Guillermo Correa
“En virtud de publicaciones periodísticas que dan cuenta del impedimento por parte de la Prefectura Naval Argentina, en el desarrollo de un «Centro de Investigación» de la Universidad Nacional de Rosario, es dable mencionar que la intervención –mediante el formalismo de una nota– que oportunamente le cupo a esta Institución, solo pretendió poner en conocimiento algunas de las normativas vigentes que obran como antecedentes en la Jurisdicción. Sin que ello implique impedimento o prohibición de ninguna índole”, salió a aclarar la fuerza de costas en un comunicado público. La Prefectura había quedado en el ojo de la tormenta por otra nota, que no se difundió a los medios: en ese escrito le hacía notar al Rectorado de la UNR sobre los impedimentos vigentes de circulación en las islas a partir de un decreto de la Municipalidad de Victoria, en lo que la universidad tomó y respondió como un claro torpedeo a su proyecto, anunciado apenas pocos días antes junto a la firma del convenio con la Municipalidad de Rosario. Pero ahora los filos de la relación rota que parecía denotarse ya no cortan: este miércoles tendrá lugar una reunión entre la conducción de la UNR y de la fuerza intermedia, no sólo para calmar aguas sino para que la Prefectura también tenga un papel en la instalación del centro de investigación.
“El problema es grave y todo lo que podamos aportar cada uno para resolverlo es de gran utilidad”, explicó a El Ciudadano el rector de la UNR, Franco Bartolacci, quien personalmente representará a la universidad pública en la mesa. “Nadie tiene vocación de generar un conflicto. Fuimos enérgicos en la respuesta porque lo ameritaba, en función del oficio que nos fue enviado. Pero la base se va a instalar y la idea es sumarlos también a una política pública en defensa de los humedales”, continuó el titular de la Universidad.
El cortocircuito se generó a partir del decreto 920 del municipio entrerriano, que el pasado 3 de septiembre declaró la “emergencia ambiental” en toda la zona y prohibió “absolutamente” toda actividad en la zona de islas, desde acampes hasta pesca y navegación, “y todas aquellas que impliquen circulación en islas, riachos o lagunas”.
La disposición, también enmarcada en la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus, fue leída por la Multisectorial por los Humedales como un boicot directo a su despliegue contra las quemas intencionales en el Alto Delta: con una convocatoria que superó sus expectativas, decenas de voluntarios habían acudido en 17 embarcaciones a darle pelea al fuego en forma directa en la Boca de la Milonga. Además habían abierto un registro público de voluntarios que en cuestión de horas alcanzó el millar de personas, incluso de otras provincias, y reunido donaciones que llevaron a los residentes en las islas damnificados por los incendios.
Pero el decreto de marras, con vigencia hasta este jueves 15, también fue la razón invocada en la nota que Prefectura cursó al rector de la UNR, con fecha del 9 de octubre, tras el anuncio de la instalación de infraestructura universitaria y científica en el Charigüé, que una semana antes, el 2 de octubre, habían formalizado el rector Bartolacci y el intendente Pablo Javkin, a la par que firmaban el convenio para hacerlo.
El oficio advertía de la vigencia del decreto de Victoria, cuya autoridad de aplicación es la Delegación de Islas del municipio entrerriano “con el apoyo de las fuerzas de seguridad nacionales”, de las cuales una es la Prefectura.“Quieren impedir que instalemos Base Científica de la @UNRoficial en el Humedal (en terrenos de la Municipalidad de Rosario). Sería importante que controlen y prohíban el acceso a los que incendian nuestras islas, no a los que vamos a hacer investigación para defenderlas”, escribió de inmediato, con visible indignación, el rector Bartolacci en Twitter, Facebook y otras redes sociales. Y consideró “insólito” e “inadmisible” el oficio, que, además, provocó un escándalo nacional, ya que apenas días antes se había registrado la presencia de maquinaria pesada y liviana en zonas del Alto Delta, estacionada o directamente en plena tarea, y en claro desacato a una cautelar de la Justicia federal de Paraná, que está vigente desde el pasado 1º de julio y sin fecha de caducidad.
El contraste era evidente: se advertía de un impedimento a una universidad pública y por adelantado, cuando nadie había visto el desplazamiento por parte de privados de maquinaria de obra, incluso de gran porte, como la que estaba construyendo un terraplén de más de 4 kilómetros. Y para peor en un área en litigio, que la ciudad de Rosario reclama como propia y que ocupa el empresario Enzo Mariani.
Ante el cariz de la situación la delegación de Prefectura Bajo Paraná envió una nueva nota, que ahora sí pasó por medios de comunicación y que, esta vez, se preocupa por marcar que la fuerza “promueve y apoya a las instituciones científicas o educativas cuyos fines y alcances es la protección de los recursos naturales y ambientales, cualquiera sean”, y que también “participa activamente del Piecas” –esto es el Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná– del Acuerdo de abordaje conjunto de la problemática de los incendios –la herramienta firmada (e incumplida) por el gobierno nacional, las provincias de Santa Fe y Entre Ríos y la Municipalidad de Rosario, entre otros actores–, y que también “integra el comité de emergencia ambiental creado por la Corte Suprema de Justicia, es autoridad auxiliar de la Justicia Federal y pone denodado esfuerzo de personal y medios para abordar, minimizar y evitar la cuestión de los incendios” en el Alto Delta.
El nuevo enfoque conformó al rector Bartolacci, quien ahora tenderá la invitación a la fuerza para que asista y contribuya con el centro de investigación. “Son bienvenidos sus aportes para defender el Humedal. Necesitamos sumarlos también al proyecto”, definió, y avanzó en la reunió que tiene fecha para este miércoles.
Y, con obstáculos despejados, Bartolacci también mencionó que ya son 70 los investigadores, científicos y estudiantes que ya están trabajando en diversos temas vinculados al Humedal y que tienen sumo interés en enriquecer su trabajo con presencia directa en el terreno. “La idea es generar conocimiento de la flora y la fauna de las islas, montar un sistema de alerta temprana por incendios y también generar información para el municipio de Rosario, un insumo clave para la planificación de políticas públicas”, definió el rector. Y también aclaró que las intervenciones que se harán en el centro de investigación en el Legado Deliot –la zona ahora llamada Reserva Los Tres Cerros– “no son sólo de la Universidad” sino que cuentan con planificación “de todos los sectores involucrados”, a partir de una comisión asesora. Y que la intención es generar desde allí “una respuesta estructural al problema de los incendios” y también gestar una educación ambiental que impulse “una relación distinta con los humedales” por parte de la sociedad toda.
Comentarios