Política

Presentan proyecto para reformar la Corte Suprema de Justicia de la provincia

El diputado Palo Oliver propone aumentar de seis a siete sus integrantes, establecer la paridad de género, debatir los pliegos de los postulantes en audiencias públicas y revalidar los nombramientos a través de la Asamblea Legislativa cada vez que alguno de los miembros haya cumplido los 65 años.


El diputado provincial de la UCR Fabián Palo Oliver presentó un proyecto de ley para reformar la Corte Suprema de Justicia. Entre los principales cambios, propone aumentar el número de integrantes de seis a siete –con paridad de género–, debatir los pliegos de los postulantes en audiencia pública y revalidar los nombramientos a través del acuerdo de la Asamblea Legislativa cada vez que alguno de los miembros haya cumplido los 65 años.

En líneas generales, la reforma apunta a oxigenar y modernizar la Corte Suprema de la provincia que tiene la misma composición desde el año 2007, cuando ingresó Daniel Erbetta a propuesta del entonces gobernador Jorge Obeid. Para lograr esos objetivos, el diputado Palo Oliver tomó algunos elementos del procedimiento vigente para la Corte nacional y propuso que Santa Fe modernice su máximo tribunal de Justicia en esa línea.

El proyecto elaborado por Palo Oliver lleva además las firmas de Gisel Mahmud (PS-Frente Progresista), Agustina Donnet (Igualdad y Participación), Mónica Peralta (GEN-Frente Progresista), Rubén Giustiniani (Igualdad y Participación) y Carlos Del Frade (Frente Social y Popular).

La iniciativa de Palo Oliver modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial y propone una nueva integración de la Corte Suprema con siete ministros y un procurador general, en base al principio de paridad de género. En la actualidad hay una sola mujer en el máximo tribunal –María Angélica Gastaldi– y cinco varones: Roberto Falistocco, Rafael Gutiérrez, Eduardo Spuler, Mario Netri y Daniel Erbetta. El procurador actual es Jorge Barraguirre.

Entre los fundamentos de su proyecto, el diputado Palo Oliver menciona datos publicado por el sitio web del Poder Judicial de Santa Fe, correspondientes a 2020, según los cuales el 56,3% de su planta de agentes está integrado por mujeres. Sin embargo, esa proporción se altera cuando se considera solamente a los jueces, ya que en ese cargo las mujeres representan el 38,3%. Y en la Corte la participación femenina cae al 16,6% de sus integrantes.

“Claramente, el llamado techo de cristal funciona como un limitador de la paridad, tal efecto (o consecuencia) demuestra claramente que el Poder Judicial provincial no es un sistema verdaderamente democrático y no lo será en la medida que los cambios estructurales no se diseñen institucionalmente. Se propone que, una vez alcanzada esta paridad, se mantenga a lo largo del tiempo”, plantea el legislador de la UCR en los fundamentos de su proyecto.

“Alcanzada la paridad, en el supuesto de producirse vacantes de miembros de la Corte Suprema de Justicia o del procurador general, las mismas deberán cubrirse con candidatos o candidatas del mismo género conforme el mecanismo previsto”. Y agrega que “con la finalidad de alcanzar la paridad de género consagrada, las futuras designaciones para la conformación de la Corte Suprema recaerán sobre mujeres hasta alcanzar la igualdad efectiva”.

Otro cambio es la incorporación de las audiencias públicas para debatir los pliegos de los postulantes antes de que sean remitidos a la Comisión Bicameral de Acuerdos de la Legislatura: “Los magistrados de la Corte Suprema serán nombrados por el Poder Ejecutivo con acuerdo legislativo mediante el sistema de audiencia pública convocada al efecto”, sostiene el proyecto. Esa innovación ya está vigente a nivel nacional, pero aún no en Santa Fe.

Por otro lado, el proyecto establece que a partir de los 65 años los ministros de la Corte deberán revalidar sus nombramientos cada cinco años: “Al momento de alcanzar la edad de 65 años, los magistrados deberán someterse a un nuevo nombramiento precedido por un acuerdo legislativo similar al alcanzado para su designación. Los nombramientos de magistrados que hayan alcanzado la edad indicada se concretarán por cinco años”.

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