No hay tres sin cuatro. El ministro de Economía de la provincia, Ángel Sciara, ratificó ayer que el gobierno de Hermes Binner insistirá con el proyecto de reforma tributaria, tres veces rechazado por la Legislatura, para eliminar las exenciones que desde 1992 benefician a la industria y a la construcción. “La provincia merece un nuevo régimen tributario”, señaló ayer Sciara. Claro que, habida cuenta de los fracasos anteriores, reconoció que el oficialismo deberá “construir los consensos políticos necesarios” a nivel legislativo para resolver las dificultades estructurales de la provincia.
El ministro de Economía explicó que, aún teniendo en cuenta que en el primer semestre las cuentas públicas cerraron con resultado financiero positivo, sigue siendo necesaria para Santa Fe una reforma impositiva que termine con los privilegios instaurados en la primera gobernación de Carlos Reutemann. “La provincia merece un nuevo régimen y, en consecuencia, después de tres reformas frustradas tenemos que seguir pensando en una cuarta. Pero tendrá que ser tratada con una enorme consideración, a los efectos de que la sociedad entienda la necesidad de un mejor régimen tributario”, explicó Sciara.
En tres ocasiones –2008, 2009 y 2010– el Ejecutivo binnerista intentó una reforma y las tres veces fue rechazada en el Senado, de mayoría reutemista. La intención del gobierno provincial es eliminar la exención del impuesto a los Ingresos Brutos vigente aún para los sectores de la construcción y la industria. Y cuando le señalaron al titular de la cartera económica que la composición del Senado no varió respecto de los anteriores rechazos, retrucó: “Los consensos políticos hay que construirlos. Tendremos que enfatizar en ese espacio para poder tener un éxito en una nueva reforma tributaria”.
Sciara explicó que no hay plazos definidos para el envío de un nuevo proyecto de reforma impositiva. “Por ahora no estamos trabajando en ningún borrador”. No obstante, desde la oposición salieron rápidamente a responder el anuncio del ministro: la diputada Silvina Frana aseguró que el PJ no discutirá ningún proyecto de esas características hasta que el Ejecutivo no achique el gasto político (ver aparte).
Por otro lado, el titular de la cartera de Economía dio detalles sobre el superávit con que cerró la provincia el primer semestre: casi 300 millones de pesos. Los datos de la cuenta de inversión fueron remitidos la Legislatura. Según el informe del Ministerio, se revirtió la tendencia deficitaria que sufrió la provincia el año pasado y que fue prevista también para 2010. Igual, Sciara insistió en señalar que el “problema financiero” de Santa Fe no está resuelto y, de allí, la necesidad de un retoque en el régimen impositivo.
“Ese resultado se obtuvo gracias a una administración muy rigurosa, muy estricta, con la contención de gastos de funcionamiento. Esto era necesario porque había que abonar los aumentos salariales, pero al mismo tiempo, desde el punto de vista financiero, el flujo es incontenible, porque en 2010 estamos pagando los devengamientos de obras contratadas en 2009. Incluso todo el déficit de 2009 se tiene que ir pagando con los recursos de 2010. Es decir que este superávit financiero es acotado: no significa que la plata esté en la caja. Es un superávit contable”, explicó el ministro.
Además, según Sciara, en el superávit influyó “una situación de excepcionalidad”, en referencia a la autorización legislativa para que el Ejecutivo pueda usar el ciento por ciento del Fuco (Fondo Único de Cuentas Oficiales) para gastos corrientes (principalmente, salarios). “Por eso no se resuelve el problema financiero de la provincia. Quiero señalarlo con total dureza: el problema económico va mucho más allá del problema financiero. Es estructural y tiene que ver con la participación de recursos propios en el total de recaudación y con el componente de alta rigidez en el gasto público”.
Esa última alusión se explica con los siguientes datos: los recursos propios de la provincia en el presupuesto son minoritarios respecto de los que llegan a través de la coparticipación federal (se estima que los primeros representan un 35 por ciento y los segundos un 65 por ciento); la “rigidez del gasto” tiene que ver con los compromisos fijos del Estado, en donde los salarios del sector público ocupan una buena parte de los recursos y el resto se compone de otros gastos que el gobierno no puede dejar de realizar, como los destinados a salud, educación y seguridad.
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