Por la crisis económica, el Concejo Municipal analiza un proyecto para ampliar permisos de venta ambulante en la ciudad mientras dure la emergencia económica. La propuesta se da en el marco de una mayor cantidad de personas que se acercan al Ejecutivo y al Palacio Vasallo para pedir espacios en la vía pública.
El asunto fue tratado el martes pasado en la comisión de Gobierno del Concejo. La reunión fue presidida por la titular de ese espacio de trabajo, María Eugenia Schmuck, del bloque Radical. Y participaron Caren Tepp, de Ciudad Futura; Norma López, del Frente para la Victoria-PJ, y Roy López Molina y Gabriel Chumpitaz, de Cambiemos.
Allí los ediles analizaron el proyecto, que fue propuesto por los concejales de Ciudad Futura; Juan Monteverde, Caren Tepp, Pedro Salinas y Jesica Pellegrini.
La iniciativa establece un régimen especial para el otorgamiento de permisos de venta ambulante mientras dure la emergencia social.
En esa línea, en el encuentro Chumpitaz planteó la necesidad de “buscar alguna alternativa para modificar la ordenanza que establece un cupo de 670 vendedores ambulantes”. Y al respecto propuso cambiar el índice que establece la normativa actual. Así, y tomando como base el último censo, el edil estableció una fórmula que elevaría a 951 los vendedores ambulantes autorizados. “Eso significa un porcentaje importante de aumento”, señaló.
Asimismo, el concejal de Cambiemos también propuso “rever la distribución por zonas”, modificando la actual.
A su turno, Schmuck pidió prudencia ya que –dijo- “sería importante” la opinión sobre el tema del intendente electo, Pablo Javkin. Mientras que López Molina sostuvo la necesidad de “plantear incorporar algunos mecanismos para fijar parámetros o marcos”. Y expresó ciertas dudas respecto a la zonificación.
El argumento
En diálogo con El Ciudadano, Tepp contó que “todas las semanas se tratan unos cuántos pedidos de autorización para ejercer la venta callejera. El cupo establece 670 vendedores desde 2004. Y la población aumentó”.
La concejala de Ciudad Futura remarcó que “muchos ciudadanos perdieron el trabajo y hasta las changas por la crisis económica y social que está atravesando el país”.
“Por eso se vuelcan a la venta ambulante. Esa parte de la población está desamparada y al arbitrio de la Secretaría de Control y Convivencia y de la GUM, que terminan confiscándole la mercadería”.
En tanto, también en contacto con El Ciudadano, Norma López, del PJ, describió la situación actual. “Nunca como este año hemos tenido pedidos de personas que vienen para que les autoricemos la venta ambulante. Es el modo de llevar un plato de comida a las familias que han sido precarizadas y quieren vivir dignamente. El trabajo ambulante es digno, pero el problema es que la Municipalidad no quiere habilitar puestos de venta porque sostiene que después no se puede reprogramar la ciudad de otro modo. Lo cierto es que la gente está muerta de hambre y alguna herramienta le tenemos que dar”, señaló.
“Se habilitaron camiones de comida al paso que se incorporaron a la ordenanza de venta ambulante, y nosotros votamos en contra. Y a una familia o a una persona que se quedó sin trabajo (o a una mujer golpeada) y que no tiene dónde sacar un mango le pedimos miles de condiciones. Mientras que a estos camiones que están de re onda los habilitamos. Estoy a favor de que la gente pueda vender. Estamos en un momento de difícil y hay que aplicar políticas urgentes”, añadió.
El antecedente
El debate actual se da luego de que hace casi un año el Concejo votara por unanimidad declarar la emergencia social y alimentaria.
El proyecto aprobado definió que por dos años legisladores y la Municipalidad deben articular con los gobiernos nacional y provincial espacios y dispositivos para gestionar refuerzos de partidas a comedores y merenderos.
También planteaba pedir un aumento en el monto de la Tarjeta Única de Ciudadanía. “Necesitamos morigerar el impacto de la situación económica nacional en los sectores sociales más excluidos y de velar por las necesidades básicas de niños, niñas y adolescentes”, habían escrito en el proyecto aprobado en la sesión, a la que asistieron organizaciones barriales.
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