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Presupuesto: media sanción con arduo debate ideológico

Diputados aprobó el paquete oficial que también incluye reforma fiscal y solicitud de endeudamiento.

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Ezequiel Nieva

La Cámara de Diputados dio media sanción ayer al proyecto de presupuesto 2010. Con los votos de 25 de los 28 legisladores oficialistas –faltaron Pablo Javkin y Marcelo Brignoni, y el presidente del cuerpo, Eduardo Di Pollina, sólo vota en caso de ser necesario un desempate– el Frente Progresista logró imponer el dictamen de mayoría que había despachado el jueves la comisión de Presupuesto y Hacienda. El justicialismo se mostró unido en el recinto y defendió los cambios que había introducido al proyecto original –traducidos en el dictamen de minoría firmado por los cinco diputados opositores de la comisión de Presupuesto– pero eso no alcanzó para que el oficialismo diera marcha atrás con su proyecto.

La sesión comenzó a las 11.15 y terminó pasadas las 15. En ese plazo se manifestaron los diputados del oficialismo y de la oposición, que rechazó como un único bloque –pese a los desmembramientos recientes– el proyecto oficial. El radical Carlos Fascendini, como miembro informante del oficialismo, hizo una explicación sin mayores tintes políticos del triple proyecto del Ejecutivo –el mensaje incluye el presupuesto y también la reforma tributaria y un pedido de autorización para que la provincia se endeude– y tras media hora de exposición cedió la palabra a los diputados del PJ.

Ricardo Peirone fue el principal orador de la oposición; en un discurso que duró casi dos horas enumeró y defendió los cambios que buscaron introducir al proyecto y recordó que su partido no está en contra del ingreso de personal, aunque exigió para avalarlo más detalles sobre qué funciones van a cumplir los agentes que están en condiciones de pasar a la planta del Estado. También sostuvo que no se oponen a que la provincia tome créditos, pero prefieren autorizar uno por uno y no todo el paquete por anticipado. “Sin hacer otras consideraciones al interior del presupuesto, en estas condiciones no lo podemos aprobar”, sintetizó el diputado justicialista.

Luego Alberto Monti opinó que el triple proyecto viola la ley de administración financiera, la Constitución provincial, los derechos de igualdad de los contribuyentes y el pacto federal vigente desde 1993. La diputada Silvina Frana comenzó coincidiendo en ese punto –repitió que el presupuesto transgrede la ley de administración financiera y la Constitución provincial– y luego agregó que “el proyecto es un traspié en la calidad institucional que proclama el socialismo”. Para Frana, lo más grave del endeudamiento es que compromete a las próximas gestiones.

La diputada opositora también se manifestó preocupada por la respuesta del ministro de Economía Ángel Sciara sobre la incidencia del déficit fiscal en el sector productivo. “Concretamente yo le pregunté si tener una provincia deficitaria, aumentar los impuestos y proponer endeudamiento atentaba contra el aparato productivo; el ministro contestó que no, pero solamente hizo referencia al déficit”, relató Frana.

A su turno, el oficialista Antonio Riestra ensayó un análisis ideológico sobre cómo, desde dónde y para qué (con qué objetivos) se piensa el Estado. Empezó desmintiendo los alardes del PJ sobre las cuentas ordenadas. Dijo que en la última gestión de Jorge Obeid se presentó un escenario de superávit que era falso: “Una situación de superávit concomitante con la postergación de la atención de los compromisos sociales relevantes e impostergables constituye un superávit falso”.

Riestra celebró que en los últimos años, y por primera vez, se haya comenzado a revertir la lógica de los 90 que proponía “achicar el Estado para agrandar la Nación”. “El Estado no debe recaudar para exhibir superávit, sino para repotenciar el nivel de actividad. En los años 90, cuando los superávits financieros eran depositados en el agente financiero de la provincia –Nuevo Banco de Santa Fe– a través de ese mecanismo que se ponderó como una gran herramienta, el Fuco (Fondo Unificado de Cuentas Corrientes Oficiales), eso posibilitó que el agente privado de la provincia haga sus negocios con colocaciones a corto, mediano y largo plazo. Y esto es un despropósito que no puede ser repetido”.

El diputado recordó que ese instrumento –el Fuco– fue instaurado en 1982 “por quien manejó durante 25 años las finanzas de la provincia”: el senador Juan Carlos Mercier. Riestra agregó que esa fue una decisión conjunta de Mercier, que fue funcionario de la última dictadura en Santa Fe, y el interventor militar de turno. Y se refirió además a la exención de Ingresos Brutos a las industrias, vigente desde 1992: “No necesitaban del Estado para crecer en los mercados”, dijo el diputado, para quien la política impositiva del justicialismo supuso la instauración de “regímenes fiscales de privilegio”.

Más tarde, el socialista Joaquín Blanco criticó el artículo 15 del dictamen de minoría, firmado por los diputados del PJ, en el que se habla de la “contención del gasto público”. “Trae a la memoria viejas recetas del Fondo Monetario”, comenzó Blanco. “La contención del gasto público que se hizo en este país y en esta provincia en los 90 implicaba reducir salarios, reducir jubilaciones, despedir empleados públicos, privatizar escandalosamente el banco de la provincia y la empresa de agua. Si la idea de reducir el gasto público implica este tipo de medidas, nosotros no estamos de acuerdo. Creemos que el gasto público tiene que apuntar a resolver los problemas de la gente, y este presupuesto apunta centralmente a las dignidades y a los derechos de los santafesinos”.

El jefe del bloque oficialista, Raúl Lamberto, cerró la lista de oradores. Primero hizo una valoración sobre cómo a través del consenso la Legislatura introdujo “cambios importantes” en el proyecto original, especialmente uno a pedido de la UCR: el llamado Fondo Sojero se repartirá en mitades iguales entre la provincia y los municipios y comunas y no 70/30 a favor del gobierno provincial como hasta ahora.

Lamberto aseguró que la inclusión de tres temas en un solo proyecto “es absolutamente legal” y dijo que tiene datos recientes –de cuando el PJ gobernaba la provincia– que prueban que en muchos casos los municipios y comunas debieron conformarse con recibir 9 o 10 por ciento de coparticipación, cuando la ley establece que debe ser el 13,42 por ciento. “Eso era violar la ley”, le tiró a sus pares del justicialismo. También rechazó de plano la propuesta de elevar el piso de Ingresos Brutos de 4 a 60 millones anuales: “No tiene razonabilidad técnica ni jurídica”, consideró.

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