La flamante Oficina de Violencia contra la Mujer del Centro de Asistencia Judicial (CAJ) de Rosario cuestionó el archivo de una causa por violencia de género en la que se investigan las agresiones que sufrió una mujer por parte de su ex pareja. Como el CAJ recurrió la decisión del juez de primera instancia, ahora debe resolver la Cámara de Apelaciones en lo Penal.
En noviembre pasado, el juez penal encargado del proceso determinó lo que se conoce como “archivo jurisdiccional de la causa” en el caso que investiga la violencia física de la que fue víctima Fernanda S. con el argumento de que no había evidencia suficiente sobre el hecho denunciado.
En ese marco, las abogadas del CAJ, María Noel Severo y Juliana Tagliatti, plantearon durante la audiencia de apelación, que duró más de dos horas, que la decisión del magistrado había sido arbitraria porque “existen evidencias de que el hecho se produjo y, además, hay elementos de prueba suficientes para mantener el estado de sospecha en cabeza del autor”, ex pareja de Fernanda S.
Las letradas alegaron que el juez de primera instancia había realizado una valoración parcial y recortada de la evidencia obrante en el legajo fiscal, dado que se basó exclusivamente en un informe elaborado a partir de una junta psicológica a la cual fue sometida Fernanda. Pero esa instancia de análisis se caracterizó por una total ausencia de la perspectiva de género, remarcaron las profesionales.
Tagliatti y Severo, de la Oficina de Violencia contra la Mujer, manifestaron que el magistrado desconoció las particularidades del contexto en el que se dan los casos de violencia de género.
“En la mayor parte de los casos de violencia de género el delito se comete en la intimidad del hogar, por lo que, habitualmente, no existen testigos. Es por esa misma razón que la jurisprudencia viene aplicando el principio de amplitud probatoria, debiendo considerarse todas las evidencias en su conjunto y de forma armoniosa”, sostuvieron.
Por su parte, Fernanda S., quien ha fundado una asociación civil que lucha contra la violencia de género (Asociación de Mujeres Resilientes), se mostró “agradecida” por el trabajo del CAJ y “esperanzada” con que a partir de los argumentos planteados por sus abogadas la Cámara de Apelaciones en lo Penal reconsidere el archivo de la causa.
En tanto, el director provincial de Acceso a la Justicia y Asistencia Judicial, Fernando Sirk Marezca, quien también se encontraba presente en la audiencia, valoró “el esfuerzo realizado por las profesionales del CAJ”.
Y, luego, concluyó: “Es importante que Estado provincial ponga a disposición de las víctimas todos los recursos que sean necesarios para reparar, en la medida de lo posible, las consecuencias negativas del delito. Esperamos que la Justicia reconsidere esta decisión”.
Una oficina especializada
La Oficina de Violencia contra la Mujer está integrada por abogadas “expertas” en la materia, con el objetivo de mejorar el servicio de acceso a la justicia en un contexto de demanda creciente de asistencia de parte de mujeres víctimas. La institución ya venía trabajando en varios casos y constituyéndose como querellante en una importante cantidad de hechos. “La creación de este espacio ha permitido aumentar la capacidad de respuesta en estos casos. Además, la especialización de los profesionales en una materia específica deviene en una mejora en la calidad de asistencia, principalmente en lo que refiere a las estrategias de litigación penal”, señaló Sirk Marezca, quien tiene a su cargo los cinco centros de Asistencia Judicial de la provincia.
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