Pasaron 16 años desde que Asuntos Internos y la Justicia Penal de Santa Fe comenzaron a hurgar una denuncia sobre costosas propiedades compradas por el uniformado, hoy jubilado. La Cámara de Apelaciones confirmó el archivo por el paso del tiempo
Tras 16 años de investigación prescribió la causa que investigó al comisario principal Juan Alberto Quesada por enriquecimiento ilícito. Con un duro mensaje a los funcionarios judiciales que intervinieron en la instrucción, el camarista penal Gustavo Salvador apoyó la decisión del juez Juan José Alarcón y confirmó el sobreseimiento por prescripción de la causa. El magistrado dijo estar “perplejo” tras la comprobación de la inacción de todos los operadores del sistema involucrados en el proceso “pues en modo alguno puede entenderse cómo, luego de diez años de tramitación judicial de una causa, la misma permanezca en la “etapa instructoria”, aseguró.
En 2004 llegó a la Dirección de Asuntos Internos una denuncia firmada por la agrupación “Amigos de la Moral Policial” solicitando una investigación sobre el patrimonio del comisario principal Juan Alberto Quesada, hoy jubilado, por la adquisición de tres propiedades, la principal ubicada en el microcentro rosarino, a metros del río Paraná, en Corrientes al 100.
En octubre de 2008 se intimó administrativamente al uniformado para que justifique los fondos con los que adquirió los bienes inmuebles ubicados en Corrientes al 100, Mendoza al 5700 y Bordabehere al 5000. Informe que Quesada presentó en enero de 2009. Al mes siguiente el caso se elevó al Juzgado de Instrucción N° 4 que en febrero de 2009 se ordenó la indagatoria de Quesada lo que ocurrió recién en marzo de 2012.
La pericia contable se pidió en 2014 y en febrero de 2017 la perito pidió mayor información contable y presentó su informe recién en marzo de 2018, lo que no dejó conforme a las partes que pidieron una ampliación. En estas circunstancias la defensa planteó por segunda vez la prescripción de la acción penal que fue dictada por el juez Alarcón en septiembre de 2019 lo que implicó el sobreseimiento del uniformado. La Fiscalía apeló y la revisión quedó en manos del vocal del Colegio de Jueces de Segunda Instancia Gustavo Salvador.
El camarista evaluó que los hechos por los que fue indagado Quesada datan de los años 1991 y 1992 cuando se desempeñaba como comisario principal prestando servicios en la comisaría 2° y 7° de la ciudad. La investigación administrativa se inició en 2004 — en junio de 2005 el jefe policial cesó en sus funciones —y se consideró no justificado el incremento patrimonial en febrero de 2009 cuando se elevó el sumario a la Justicia.
Salvador explicó que conforme a la ley, el “acto procesal” con capacidad interruptiva del plazo lo va a constituir el “primer llamado a prestar declaración indagatoria”, lo que tuvo lugar en febrero de 2009. Es a partir de allí que comienza a computarse el plazo de prescripción, dijo.
Tomando en cuenta que el monto máximo de la pena prevista para el delito de enriquecimiento ilícito es 6 años no cabe más que coincidir con el juez Alarcón que la causa está prescripta, explicó.
Salvador destacó que desde la investigación interna llevada a cabo por la propia repartición policial hasta las últimas medidas diligenciadas en el trámite procesal pasaron 16 años. “Quien tenía a su cargo la investigación y/o el poder de impulsar el proceso, haya permanecido impávido durante casi diez años y ahora pretenda –amparado en el deber del Estado y en el compromiso asumido en la persecución de los mismos desviar o disimular la responsabilidad de su inacción impugnando un resolutorio que no hace otra cosa que poner un nombre a esa desidia: la prescripción de la acción”, dijo y resolvió confirmar la decisión de su par, lo que implicó el sobreseimiento de Juan Alberto Quesada.
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