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La ciudad de la furia

¿Por qué Rosario es la ciudad más violenta de la Argentina?

La muerte no da tregua y la tasa de homicidios cuadriplica la media nacional. El fenómeno fue el objeto de estudio del Observatorio de Política Criminal porteño (OPC), a cargo del abogado Ariel Larroude, quien publicó un informe que busca respuestas y soluciones a tanta sangre derramada


Hace tiempo que Rosario dejó de ser la ciudad donde nació el Che Guevara, Lionel Messi o el rock nacional. En los últimos años, la Cuna de la Bandera se conoce como la más violenta del país por los asesinatos que azotan a diario en los barrios de cada punto cardinal. La muerte se volvió cotidiana. La tasa de homicidios cuadriplica la media nacional, un dato que más allá de cualquier especulación política es irrefutable y esconde la peor de las cifras: las muertes por venir. Porque nada indica que la situación vaya a cambiar. Y serán los pibes de la periferia los que seguirán poniendo el cuerpo a las alarmantes estadísticas. Una pregunta resuena dentro y fuera de la ciudad. ¿Por qué Rosario? El Observatorio de Política Criminal porteño (OPC) estudió el fenómeno y encontró la punta del ovillo. El uso de la fuerza dejó de ser exclusivo de la Policía porque la institución “cedió” su poder de fuego a las bandas criminales.

Según el informe titulado “Rosario: un sueño de paz”, hace una década la ciudad se convirtió “en un enclave territorial regido por un oligopolio que reparte entre policías y delincuentes la potestad de dar muerte”.

Su autor, el abogado Ariel Larroude, plantea que ese fenómeno explica en gran parte el alto índice de violencia letal y por eso analiza los procesos que hicieron posible el flagelo entre los que destaca tres puntos clave: el cambio de paradigma en el consumo y la comercialización de estupefacientes; la consolidación de un orden económico clandestino y violento; y la atomización del control territorial por parte de la Policía que comenzó a gestarse en 2007 con el primer gobierno socialista en la historia de Santa Fe.

La investigación concluye con una serie de propuestas entre la que se destaca la necesidad de modificar la ley de drogas que rige en la Argentina, la promoción de un plan de desarme civil y la creación de un comité de crisis, entre otras.

La muerte como negocio

Según el informe, entre 2013 y 2021 los homicidios dolosos se cometieron a lo largo y ancho de la ciudad pero se condensaron en los “barrios periféricos”, donde el autor analiza “la fuerte expansión de la pobreza” de las últimas décadas.

Al respecto menciona que muchas de las conflictividades dentro de los barrios populares que antes eran abordadas por distintas agencias sociales, en los últimos 30 años quedaron a merced de la agencia policial, lo que permitió a los uniformados santafesinos y “a la mismísima criminalidad acumular un poder tan exorbitante para administrar no sólo esa potencialidad violenta de los barrios más humildes, sino también fomentar que la misma se convierta en redituable en términos económicos”.

Un proceso que, según el informe, se llevó adelante “a partir de la venta de impunidad y la suspensión de la aplicación del derecho”.

Otro dato clave que brinda la investigación es que la mayoría de los asesinatos no se relaciona “con la delincuencia ordinaria sino, más bien, con la criminalidad organizada”, por lo que se vincula a esas muertes con la diversificación de la narcocriminalidad.

El informe advierte que más del 75 por ciento de los asesinatos fueron planificados y –en el 85 por ciento de los casos– se ejecutaron con armas de fuego. Además menciona que la mayoría de las víctimas son varones de entre 15 y 29 años, casi todos asesinados en la vía pública, “lo que denota que las conflictividades se dirimen en la calle y a la vista de la agencia policial”.

Para Larroude, estos datos que caracterizan la violencia en Rosario no serían tan alarmantes si no fuera porque la ciudad tiene la tasa de homicidios dolosos más elevada del país, y porque esa cruenta estadística perdura en el tiempo.

El especialista analiza que los asesinatos, al ser producto de la “criminalidad compleja”, no serían posibles si la Policía no hubiese delegado el uso de la fuerza (voluntaria o involuntariamente) a distintas bandas criminales.

“El problema más grave que padece Rosario es que el Estado provincial terminó cediendo el uso monopólico de la violencia en distintos grupos criminales para que estos resuelvan los problemas emergentes del crimen organizado a través del uso de la fuerza y al margen de la ley”, advierte.

Policía atomizada

Un punto relevante que analiza para entender la complejidad del problema es que “la Policía no actúa de manera corporativa”, lo que el investigador advierte como una de las “excepcionalidades” rosarinas. Al respecto indica que la Fuerza se “atomizó y se multiplicó” por lo que conviven varias potestades represivas que actúan de manera individual y desorganizada. El resultado de esa atomización –refleja el análisis– es la falta de contención de la violencia social, lo que explica en parte la cantidad de hechos de sangre.

La administración de la “caja negra” policial hizo de origen a esa situación particular con los cambios que devinieron a partir de 2007 con el primer gobierno socialista en Santa Fe, de la mano de Hermes Binner. Según se menciona, la modificación del modo de recaudar la “caja negra” policial, más fructífera que las anteriores por la irrupción de un nuevo mercado local de drogas, hizo que se pierda el control político sobre la delincuencia que genera esa “caja”.

Nuevo mercado

El nuevo mercado local de drogas que proliferó en Rosario durante el gobierno socialista es una de las causas que disparó la tasa de homicidios a niveles alarmantes. Según el informe, la situación se enmarca en un cambio de paradigma a nivel nacional que produjo que la Argentina, además de ser un país de tránsito hacia Europa (macrotráfico), sea un lugar de consumo y elaboración propia. En Rosario se tradujo en la instalación de laboratorios de pasta base (para la elaboración de cocaína) que luego era vendida en los impenetrables quioscos de drogas conocidos como búnkers.

En ese marco, según esgrime el informe –cuando cita palabras del saliente ministro de Seguridad santafesino Marcelo Sain–, la transformación del narcotráfico iniciada a fines de los 90 y consumada durante la primera década del 2000 no es una consecuencia directa de la pauperización social, sino que responde a factores de otra índole como el crecimiento del consumo y la regulación ilegal del propio Estado como una forma de gestión de la criminalidad y de gobernabilidad política de la seguridad pública.

Plata y plomo

El nuevo mercado de consumo y comercialización sumado a la atomización policial dio pie, según plantea el informe, a un orden social –violento y clandestino– que también explica la cantidad de homicidios porque coexisten dos elementos. Por un lado, el uso de la fuerza ilegítima para resolver los conflictos y por otro, un orden social “que recepta a las ganancias de lo ilícito como motor importante de su economía”.

La cuestión “se agrava en Rosario por la alta rentabilidad que genera el comercio de estupefacientes y porque la violencia social, lejos de ser regulada por las agencias de seguridad del Estado, está incentivada por ellas”, menciona.

Al respecto agrega que “el problema de la creación de un orden clandestino y violento se basa en que los mercados ilegales que se generan a partir de la venta de impunidad –por la liberación de territorios por parte de la Policía– se refuerzan y se repotencian por el hecho de que son las mismas fuerzas policiales las que, atomizadas, compiten por adueñarse de las ganancias en disputa”.

Mientras tanto, la violencia parece no encontrar límites. La dinámica y el poder de fuego de las organizaciones, sumado a la constante demanda “para captar mano joven” se alimenta de la necesidad de pibes y pibas de los barrios más humildes “por pertenecer a un culto que promete plata fácil, identidad, respeto y miedo, algo que resulta arquitectónico para la vida de estos jóvenes”.

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