Los diputados de Cambiemos se encaminaban en la madrugada de este jueves a darle media sanción al Presupuesto 2019, un proyecto de ley muy cuestionado por la oposición, por seguir los lineamientos de ajuste planteados por el Fondo Monetario Internacional, mientras en las calles se desataba una represión que incluyó una feroz cacería de manifestantes: al menos tres decenas, incluidos algunos trabajadores de prensa, fueron detenidos.
En los cálculos provisorios, Cambiemos estimaba que contaba con entre 130 y 135 votos para la media sanción de la iniciativa en la Cámara baja.
El oficialismo se anotó un minitriunfo al enviar una fuerte señal antes de que el Directorio del FMI apruebe el nuevo plan de apoyo a la Argentina, que estiman se dará mañana. Aquí se podrían encontrar la motivación del gobierno de Mauricio Macri para apurar el trámite legislativo y no dilatarlo una semana más.
El macrismo venía trabajando a los gobernadores en un operativo de seducción para que los mandatarios provinciales instruyan a sus legisladores primero a dar quórum y luego a dar la media sanción.
El oficialismo logró un quórum ajustado para iniciar la sesión por el Presupuesto 2019, con 129 legisladores en sus bancas, con la ayuda inesperada del bloque de diputados puntanos.
Ese bloque responde al senador de San Luis Adolfo Rodríguez Saá, pero está alejado del gobernador puntano, su hermano Alberto, uno de los mandatarios provinciales más críticos del gobierno nacional.
Fuentes políticas de San Luis explicaron que la presencia de los diputados Ivana Bianchi, Karim Alume, Victoria Rosso y Andrés Vallone, que sorprendió al oficialismo, fue en línea con la posición de Adolfo Rodríguez Saá.
Dentro del elenco oficialista, llamó la atención que no estuviera sentado en su banca para dar quórum el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Luciano Laspina, una pieza fundamental dentro del engranaje oficialista, clave en la confección del dictamen de mayoría que se discute en el recinto.
Ya comenzada la sesión y mientras el propio Laspina estaba haciendo uso de la palabra, la policía desató la represión afuera del Congreso. En ese momento, diputados del kirchnerismo y de la izquierda. El presidente del cuerpo, el oficialista Emilio Monzó, planteó un cuarto intermedio y convocó a los jefes de bloque.
Media hora después pudo retomarse el debate, luego de que el ministro de Seguridad de Capital Federal, Martín Ocampo, y su segundo, Marcelo D’Alessandro, le aseguraran a los presidentes de bloque que no habría más represión. La sesión recomenzó, la promesa no se cumplió.
Principales puntos
Entre los parámetros que plantea el proyecto de Presupuesto 2019, se encuetran:
“Déficit cero”: el objetivo es pasar de un desequilibrio primario del 2,6% del PBI en 2018 al “déficit cero” en 2019. Pero la meta sólo contempla el déficit primario, sin tener en cuenta el pago de intereses de deuda, que se incrementan cerca del 50%.
Recesión: el proyecto anticipa un escenario de caída de 0,5% en la actividad económica en 2019 y una baja del 2,4% para el año.
Dólar: 40,10 pesos promedio para 2019; 44,30 en 2020; 48,20 en 2021; y 50,5 en 2022.
Costo de vida: inflación del 23% al final del período 2019, y un promedio de incremento de precios del 34,8 %. En 2018, se calcula un 32,7%.
Consumo: Se prevé una caída del 1,6% y una baja del 9,7% en la inversión.
La deuda pública a fin de año representará el 87% del PBI, con un stock de 315.698 millones de dólares. Las necesidades de financiamiento llegarán a 38.900 millones de dólares: 2.500 millones nueva deuda, 20.100 millones se refinanciarán; 11.700 millones del acuerdo con el FMI y otros 4.600 millones de organismos internacionales.
Gasto total previsto: 40.247.619 pesos. Supone un aumento nominal del 27,4% con relación a 2018. En términos reales (tomando en cuenta la inflación proyectada), el gasto primario se habrá contraído un 13%.
El gasto primario crecerá nominalmente un ritmo del 24% en 2019, y los recursos sociales se expandirán un 32%. En términos reales, la reducción del gasto será del 6% en servicios sociales; del 23% en educación y cultura; del 48% en vivienda y urbanismo; del 20% en promoción y asistencia social; del 8% en salud; del 17% en ciencia y técnica; y del 20% en agua potable y alcantarillado.
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