El caso de la niña tucumana de 11 años embarazada por una violación que durante un mes no tuvo acceso a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) y fue obligada a parir, será presentado ante la CIDH como experiencia “testigo” del incumplimiento de las obligaciones del Estado. El caso será expuesto este viernes por cinco organizaciones que luchan por los derechos de la infancia en la Argentina durante una audiencia en la que denunciarán “los obstáculos que enfrentan las niñas y las adolescentes víctimas de violencia sexual para acceder a la interrupción legal del embarazo en el país”.
El Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia, junto a Abogados y abogadas del Noroeste argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES), y el Comité de América Latina y El Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres Argentina (CLADEM Argentina) concurrirán a audiencia temática de la CIDH, a la que asistirá también el estado argentino, el 27 de septiembre en su sede de Washington DC.
Nora Pulido, coordinadora del Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia, Fernanda Marchese, directora ejecutiva de ANDHES, Celia Debono, coordinadora nacional de Cladem Argentina viajarán a Whashington para defender la postura de las organizaciones.
Denunciarán ante la CIDH que el Estado vulnera el alcance del inciso 2 artículo 86 del Código Penal que establece las excepciones para la penalización del aborto y que incumple lo ordenado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo FAL en relación del aborto no punible. En este sentido, apuntarán a las provincias que, escudándose en el federalismo, no aplican el Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la Interrupción Legal del Embarazo elaborado en el 2015 y modificado en el 2016 por el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable del Ministerio de Salud de la Nación.
En esa ocasión se insistirá sobre los obstáculos que enfrentan las niñas y las adolescentes embarazadas producto de haber sido víctimas de violencia sexual para acceder a la interrupción legal del embarazo en la Argentina. Se presentará como caso testigo el de Lucía, la niña de 11 años embarazada por una violación a la cual se le realizó una cesárea forzada luego de que el estado provincial de Tucumán dilatara la aplicación de la ILE durante más de un mes. y obligada a parir en Tucumán
También denunciarán la falta de educación sexual integral en las escuelas y a los movimientos antiderechos que impulsan acciones que obstaculizan a las niñas, adolescentes y mujeres el ejercicio del derecho a acceder a la ILE. Estos sectores no son sólo movimientos organizados dentro del marco de la sociedad civil que se expresan de esa manera sino que personas que forman parte de esos grupos se encuentran presentes dentro de los tres poderes del Estado.
Todos estos obstáculos se encuentran enmarcados en uno mayor que es la falta de escucha activa de las niñas. Tanto la ley nacional 26.061 de 2015 como la Convención sobre los Derechos del Niño que se encuentra vigente desde 1990 en la Argentina plantean que se debe respetar el derecho a ser oídas en todos los casos donde su vida y las decisiones que se van a tomar sobre su vida estén en juego y que las opiniones de las niñas sean tenidas en cuenta. En estos casos de pedido de ILE podemos identificar claramente una falta de escucha activa de las niñas cuando solicitan el acceso a esa práctica.
“Necesitamos que este círculo permanente de violencia sobre el cuerpo de las niñas y esta obligación a hacerlas parir y ser madres contra su voluntad tiene que cortarse. Las niñas tienen derecho a gozar de una niñez feliz sin intrusión de adultos mayores en su desarrollo pleno”, plantearon desde las organizaciones.
De acuerdo a los datos oficiales publicados por la Dirección de Estadística e Información de Salud (DEIS), en el transcurso del año 2016 nacieron 2419 bebés vivos de niñas menores de 15 años, y 96.905 de adolescentes de entre 15 y 19 años. Según los últimos datos publicados por la misma fuente de información oficial, las cifras no variaron mucho respecto del año siguiente. En el año 2017, tuvieron lugar 2493 nacimientos producto de embarazos de niñas menores de 15 años, y 91586 de adolescentes comprendidas entre los 15 y los 19 años. ⅕ de estas madres adolescentes han tenido anteriormente uno o más hijos.
En el caso de las niñas menores de 15 años se estima que el 80% de los embarazos son producto de violencia sexual la mayoría de los cuales ocurren en el ámbito intrafamiliar o en círculos cercanos a las víctimas. (CLADEM)
Las tasas de fecundidad temprana son mucho más elevadas en las provincias del norte , Tucumán, Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Formosa, Chaco, Misiones, Corrientes. Es altamente preocupante estas prácticas de abuso sexual contra las niñas con la consecuencia de la maternidad forzada.
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