La denominada Multisectorial contra el Tarifazo, compuesta por representantes de pequeños comercios, pymes, clubes de barrio, asociaciones civiles y referentes políticos y gremiales, entre otros, presentó ayer en Tribunales un recurso de amparo en el Juzgado Civil y Comercial Nº 6 pidiendo que se retrotraigan los actuales valores del servicio de energía eléctrica a noviembre de 2015 apelando a la ley 10.000 de intereses difusos.
Según remarcan en el escrito presentado, las subas de diciembre del año pasado y la de enero de este año están haciendo “impagables” las facturas, lo que viene sacudiendo con dureza a los sectores más vulnerables y también poniendo contra las cuerdas a los pequeños y medianos industriales y comerciantes, quienes a su vez amenazan con despedir personal para reducir costos frente a una situación cada vez más difícil.
El abogado Juan Alcaraz explicó que la presentación es contra el gobierno de Santa Fe y la Empresa Provincial de la Energía (EPE). “Se hizo una demanda contra ambos porque no se tiene conocimiento cierto de quién fue el que autorizó los aumentos, lo que sí sabemos y tenemos claro es que esto fue lisa y llanamente un tarifazo”, señaló.
“Se va contra los aumentos en las tarifas ocurridos durante el mes de diciembre del año pasado en un 26,9 por ciento y el último aplicado durante el mes de enero que llegó a un mínimo del 50 por ciento. Lo que presentamos está bajo el paraguas de la ley 10.000 que es un recurso administrativo mediante el cual lo que se protege son los intereses difusos de toda la ciudadanía”, siguió.
El profesional explicó que las últimas dos subas atentan contra el normal abastecimiento de la población, ya que son lisa y llanamente “impagables”, según planteó. “Hay comercios y pymes que están trabajando con recaudación cero, perdiendo capital, y en virtud de eso ya se están produciendo cierres”, describió.
El amparo se presentó por mesa de entrada y resultó sorteado el Juzgado Civil y Comercial Nº6, a cargo del juez Néstor García. “Legalmente en 48 horas tendría que estar listo el primer decreto anunciando si admiten la posibilidad o no del recurso”, subrayó el abogado Alcaraz.
“Lo que se solicita es que se retrotraiga la tarifa que estaba vigente en el mes de noviembre del 2015 y no es solamente para comercios y pymes sino para la ciudadanía en general”, explicó.
La presentación en Tribunales se hizo acompañada de una fuerte movilización. En la columna estaba el titular de la Unión de Almaceneros, Juan Milito, quien coincidió al describir una situación extrema en su sector, pero que se multiplica en otros sectores sociales. “Ante la falta de respuesta en los reclamos al Ejecutivo provincial y nacional nos vimos en la situación de llegar a judicializar esta medida por la ley 10.000”, explicó.
“Creemos que es una instancia donde los jueces tienen que hacerse cargo de esto que tiene que ver con preservar el empleo, el mercado interno, atender las cuestiones de los jubilados, ya que muchos de ellos nos dicen que si pagan la luz no van a poder pagar los remedios. Todas estas contradicciones deben ser resueltas”, subrayó.
Por su parte, el presidente de la Unión de Usuarios y Consumidores, Alberto Muñoz, habló de un entramado social que está muy lesionado por la suba que multiplicó las tarifas. “Estamos ante el aumento del ciento por ciento de la energía y del 1.500 por ciento en el gas. Son incrementos que ninguna paritaria va a descontar”, analizó.
“Están poniendo las manos en los bolsillos de las familias comunes y no hay forma de recuperarlo. Lo que estamos planteando es que hay que discutir el tema de los subsidios de forma racional. Nadie va a desconocer que por ahí un country de Pilar en Buenos Aires tenga derecho a subsidios, ahora, una cosa es rediscutir los subsidios y sacárselos a aquel que puede y permitir que la familia común siga viviendo y otra cosa es quitarlos indiscriminadamente”, siguió.
“En el caso de hoy está referido al aumento de la energía. Lo que estamos planteando es que indudablemente ha sido un criterio desaforado el que ha planteado el gobierno nacional con respecto a la quita de subsidios, la dimensión que ha tomado, que para muchos comercios sea imposible o los obligue a expulsar personas, a echar personal, un cuadro de situación que vemos muy grave”, remarcó.
Por último, el referente de la Asociación Casco Histórico, Fabio Acosta, dijo que la situación era directamente “desesperante”. “Ya hay locales gastronómicos que no están pagando su tarifa de luz porque realmente es imposible hacerlo sin dejar gente en la calle. Lo que se está tratando de hacer es un llamado de atención a las autoridades políticas para que hagan el llamado de atención correspondiente a la Nación. Estamos en la antesala de lo que se vivió en 2001”, concluyó.
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