Agustín Aranda
Desde hace años la asociación Reset, Política de Drogas y Derechos Humanos trabaja en la producción de información que sirva para revisar las prácticas estatales en cuanto a persecución de quienes consumen en Argentina. En diálogo con El Ciudadano, una de sus integrantes, la psicóloga Soledad Vallejo habló sobre los prejuicios que activó la muerte de 24 personas que habrían consumido cocaína adulterada.
—¿Qué lectura hacés de la última semana de noticias vinculadas al consumo en Argentina?
—Me llama la atención que cuando hay un problema de sustancias psicoactivas aparece la estigmatización del consumo. Prendes la tele y escuchas que el abordaje desconoce la compleja realidad de esta problemática y recae en el pedido de que se cambie la ley de Salud Mental para poder internar a las personas, algo que la normativa no prohíbe sino que habla de que sea la última instancia. En el medio, hay un olvido de los dispositivos intermedios de asistencia.
En el caso de las personas que habrían ingerido la cocaína adulterada la respuesta de la sociedad fue el pedido de encierro, algo que no se diferencia mucho de la persecución y que da cuenta de los efectos punitivistas de una problemática enmarcada en lo penal y no en el ámbito de la salud, que es donde debería estar. Porque además, no se aclara si estas personas tenían un consumo problemático u ocasional, negando así otro tipo de prácticas de consumo.
Pareciera que nada importa más que el control de quienes se suponen “peligrosos” u “enfermos” en una sociedad que se pretende estable y donde nunca está por delante la persona sino lo que representa ante la ley. En este caso, la ley penal los criminaliza y no nos protege, cosa que sí hace la ley de Salud Mental.
—¿Te parece casual que este tratamiento ocurra cuando se avanza en posibles debates sobre drogas para otros usos, medicinal o industrial, como el cannabis?
—Siempre que hay una búsqueda de debatir para ampliar derechos los sectores más reaccionarios instalan el eje estigmatizador y el temor. El sentido común prende de esto. Creo que estamos lejos de una transformación profunda de las políticas de drogas sino se transforma la ley vigente la 23737 que sigue criminalizando las personas usuarias de drogas. Esta ley antepone el “orden social” por sobre la persona que consume.
El Estado enfrenta, por el negacionismo, un problema grave de salud, pero como los casos parecen ser de los sectores más vulnerados nadie se termina de alarmar lo suficiente. Nuevamente, se refuerzan imaginarios estigmatizantes.
—En 2016 en Time Warp –cuando murieron personas por haber ingerido drogas de diseño– hubo un debate similar que derivó en algunas respuestas del Estado. Por ejemplo, el Concejo Municipal de Rosario sancionó una ordenanza hoy nunca puesta en marcha ¿Cómo creés que será la respuesta ahora?
—No lo sé. Es muy difícil poder abordar las situaciones desde la salud cuando solo se mira desde lo penal. En el caso de las fiestas electrónicas ocurrieron otras negligencias que tenían que ver con falta de control del Estado y que eran fundamentales para la reducción de riesgos y daños que supone el consumo de sustancias que suele consumirse en esas fiestas. Son todas consecuencias de la clandestinidad producto de la prohibición, pero en ese caso era “legitimada” por la clase social que participaba.
Existen muchos consumos y prácticas sociales que nos ponen en riesgo y que están reguladas y que poseen estrategias de prevención por parte del estado: el alcohol y el tabaco, por ejemplo. Parece que lo único que trae riesgo son las sustancias ilegalizadas.
La mayoría de los problemas actuales en la sociedad tienen que ver con las drogas legalizadas como el alcohol y los psicofarmacos. La sociedad aumenta su consumo y debe informarse y formarse rompiendo prejuicios porque nos guste o no, el ser humano va a seguir haciéndolo. El tema es de qué manera queremos que se dé y el estado debe decidir si cuidarnos o criminalizarnos por ello.
Las sociedades que descriminalizaron y enmarcaron el consumo desde la salud son quienes tienen resultados más alentadores. Del otro lado ya sabemos cómo funciona el mercado clandestino producto de la prohibición: los pibes y las pibes se mueren porque no importan las personas sino maximizar las ganancias.
Los intermedios en guardia
Este lunes la titular de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas (Sedronar), Gabriela Torres, mantuvo una videoconferencia con representantes de los 61 dispositivos santafesinos que trabajan en la atención, prevención y acompañamiento de personas que padecen problemas de consumo de sustancias. “El objetivo fue coordinar esfuerzos entre el gobierno nacional, el provincial, los municipios y las organizaciones territoriales”, señaló Torres. La funcionaria también tuvo reuniones con autoridades de Buenos Aires y áreas municipales de Hurlingham, General Rodríguez, San Martín y Morón.
Según informaron desde Nación, Sedronar triplicó la cantidad de dispositivos en el país desde 2019, cuando tenía 250, y hoy el número exacto es de 752. En la actualidad, siempre de acuerdo a fuentes de Sedronar, brindan atención a 57 mil personas que realizan tratamiento en forma ambulatoria y a otras 5 mil que lo hacen bajo la modalidad residencial. Desde el gobierno también confirmaron que aumentó un 40% el alcance de la línea 141 que funciona todos los días, las 24 horas, de forma gratuita y confidencial para consultas por consumos problemáticos.
Si es problemático
En caso de que el consumo de drogas sea problemático existen distintos espacios de atención. Además de las opciones de gestión no estatal, están los 744 centros de salud públicos que deben, por la ley de Salud Mental y Adicciones, atender a todas las personas sin discriminación alguna.
Si conocés a alguien que necesita contención en consumos problemáticos podés contactarte con La Estación, un espacio de gestión municipal donde analizan y ofrecen alternativas de tratamiento, incluso a quienes tienen cobertura de salud. El número de teléfono es 480-8797 y trabajan en Gálvez 867 de lunes a viernes de 9 a 17.
En paralelo, el Ministerio de Desarrollo Social, a través de la Agencia de Prevención del Consumo de Drogas y Tratamiento Integral de las Adicciones (Aprecod), habilitó en 2021 una línea gratuita para atender consultas relacionadas con consumos problemáticos de sustancias. Se trata del 0800-345-5640.
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