Fundación Pueblos del Sur
El 10 de diciembre es un día especial -para Argentina y para gran parte de la comunidad internacional- porque se conmemora la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Pero es también un gran día para los argentinos, porque celebramos la vuelta a la democracia después de un período de violencia y totalitarismo que dejó profundas lesiones.
En el marco de las Naciones Unidas, el 10 de diciembre de 1948 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de Derechos Humanos, consagrando un “ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse” a fin de “asegurar, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos”.
Para recordar algo de su contenido mencionamos que se reconoce que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros; que todos los derechos y libertades proclamados por esta Declaración (como el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad) corresponden a todas las personas sin distinciones (de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición); se consagra la igualdad ante la ley que garantiza que todos tenemos derecho -sin distinción- a la protección de la ley contra toda discriminación; y los derechos de pensamiento, de conciencia, de religión y libertades políticas, incluyendo la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Significa que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, lo que también comprende el derecho a no ser molestado a causa de las opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.
Es crucial reconocer la centralidad del hombre y la dignidad humana como eje (y fundamento) de todos los principios y derechos, que ha sido consagrada en numerosos tratados internacionales y adquieren trascendencia para nuestro derecho y como fuente de todo el ordenamiento, aquellos que poseen jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22, C.N.): La Declaración Universal de los Derechos Humanos; el Pacto de Derechos Civiles y Políticos; el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales; la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre.
En 2007, el Congreso de la Nación instituyó el 10 de diciembre como “Día de la Restauración de la Democracia” (ley 26323) con el objetivo de conmemorar la vuelta a la democracia sucedida en 1983, día de la asunción a la presidencia de la Nación del Dr. Raúl Alfonsín.
No caben dudas de que la democracia hoy es un hecho valorado y respetado en nuestro país, pero en vista de las injusticias que existen, las mentiras de campaña, las traiciones a la Patria en que incurren ciertos gobernantes, la perpetuación de la pobreza y la marginalidad, deberíamos preguntarnos qué es la democracia y si realmente sirve al pueblo (demos) para ejercer su poder (kratos).
Giovanni Sartori -inscrito en la tradición clásica de la ciencia política- escribía que la palabra democracia desde siempre ha indicado una entidad política, una forma de Estado y de gobierno; ésa sigue siendo la acepción primaria del término y, para él, la condición necesaria de las otras dos (la democracia social y la económica). Pero Sartori aseguraba que la base vital de un Estado democrático es la democracia social. La democracia política como método; para obtener resultados democráticos, el procedimiento debe ser democrático.
Podríamos decir que, en 1983, recuperamos un parte importante de la democracia, pero nadie podría afirmar que esto ha significado y significa que el pueblo ejerce el poder y decide plenamente sobre su destino. Hay un grave problema en la democracia tal como la vivimos hoy, y es que el pueblo participa sólo eligiendo representantes por imposición de candidatos, quedando luego a merced de un reducido grupo de dirigentes que utiliza su carga pública para hacer lo que bien le parece.
No corresponde generalizar, pero los ejemplos en este sentido son reiterados. Hemos visto a candidatos a presidente decir que “si decía la verdad, no lo votaba nadie”; hemos visto cómo se ejecutó un plan totalmente diferente al que se había prometido en su plataforma electoral, pero apenas se cuestionaba esta real estafa electoral, se exigía que lo “dejen gobernar tranquilo”. Vemos también al congreso de la Nación, los representantes del pueblo, imponer a toda la sociedad las pretensiones de pequeñas minorías que buscan por todos los medios cambiar los orígenes mismos de nuestra cultura nacional por los de ideologías foráneas. Vemos legisladores que, una vez sentados en su banca, se olvidan de sus votantes y negocian sus decisiones, muchas veces fuera de la ley, la ética y la moral.
Cuestionar de este modo la democracia no significa, bajo ningún punto de vista, pretender la vuelta de sistemas totalitarios, violentos y represivos. Muy por el contrario, defender la democracia nos obliga a trabajar para que la voluntad del pueblo (con identidad propia y consciencia de nación) sea respetada y ejecutada por los gobernantes que, lejos de gozar de privilegios, deben sentirse esclavos voluntarios de su pueblo.
No se cuestiona esta realidad para dejar el vacío nauseabundo de la crítica destructiva, sino para proponer la versión posible y necesaria de una democracia social verdadera, en la que el pueblo expresa lo que quiere y el gobierno hace lo que el pueblo quiere.
Es el pueblo el actor central de las decisiones y el artífice de su propio destino; es el pueblo organizado en comunidad, que reconoce a cada persona vital para la nación, el que participa, se expresa y transmite su deseo en las organizaciones intermedias que él mismo crea en el seno de la sociedad, entre los que están los partidos políticos como poleas de transmisión de esa realidad con el gobierno del estado.
La vuelta a la democracia en Argentina no fue gracias a una persona, ni a un sector, ni a un partido político. Fue resultante del esfuerzo, la entrega y el compromiso de personas, gremios, dirigentes y organizaciones sociales, también agrupaciones estudiantiles, políticas y barriales, que durante toda la dictadura se mantuvieron en lucha, resistiendo y articulando acciones y actividades que hicieron posible la vuelta de la democracia. Fue el pueblo argentino que enfrentó a “los dirigentes”, para que con “sus dirigentes” a la cabeza se volviera a aquella democracia social mediante la cual se había logrado inaugurar un período de justicia social sin precedentes en Argentina.
La República Argentina lleva treinta y seis años de democracia ininterrumpida, lo que si bien no puede dejar de considerarse un logro, debe motivarnos a reflexionar si realmente gozamos de la democracia que pretendemos. De otro modo, aun con el enorme bagaje de derechos reconocidos y la vigencia de numerosas leyes internas e instrumentos internacionales que declaran y consagran incontables beneficios, difícilmente logremos concretar el anhelado “bien común” que nos comprende a todos, que nos interesa a todos y del que debemos participar todos los argentinos de buena fe.
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