Arlen Buchara
El lunes 22 de junio las organizaciones ambientalistas Cuenca Río Paraná y Fomea presentaron una demanda en el Tribunal Federal N°2 de Paraná, en la provincia de Entre Ríos, en contra de al menos tres productores agropecuarios a quienes señalan como responsables de las quemas ilegales de 25 mil hectáreas de humedales de las islas del río Paraná. La presentación apunta a tres propietarios y arrendatarios, al mismo tiempo que facilita pruebas para identificar a otros que podrían tener responsabilidad en los incendios. La demanda es una acción preventiva de daño ambiental, que contempla la recomposición de los humedales y, en caso de no ser posible, una indemnización millonaria que sustituye el daño y que irá a un fondo para recuperar el ecosistema, la flora y la fauna litoraleña que se perdieron por las quemas ilegales. Desde las organizaciones plantean que las universidades públicas sean protagonistas en la recomposición.
La demanda fue patrocinada por las abogadas Melisa Martiñeta, Agostina Castillo y Gimena Viviani y los abogados Fabián Maggi y Gustavo Madeira y quedó en manos de la Justicia Federal entrerriana. Fue presentada contra al menos tres propietarios y/o arrendatarios que figuran con nombre y apellido pero que sus identidades no fueron dadas a conocer. Son personas con domicilio en las provincias de Entre Ríos y Santa Fe y, de acuerdo con la demanda, son acusados de quemar 25 mil hectáreas de las islas ubicadas en jurisdicción de la ciudad de Victoria.
“Buscamos que se establezca un plan de recomposición ambiental controlado por el poder judicial y en su defecto la indemnización sustitutiva. Es muy difícil recuperar el daño causado en todos estos meses. Por eso dispusimos la indemnización como una forma de crear un fondo para que el Estado junto a las universidades pueda hacer el plan de recuperación”, dijo a El Ciudadano la abogada Martiñeta.
El problema de las quemas ilegales en las islas del Paraná (frente a Rosario y en territorio entrerriano) tiene décadas y aumentó en los últimos años. Detrás está el modelo productivo agropecuario argentino. Las islas y sus humedales se convirtieron en un lugar más rentable para criar y engordar ganado. Las vacas fueron desplazadas de las tierras firmes, donde da más ganancia el cultivo de soja, maíz o trigo o arrendar el campo. En las islas los ganaderos encontraron grandes extensiones de tierra donde poner a pastar las vacas.
El fuego aparece entonces para generar ese alimento: se quema para que crezca pasto y para ahuyentar a animales como víboras o roedores. La bajante del río de este año liberó más tierras y generó que las quemas que solían sentirse en primavera se adelantaran al verano y el otoño. Gran parte de las islas pertenecen al Estado de Entre Ríos, es decir, son tierras fiscales, y el gobierno las sede con permisos de explotación. También hay propietarios privados tanto de Entre Ríos como de Santa Fe, que figuran en los datos catastrales.
Al aumento de los incendios por la sequía se suma el contexto internacional de mayor conciencia ambiental. Las quemas en el Amazonas avaladas por el presidente Bolsonaro, los incendios en Australia con imágenes que recorrieron el mundo, el calentamiento global y los movimientos activistas que lo denuncian y crecen en cada país, la pandemia de coronavirus y el debate sobre la producción de alimentos, las ciudades en cuarentena en las que la naturaleza apareció como un recordatorio de la agresividad humana con su entorno, hablan de una ciudadanía que está pensando en cómo produce y su vínculo con el medio ambiente. Y en esa conciencia los activismos se multiplican y exigen a la clase política acciones eficientes y urgentes.
“Este año las quemas fueron una obscenidad, arrasaron con 25 mil hectáreas de humedales. La recomposición es muy difícil, se perdió flora y fauna irrecuperables a lo que se suman los terraplenes que se hacen sobre los humedales para drenarlos. Vivimos un proceso de Pampeanización de los humedales que significa extraer el agua para generar una llanura y dedicarla a la actividad agropecuaria o ganadera. El daño es muy grande. Con las quemas se destruyen vegetaciones que viven debajo del agua, que una cosa es que no estén por sequía y otra por actividad humana”, explicó Martiñeta.
Según la abogada, la demanda busca que los responsables de las quemas en las islas paguen económicamente por el daño ambiental para generar un fondo compensador, contemplado por la Ley de Medio Ambiente argentina. En este plan de recomposición trabajarán la Universidad Nacional de Rosario, la Universidad Nacional de Litoral y la Universidad de Buenos Aires.
Además de la parte ambiental, la demanda hace foco en el factor salud. “Presentamos un informe del Observatorio Ambiental de la UNR que dice que los niveles de partículas que hay en el aire superan 5 veces los permitidos. Las quemas son muy dañinas para la salud y el humo viajó hasta 60 kilómetros de distancia, afectando a muchas ciudades y comunas”, dijo. La abogada.
“En la mayoría de los casos se demanda a los Estados, nosotros demandamos a los propietarios y arrendatarios porque además de pedir el compromiso de las provincias queremos la sanción por el delito cometido. Apelamos a que la Justicia actué rápidamente y que esta demanda sea una solución a las quemas en las islas”, agregó.
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