Carina Ortiz
La categorización de internos de alto perfil nació como respuesta a dos hechos violentos cometidos en 2013. El crimen del entonces jefe de las banda de Los Monos Claudio “Pájaro” Cantero, asesinado a tiros en la puerta de un boliche en Villa Gobernador Gálvez el 26 de mayo de 2013 y el doble homicidio de Luis Medina, quien supo ser socio de Esteban Alvarado, y su novia Justina Pérez Castelli, que se produjo el 29 de diciembre de 2013 cuando un grupo de tiradores los acribilló mientras circulaban en un auto por Circunvalación rumbo al hotel del complejo del Casino City Center.
Estos acontecimientos marcaron un antes y un después en la institución penitenciaria provincial, según contó una fuente consultada de la Subsecretaria de Asuntos Penitenciarios de la actual gestión, la cual explicó que la sucesión de hechos violentos, homicidios y detenciones que se sucedieron en aquel tiempo, similar en violencia y cifras a estos últimos meses, “obligaron” a los carceleros a adoptar nuevos mecanismos de control y seguridad para con los internos, por entonces todos varones.
Pero con el tiempo algunas mujeres acusadas de tener roles preponderantes en las organizaciones delictivas pasaron a engrosar la misma categoría: con la recurrente caída en prisión de los líderes de esas bandas, y luego también de sus lugartenientes, esposas, hijas e incluso madres pasaron a tener mayores responsabilidades, por ejemplo, en la administración de la logística y la transmisión de órdenes a los escalones inferiores. Al fin de cuentas, las asociaciones ilícitas reproducen el machismo imperante en el resto de la sociedad, cualquiera sea su clase social.
Hoy hay doce detenidas en penales provinciales consideradas de “alto perfil”, rótulo que tuvo por unos días la recientemente detenida madre de los hijos del Pájaro Cantero, Lorena Verdún, aunque finalmente terminó derivada a la prisión federal de Ezeiza por una condena anterior de comercialización de estupefacientes.
Otras encausadas y/o condenadas en roles importantes dentro de organizaciones delictivas que sólo tienen cuentas pendientes con el fuero federal, sin embargo, se benefician con excarcelaciones o morigeraciones como arrestos domiciliarios mientras duran las investigaciones, o bien en tanto las condenas no están firmes. Así, no se las tabula en la categoría penitenciaria santafesina de “alto perfil”.
Tras el crimen del Pájaro Cantero y en los días sucesivos se produjeron casi una veintena de homicidios en una especie de caza de brujas emprendida por Los Monos en busca de los responsables del crimen. En esas circunstancias fueron asesinados el 27 de mayo de 2013 Diego “Tarta” Demarre, dueño del boliche frente al cual fue asesinado el Pájaro, de 29 años. Al Tarta lo mataron a sangre fría cuando llegaba a su casa ubicada en bulevar Seguí y Maipú. Ese lunes estaba en el Tribunales cuando advirtió que lo seguían e intentó refugiarse en su vivienda, aunque no llegó. Por este crimen fue condenado, entre otros, Ariel “Guille” Cantero, hermano del Pájaro.
El 28 de mayo de 2013 fueron asesinados a tiros familiares de Milton César cuando iban a bordo de una camioneta por zona sur. Murieron el mecánico Marcelo Alomar que iba al volante, Nahuel, el hermano de Milton, y luego de varios meses de agonía su madre Norma. Luego trascendió que el presunto autor del crimen del Pájaro era otro Milton, Damario, aunque la causa judicial del triple crimen no tiene condenados, igual que el caso del homicidio del Pájaro.
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Alto perfil
En principio, los detenidos con causas sensibles a la sociedad por cometerse en un contexto de criminalidad o que pertenezcan a organizaciones criminales complejas eran analizados previo al momento de su ingreso y, si ameritaba una custodia especial, se categorizaban al momento de su ingreso con anexos de seguridad.
Ello, solamente en función a la custodia durante los traslados de los detenidos. Se asignaba tres niveles: el 1 para el que demandaba mayor seguridad, hasta el anexo 3 que sólo representaba cierta atención a las cuestiones vinculadas con su detención, sin necesidad de apoyo o cobertura especial de los grupos de operaciones especiales, contó esta fuente.
En 2015 aparecieron las primeras normativas vinculadas con la regulación de los internos alto perfil y su instrumentación llegó en 2018, año en el que tuvo lugar el juicio por asociación ilícita y homicidios a los integrantes de banda de Los Monos y algunos policías que terminó con condena para muchos de los miembros, entre ellos los cabecillas: Guille Cantero y Ramón “Monchi” Machuca.
Desde la Subsecretaria de Asuntos Penitenciarios se dictaron entonces distintas reglamentaciones vinculadas con las “pautas objetivas” para la calificación de interno de alto perfil, respecto de la seguridad aplicable a los sectores de alojamiento de estos internos y su custodia según el nivel en el que se encontraran, añadió este vocero.
El régimen básicamente se centra en mayor control y seguridad: se eligen celadores para estos pabellones, las visitas son limitadas sólo a familiares directos, los movimientos se encuentran a cargo de grupos especiales como el Grupo de Operaciones Especiales del Servicio Penitenciario (Goep) o el grupo táctico Goro, mayor monitoreo con cámaras de videovigilancia, mayores controles periódicos de requisas, control de pertenencias y todas aquellas disposiciones que complementen una mejor custodia.
Este nuevo encuadre implicó presentaciones judiciales por violaciones a los derechos humanos y según este portavoz la Justicia determinó que la categorización no implica “per se” un agravamiento de las condiciones de detención.
Tras la espectacular y sangrienta fuga de ocho recluso del penal de Piñero a mediados del año pasado, cuando huyeron tras cortar el alambrado perimetral, siete internos considerados de alto perfil fueron derivados a penales federales: Esteban Lindor Alvarado, procesado por narco, por homicidio y como jefe de asociación ilícita; René Ungaro, procesado como narco y convicto como capo de asociación ilícita por asesinato; los hermanos Alan y Lautaro “Lamparita” Funes, compinches en su momento de Ungaro y procesados igualmente en el fuero federal; Brandon Bay, condenado en el fuero provincial e igualmente encausado por comercialización de drogas; el piloto de avión Julio “Peruano” Rodríguez Granthon, socio de Los Monos, condenado como narco y sospechoso en el crimen del ex concejal Eduardo Trasante, y Joel Pucheta, quien cumple pena por venta de estupefacientes y también por un asesinato.
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Otra era
Si bien esta categoría se implementó en un primer momento a internos varones, en 2018 las mujeres engrosaron la lista. Entre ellas se ubicó a Romina Machuca, hermana de Monchi; Lucía Uberti, una joven vinculada con Guille Cantero, quien quedó involucrada en la organización de distintas balaceras contra integrantes del Poder Judicial y sus dependencias, o Mariela Urraco, una sobrina del asesinado líder de la barra de Newell´s Roberto “Pimpi” Caminos, condenada por integrar la banda de su primo Alexis Caminos.
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También estuvieron en esta categorización Daniela Ungaro, ex pareja de Luis Medina y hermana de René Ungaro, condenado por el crimen de Pimpi en 2010 y como capo de una asociación ilícita cuya jefatura compartió con los hermanos Alan y Lautaro “Lamparita” Funes. En la lista se incluyó a Brisa Amaral, una joven que pasó de testigo protegida por el crimen de Jonatan “Bam Bam” Funes cometido en febrero de 2018 a condenada por integrar la banda de los mencionados hermanos de la víctima, aunque ambas ya recuperaron la libertad.
Pabellón para ellas
Actualmente en la provincia hay doce internas con esta categorización de alto perfil: 8 se encuentran en nivel 2 y 4 en nivel 3, las detenidas se encuentran en la Unidad Penitenciaria Nº 5, en el complejo de bulevar 27 de Febrero al 7800 de Rosario.
Tras su imputación por tenencia de arma de fuego del sábado 22 de enero pasado se sumó a esta lista Lorena Verdún, ex esposa del Pájaro Cantero, el asesinado líder de Los Monos, y madre de Uriel Luciano “Lucho” Cantero, recientemente detenido por el homicidio de Damián Gómez y por tener en su poder un arsenal con más de una veintena de armas con alto poder de fuego.
En la audiencia, Verdún dijo que era un recuerdo de su ex pareja y le dirigió una advertencia al fiscal ante el juez cuando lanzó: “Esto no va a quedar así”. Su permanencia en el Servicio Penitenciario provincial fue por poco tiempo, ya que el viernes 28 la Justicia federal le revocó la excarcelación que tenía por contar con una condena a cinco años de prisión dictada en 2019 por comercio de drogas, la cual no estaba firme y el fallo apelado en la Cámara de Casación.
La medida fue dictada por el Tribunal Oral Federal 2 de Rosario, que también ordenó el traslado de Verdún al penal de mujeres de Ezeiza.
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Desde mediados del año 2021, desde la Subsecretaría de Asuntos Penales y Penitenciarios, a cargo de Jorge Bortolozzi, impulsó un proyecto para la construcción de un sector para internas de alto perfil dentro de la Unidad 5, ello teniendo en cuenta el crecimiento paulatino de las detenidas, la demanda de inclusión en la categorización de alto perfil y la necesidad de brindar una custodia especial para estos casos. Allí están alojadas ahora estas internas.
Dijo Bortolozzi tras la detención de Verdún: “La Unidad de mujeres de Rosario siempre tuvo la misma cantidad de internas que Santa Fe, entre 50 y 60, hoy la Unidad de Rosario tiene 190 mujeres y muchas de ellas jefas de organizaciones o quienes dirigían las balaceras, por lo tanto esto es un dato de la realidad que tomamos nota”, señaló y sostuvo, en tal sentido, que “el tipo de alojamiento y la seguridad tiene que monitorearse día a día, la requisa diaria, el control de las comunicaciones, de las visitas”.
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