El gobierno provincial buscará regular por ley el acceso a la información pública para “promover la transparencia en el Estado”, según explicó ayer el gobernador Miguel Lifschitz al presentar en Rosario el proyecto que será enviado hoy a la Legislatura. En su discurso, el mandatario hizo menciones a los casos que involucran a Mauricio Macri y Cristina Fernández de Kirchner.
Para Lifschitz, “más allá de las dificultades económicas que afectan a la ciudadanía, la demanda social más arraigada tiene que ver con la necesidad de transparentar la actividad pública y volver a ponerla en sintonía con los valores éticos de la sociedad. Por eso este tipo de proyectos tiene una enorme vigencia, por el momento que está viviendo el país, con posibles hechos de corrupción que la Justicia está investigando y que involucran a funcionarios del gobierno, de distintas administraciones y niveles, llegando a las figuras máximas del anterior y actual gobierno”.
“Esperamos un rápido tratamiento –pidió el gobernador al presentar el proyecto– porque contribuye a crear un marco normativo de transparencia, que es la demanda más importante de la sociedad”. La ley de acceso a la información pública involucra a los tres poderes del Estado. En la actualidad, hay un decreto vigente desde 2009 que sólo abarca al Ejecutivo; el nuevo proyecto busca hacer extensiva la norma al resto de la administración pública.
Durante su gestión como senador departamental, Lifschitz había presentado un proyecto similar que no tuvo tratamiento en la Legislatura, en parte porque no lo acompañaron los senadores y en parte por la oposición de los gremios del sector público a la publicación de la estructura, las funciones y atribuciones de cada organismo, su nómina de autoridades y personal, con detalle de nombres, fecha de ingreso, categoría en el escalafón, escala salarial y sueldo neto. “Esperamos que esta vez sí pueda convertirse en ley”, confió Lifschitz.
Ante funcionarios, legisladores y representantes de organizaciones de la sociedad civil (Ejercicio Ciudadano, Fundación Apertura, Fundación Conciencia y Hacks/Hackers, entre otras), Lifschitz indicó que “cuanto mayor es la información y cuanto más detallada sea, menores serán las posibilidades de asistir a actos discrecionales o a arbitrariedades. La publicidad de los actos de gobierno es indispensable para determinar la responsabilidad de los funcionarios públicos”.
El proyecto recoge la normativa nacional e internacional que consagra el derecho a la información y toma en cuenta los decretos 692/09 (información pública del Poder Ejecutivo de la provincia) y 1.774/09 (Sistema Provincial de Información Mínima Publicable respecto de agentes públicos), ambos de la gestión de Hermes Binner, que regulan el mecanismo de acceso a la información pública dentro del marco de competencia del Ejecutivo.
Se incluye a los tres poderes del Estado y también a los entes de la administración central, organismos descentralizados, municipios y comunas, Defensoría del Pueblo, Tribunal de Cuentas y el Ministerio Público. Además, alcanza a empresas y sociedades del Estado, a sociedades de la economía mixta y organizaciones en las que el Estado tenga participación en el control o en la formación de las decisiones societarias, asociaciones empresariales y sindicales que reciban subsidios del Estado e instituciones cuya administración esté a cargo del Estado.
“Transparencia activa”
El proyecto incluye un capítulo dedicado a la “transparencia activa”, donde se detallan los datos que “en forma automática deben publicar los sujetos obligados, en sus sitios de internet, en forma accesible, gratuita, actualizada y procesable por medios automáticos”: entre otras, las resoluciones de cuerpos colegiados, informes de los votos, versiones taquigráficas y dictámenes jurídicos y técnicos.
También se deberían publicar los detalles de las licitaciones, concursos, contrataciones, obras públicas y adquisiciones, las sentencias definitivas o resoluciones de todas las instancias judiciales, aunque con omisión de nombres si no fuera necesaria esa información. El proyecto establece que los funcionarios públicos que no cumplan con los deberes de dar información podrán recibir sanciones que irán desde el apercibimiento a la suspensión sin goce de haberes hasta 30 días y la cesantía.
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