En el marco de la reunión anual de la Red de Fiscales Antidrogas de Iberoamérica, desarrollada en la Procuración General de la Nación, el martes por la mañana se llevó a cabo el panel sobre “Narcocriminalidad desde establecimientos penitenciarios”.
Contó con las exposiciones del director de la Unidad Especializada en Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de la Fiscalía Nacional del Ministerio Público Fiscal de Chile, Luis Toledo; el fiscal federal y presidente de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (AFFUN), Carlos Rívolo; la titular de la Fiscalía Federal N° 2 de Lomas de Zamora, Cecilia Incardona; el procurador de la fiscalía de San Pablo, Brasil, Isac Barcelos Pereira de Souza; y la fiscal de la Dirección Nacional Antimafia y Antiterrorismo de Italia, Bárbara Sargenti. Rivolo e Incardona, junto a la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), forman parte de la mesa de trabajo sobre narcocriminalidad en cárceles creada en el ámbito del MPF argentino por el procurador general de la Nación Interino, Eduardo Casal. El fiscal general Diego Velasco, que también la integra, estuvo presente en el panel.
El fiscal federal a cargo de la Procunar, Diego Iglesias, moderó la instancia y en la apertura destacó “la preocupación que genera la operatividad que estamos advirtiendo de distintas organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas dentro de las unidades penitenciarias”.
Chile
Durante el panel, el fiscal chileno Luis Toledo se refirió a informes y análisis realizados por el Departamento Penitenciario de su país que evidencian “una serie de cambios en las circunstancias de la población penal”. Destacó que “uno de ellos, que se ha instalado, es una cultura de dominación hacia dentro de las cárceles”, e hizo alusión al control que realizan personas privadas de su libertad sobre otros integrantes de la población carcelaria para cometer ilícitos.
Toledo consideró que “hay un problema estructural en nuestros países por regla general y es que la Gendarmería o la Policía Penitenciaria dependen generalmente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Su departamento de inteligencia muchas veces está mal valorado y la información que tiene la policía penitenciaria es fundamental”.
Por otro lado, compartió la experiencia sobre la pesquisa respecto de una organización que se dedicaba a utilizar drones que volaban a 400 metros de altura para ingresar sustancias estupefacientes en un establecimiento penitenciario. El fiscal Toledo detalló que la banda utilizaba un edificio localizado a 800 metros de la cárcel para lanzar el dron, operado remotamente a través de un teléfono celular, y luego dejaba caer los paquetes de material estupefaciente.
Detalló que cada vuelo tenía un costo de 2 millones de pesos chilenos, lo que equivale a 2.500 dólares. El representante de Chile destacó que cada vuelo implicaba el traslado de 250 gramos de sustancias estupefacientes y que, durante la investigación de los hechos, se comprobó que la organización había realizado decenas de operaciones similares.
Sin rehabilitación
Por su parte, la fiscal Incardona advirtió que las cárceles federales de nuestro país tienen como factor común la concreción de múltiples delitos hacia el interior de sus establecimientos. “Tiene que ver con muchos factores, sobre todo factores sociales y de contexto. Por ejemplo: escasa oferta laboral, escasos programas de rehabilitación y personas en condiciones extremas de vulnerabilidad. Esto aumenta los índices de violencia hacia el interior de las cárceles”, contextualizó la fiscal.
En ese sentido, añadió, como uno de los obstáculos a destacar, que “el sistema de control que depende del Servicio Penitenciario tiene muy poca dotación de personal en relación a la cantidad de personas que componen la población carcelaria”.
Por otro lado, Incardona sostuvo que “el avance de esta modalidad cambió de forma dinámica en los últimos tiempos. Se multiplicaron amenazas a funcionarios judiciales, a fiscales, a la población en general. La violencia se extiende desde el interior de las cárceles hacia afuera, y desde afuera hacia dentro de las cárceles”.
La fiscal federal de Lomas de Zamora se refirió al informe de la mesa sobre narcocriminalidad en cárceles y señaló que se registró un “incremento de estas maniobras que se encuentran planificadas y que tiene que ver con delitos que están vinculados al narcotráfico”.
En el último tramo del panel, el fiscal Rívolo expuso sobre los estándares de seguridad de los fiscales. “La realidad es que Argentina ha mostrado en los últimos años que muchísimos de los colegas han tenido conflictos por los casos en los que les ha tocado intervenir. ¿Esto es medianamente racional? Sí, vamos a tener conflictos. No nos dedicamos a hacer directores de una empresa, somos fiscales: formulamos acusaciones. Por lo cual tenemos un conflicto”, desarrolló.
En este mismo sentido, explicó: “Los conflictos los vamos a tener, no los vamos a poder esquivar. Entonces se trata de cómo generar la mejor manera posible una red de contención en términos de seguridad de los fiscales, jueces, colaborares y familiares. El dispositivo no es sencillo. Los sabemos todos, pero esto es algo que tenemos que tener preparado”.
Rívolo se refirió también al informe sobre narcocriminalidad en cárceles y recomendó su lectura. “Es terrorífico lo que está sucediendo dentro del Servicio Penitenciario”, sintetizó.
Además, indicó que “las normativas de Servicio Penitenciario son duras y no se están cumpliendo”, y marcó como una demanda que “los propios jueces dejen de flexibilizar las condiciones de los detenidos”.
La situación en Argentina
La narcocriminalidad desde los establecimientos penitenciarios es una preocupación del MPF. En octubre pasado, el procurador Casal dispuso poner en conocimiento del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación las conclusiones, recomendaciones e informes producidos en el marco de la mesa de trabajo sobre maniobras narcocriminales desde establecimientos penitenciarios, dada la gravedad y peligrosidad de la cuestión, así como el riesgo latente que esta suscita.
Coordinada por la Secretaría de Coordinación Institucional de la Procuración General de la Nación, la mesa cuenta con la participación de las/los titulares y colaboradoras/es de la Procunar, la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), la Unidad Fiscal de Ejecución Penal (UFEP), la Fiscalía de Distrito Salta, las Fiscalías Federales Nº 1 y 2 de Lomas de Zamora, la Fiscalía Federal Nº 2 de Rosario, y la AFFUN.
La mesa de trabajo presentó conclusiones sobre esta problemática y realizó distintas recomendaciones tendientes a reducir los riesgos para la seguridad interna del personal penitenciario, del resto de la población carcelaria y de terceros que concurren a esos establecimientos; para proteger al resto de la sociedad, a los operadores del sistema de administración de justicia y a otras personas vinculadas a la investigación y la persecución penal; y para prevenir la comisión de nuevos delitos cometidos desde el ámbito carcelario.
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