José Cornejo (*)
Repentinamente, el Ministerio de Transporte lanzó una licitación para modernizar uno de los tramos finales de la Hidrovía Paraná-Paraguay, el Canal Punta Indio. Esto encendió un acalorado debate en torno a la soberanía marítima argentina.
La Hidrovía (https://www.argentina.gob.ar/armada/intereses-maritimos/hidrovia-parana-paraguay) es un corredor natural de transporte fluvial de más de 3.400 kilómetros, con afluentes que en su máximo potencial alcanzan Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay y la Argentina. Además, es el sistema de transporte más barato y con desembocadura en el Río de La Plata y de allí a aguas internacionales. Es por ello que es la salida del 75% de las exportaciones argentinas.
Actualmente, la salida de la Hidrovía es por el Canal de Punta Indio, que redirige los buques a la isla de Flores, frente a Montevideo. La capital uruguaya es ineludible incluso para los barcos que van al litoral argentino, como el puerto de Mar del Plata, Bahía Blanca o los patagónicos. Es un canal que hay que dragar asiduamente, encarece el costo del flete y otorga un enorme poder de presión a las grandes empresas, pues pueden acordar con el sistema tarifario oriental. Esto reporta pérdidas al Estado nacional en torno a 500 millones de dólares anuales, según el cálculo del Grupo Bolívar.
El 26 de noviembre, el Poder Ejecutivo Nacional publicó el decreto 949/2020 donde licita para modernizar y redragar la Hidrovía, subrayando especialmente el Canal Punta Indio. Esta se hace por el régimen de concesión de obra pública por peaje. Es decir, la empresa se hace cargo de la obra quedándose con la administración y la propiedad de facto del Canal.
Lleva la firma, además del presidente de la Nación, del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y del ministro de Transporte, Mario Meoni. Este último estará a cargo de todo el proceso a partir de la Sociedad del Estado Administradora Federal de Hidrovía, creada en agosto de 2020.
Por estos antecedentes, el senador nacional Jorge Taiana pidió el lunes 1º de febrero que se invite a la Cámara alta al ministro Meoni para que informe sobre la licitación en la vía navegable troncal.
Paralelamente, un colectivo de organizaciones que defienden la soberanía marítima ofreció una alternativa: el Canal Magdalena. Se trata de la construcción de una vía directa que una la salida del río Paraná con el Litoral argentino, evitando el largo desvío por Uruguay. Además, el trayecto quedaría íntegramente en aguas argentinas, aumentando la recaudación tributaria y fortaleciendo a los proveedores de servicios locales. Asimismo también han comenzado una campaña de firmas para concientizar sobre la inconveniencia notable de relanzar el Canal Punta Indio.
Por todo esto, se espera que el ministro Meoni explique el decreto en el Senado, escuche a los promotores del Canal Magdalena y reevalúe su definición en esta temática.
(*) Licenciado en comunicación social y docente de la Universidad Nacional de La Plata. Director de la Agencia Paco Urondo
Se agitan aguas que no están calmas
Distintas organizaciones gremiales, sociales y políticas convocaron a un acto público para este jueves en apoyo al Canal de Magdalena y “en defensa de la soberanía nacional y la recuperación económica”, informaron los organizadores.
“Nos estamos convocando para este encuentro diversos sectores junto a los trabajadores de Vías Navegables, de los puertos, del Astillero Río Santiago, porque entendemos que es imprescindible recuperar la soberanía sobre los ríos y sobre el mar argentino”, afirmó Hugo “Cachorro” Godoy, secretario General de ATE y uno de los convocantes.
El encuentro, denominado “Asamblea Abierta en Defensa del Canal Magdalena”, será a partir de las 11 en la sede de la Subsecretaría de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante, en la costanera Sur de la ciudad de Buenos Aires. “La discusión sobre la Hidrovía y la posibilidad de que en abril se venzan las concesiones abre una importante discusión respecto de cómo recuperar para el Estado argentino y para su pueblo la soberanía sobre los ríos, los mares y los puertos”, explicó el titular de la Asociación de Trabajadores del Estado.
“Desde ATE –añadió Godoy– estamos alentando la constitución del Canal Magdalena y hemos apoyado el pedido de informes que ha hecho el senador (Jorge) Taiana, porque ese decreto 949 es muy discutible y, además, es imprescindible tener una empresa nacional que regule la navegación en los ríos y mares, y eso no lo posibilita ese decreto”.
“Si solamente lo que hay es un cambio de concesión o una extensión de la concesión a empresas extranjeras y los puertos siguen en manos privadas, el Estado sigue inhabilitado para intervenir en una actividad esencial e imprescindible, dado que el 90 por ciento de las exportaciones se da a través de las vías navegables y por los puertos: eso requiere una intervención estatal, para que no siga la evasión y el contrabando”, planteó Godoy.
En paralelo a la convocatoria de ATE y la CTA Autónoma, un grupo de organizaciones sindicales enroladas en la CGT difundieron el documento bajo la consigna Frente de Trabajadores por la Soberanía, en el que reclamaron la “derogación urgente del decreto 949/20” para alcanzar el “desarrollo estratégico y soberano del canal Magdalena, para defender el trabajo y la producción de Argentina”.
“La presencia del Estado en el Canal Magdalena constituye uno de los vértices neurálgicos de la plataforma portuaria-marítima y de la industria naval y es uno de los proyectos más importantes de la Nación, porque rompe el status quo colonial trazado por el Consenso de Washington, que mantiene al servicio de las corporaciones multinacionales las cargas y fletes de los productos primarios”, señaló el pronunciamiento gremial y político, que está respaldado el Sindicato Argentino de Obreros Navales, con la firma de su secretario General. Juan Speroni; la Multisectorial 21-F; la UOM San Nicolás y el Movimiento Octubres, entre otros.
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