fuerzas políticas, incluso muchas personas legisladoras en aquel momento. lo siguen siendo hoy. De verdad no creemos que puedan borrar con el codo lo que escribieron con la mano”, enfatizaron.
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