El incendio, el último martes, de una pensión ilegal ubicada en Carranza 860 –a pocos metros de Mendoza y Circunvalación–, dejó nuevamente al descubierto el funcionamiento de inquilinatos de estas características sin habilitación, un auténtico peligro por las condiciones de hacinamiento en las que viven decenas de familias, con riesgo de derrumbe por las malas condiciones edilicias, además de problemas de higiene y de seguridad. Desde la Dirección General de Inspección del municipio expresaron su preocupación ante el reiterado incumplimiento de las clausuras por parte de sus propietarios y, según informaron, en los últimos dos meses se cerraron las puertas de cuatro lugares que presentaban condiciones que estaban lejos de lo establecido por las normas a la hora de edificar y habitar.
El plan establecido desde el municipio –en caso de que así lo requieran las condiciones– es demoler los inmuebles que presenten condiciones de inhabitabilidad, tal como suele ocurrir con las pensiones que ya fueron clausuradas.
El titular de Inspección, Gregorio Ramírez, sostuvo en diálogo con El Ciudadano que “hay que cumplir con determinados mecanismos legales para realizar una demolición”. “Primero intimamos al propietario, se le da un plazo para que la realice él y en caso de no hacerla en un tiempo estipulado, se procede a realizar la misma por parte del municipio, sin vuelta atrás. Muchas veces conocemos a el o los dueños, pero el tema es que nunca suelen dar la cara, siempre aparecen encargados o terceras personas”, explicó.
Al ser consultado sobre si el municipio tiene una nómina con la cantidad de pensiones irregulares en la ciudad, el funcionario contestó que lo que tienen es un listado de las que están habilitadas. “Podemos tener algún indicio de las que funcionan de manera irregular, pero en general nos vamos enterando a medida que llegan denuncias, especialmente de vecinos linderos, y en base a los operativos que realizan la GUM (Guardia Urbana Municipal) y Control Urbano”, subrayó.
Ramírez recordó que hace dos meses está en su cargo y el tema de las pensiones sin habilitar “es algo que le preocupa mucho al municipio”. “En general uno se encuentra con estructuras edilicias que están ocupadas por una cantidad de gente mucho mayor que lo que pueden soportar. Es común ver conexiones eléctricas muy precarias y a varias familias viviendo con solamente dos baños para todos. En general son casas viejas o galpones a los cuales les usan el casco y los dividen en piezas muy chicas, de cuatro o seis metros cuadrados. En la mayoría de los casos se está ante riesgo de derrumbe. Ahí actúa (la Dirección de) Obras Particulares que hace los chequeos de los edificios y es cuando se procede a las evacuaciones”, comentó.
“La cantidad de gente con la que nos solemos encontrar es de un promedio que va de las 20 a las 30 familias. Sobre sus procedencias hay un poco de todo, hay gente de Rosario y también personas que vienen a trabajar de afuera en el rubro de la construcción, pueden ser de otras ciudades del interior o extranjeros. En general se las encuentra en la zona norte y noroeste de la ciudad. Son nulos los casos en la zona sur”, agregó.
Uno de los puntos que más se repite en este negocio de características ilegales son las reiteradas violaciones a las clausuras”. “Esto es algo muy común, clausuramos el inmueble y a los pocos días lo vuelven a ocupar. En estos dos meses que hace que estoy a cargo del área hemos clausurado cuatro pensiones. Estamos ante una auténtica lucha con preocupación por parte del municipio y es por eso que estamos trabajando en esto de manera intensiva”, concluyó.
Comentarios