El Servicio Público de la Defensa denunció ayer en Tribunales el incumplimiento de un protocolo de resguardo de presos cuya implementación fue ordenada por la Justicia el año pasado. Tras una inspección en la cárcel de Piñero, los defensores públicos del nuevo sistema constataron que 9 de los 16 internos que estaban en ese momento en aislamiento no estaban allí por sanciones, y apuntaron contra el Servicio Penitenciario (SP) por no poner en práctica su funcionamiento. En su descargo, el SP señaló que los presos se niegan a acogerse al sistema al considerar que “se los considera débiles”, porque piensan que el término “refiere a una vieja figura, el resguardo físico”, y que la implementación es por decisión judicial o por voluntad del preso.
En el marco de un habeas corpus presentado por el Servicio Público de la Defensa a mediados del año pasado, el juez José Luis Suárez ordenó el 22 de julio de 2014 al Ministerio de Seguridad la implementación del Protocolo para el Resguardo de Personas en Especial Situación de Vulnerabilidad (conocido como RIF), que había sido acordado en audiencias previas por los distintos actores del sistema penal. Estaba destinado a regular la situación de los reclusos aislados en celdas denominadas buzones pero que no estuvieran allí por cuestiones disciplinarias. Se fundaba en la falta de acceso de esos internos a los derechos elementales que gozan los detenidos que se encuentran en pabellones comunes.
En audiencia de habeas corpus ante el juez José Luis Suárez, ayer el defensor provincial Gabriel Ganón y su subordinado local Gustavo Franceschetti denunciaron su incumplimiento. Tras una inspección en la Unidad Penitenciaria Nº 11, en la que se constató la existencia de nueve casos que no se adecuaban al protocolo, los funcionarios apuntaron contra la Procuración General de la Corte y la Defensoría de Cámaras (ambos del viejo sistema) por no concurrir a efectuar visitas ni atender pedidos de los presos en resguardo. Y pusieron de relieve que “existe una falta de conocimiento de los internos respecto de la existencia y funcionamiento del protocolo, y que no se dispuso aún una capacitación integral hacia el personal del Servicio Penitenciario”, lo que agrava las condiciones de detención. “El SP carga las culpas sobre las personas que están privadas de libertad contra su voluntad; el Estado es el que debe dar cumplimiento” al protocolo, dijo Ganón.
Por su parte, la representante del SP, Lucía Masneri (inspectora administrativa de la Ejecución Penal), propuso cambios en el protocolo, como la posibilidad de que los guardiacárceles tengan la posibilidad de pedir judicialmente un aislamiento por 48 horas, y a la vez la facultad de aislar a un preso cuando se considere que está en situación riesgosa. Esta funcionaria, a la vez, señaló que la implementación de videovigilancia en los sectores de aislamiento dispuesta por el protocolo está en trámite.
El juez dispuso un cuarto intermedio hasta la semana próxima, e invitó al director del SP, “a fin de evaluar la capacitación de los operadores del sistema penitenciario y de los incumplimientos informados”, y también al procurador de la Corte y a la defensora general de Cámaras a la próxima audiencia.
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