El 3 de Mayo es el Día Internacional de la Libertad de Prensa que fue declarado así por la Unesco a partir de la llamada Declaración de Windhoek (Namibia) en 1991 y en homenaje a ese encuentro la organización internacional realiza su conferencia anual en el mismo lugar, mientras se espera que se promueva el valor de la información como bien público, cuando existe un fuerte cuestionamiento mundial sobre el comportamiento de los medios, en especial desde el comienzo de la pandemia. El planteo de la conferencia es un marco interesante para recordar que, en nuestro país, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (2009) ya había definido con precisión (art.2) el derecho humano inalienable de expresar, recibir, difundir e investigar informaciones, ideas y opiniones y de la condición de interés público de la actividad realizada por los medios de comunicación.
Si bien ese artículo permanece vigente, las políticas macristas atacaron con inusitada fiereza el corazón antimonopólico de la LSCA que daba el marco para que la definición invocada no se convirtiera en letra abstracta. Sin embargo, desde que la Unesco proclamó la fecha, los procesos de concentración de la propiedad de los medios avanzaron de manera imparable en alianza con los sectores más concentrados de la economía y las finanzas. Convertidos en fuertes actores políticos, esos medios defienden a ultranza las directrices neoliberales y de la derecha más radicalizada que son su razón de ser y, para ello, recurren a campañas de odio y de desinformación. Como paradoja, en la llamada era de la información y del acceso al conocimiento, el poder de desinformar, de mentir y silenciar voces sigue ganando territorio atentando, incluso, contra la salud pública y la vida de lxs argentinxs.
La búsqueda de equilibrio informativo y de la pluralidad de voces que requiere de manera indispensable de la participación equitativa de las mujeres y disidencias en los medios necesita del Estado presente porque lxs periodistas-trabajadorxs de prensa arrastramos la pérdida de cerca de 4.000 puestos de trabajo producto de las políticas macristas y de la pandemia. Quienes aún conservan sus fuentes laborales están en un proceso de precarización extremo, ya que la crisis que soporta el sector de las comunicaciones puede ser letal para los medios locales. Es imprescindible que no desaparezcan más voces, que se fortalezca el sector público y se apoye y auxilie a los cooperativos, comunitarios, autogestivos que demuestran de manera permanente su vocación periodística con las fundamentales premisas éticas en base a la responsabilidad social de informar. Desde el primer día de la pandemia nuestro trabajo ha sido declarado esencial: somos esenciales, pero estamos en emergencia y el derecho a la comunicación sucumbe ante el escenario arriba descripto. Es el momento de actuar, sin dilaciones: lxs trabajadorxs de prensa seguiremos luchando por políticas democratizadoras de la comunicación a favor de toda la sociedad.
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