El fiscal general de la provincia, Jorge Baclini, resolvió este jueves apartar a la auditora general de gestión del MPA, María Cecilia Vranicich, de las investigaciones contra el ex ministro de Seguridad y actual titular del Organismo de Investigaciones Marcelo Sain. Baclini dejó sin efecto la resolución de Vranicich, quien se declaró “incompetente” para avanzar en el caso, y ordenó iniciar un procedimiento disciplinario para definir el futuro del ex funcionario del gobierno de Omar Perotti.
El procedimiento disciplinario tiene por objeto determinar si Sain cometió alguna falta que amerite sanciones y que pongan en riesgo la continuidad al frente del Organismo de Investigaciones, cargo que ganó por concurso en 2018 y del cual pidió licencia para asumir, un año después, como ministro de Seguridad de la provincia.
El procedimiento será encabezado por el fiscal regional de Reconquista Rubén Martínez. Según consigna Aire de Santa Fe, el fiscal general firmó este jueves la resolución Nº 14/2021 en el marco del expediente que tramita los recursos interpuestos por el fiscal regional de Santa Fe Carlos Arietti y por diputados y diputadas de la oposición, contra la resolución Nº 131/2021 de la Auditoría General de Gestión.
La nueva resolución firmada por Baclini ordena dejar sin efecto aquella decisión previa de Vranicich, quien fue apartada del caso por el propio fiscal general del MPA. Ahora será el fiscal Martínez quien llevará adelante el procedimiento contra Sain.
El fiscal Martínez podrá disponer el inicio de la investigación disciplinaria, desestimar las denuncias o formular cargos. En caso de que haya una acusación, se deberá constituir el Tribunal de Disciplina y se seguirá el procedimiento establecido en el artículo 61 de la ley 13.013 (ley de Ministerio Público de la Acusación).
Sobre la resolución de la auditora, Baclini concluyó que “está claro que al encontrarse el Dr. Sain en licencia en su cargo del Ministerio Público de la Acusación, la potestad disciplinaria de este organismo permanece intacta como para proceder a la apertura de un sumario disciplinario a los fines de que los órganos correspondientes evalúen efectivamente si los hechos denunciados conforman o no conductas sancionables dentro de esta esfera, justamente por la subsistencia de la relación de empleo con el MPA y la lógica subordinación jerárquica”.
“Si tenemos en cuenta que la potestad disciplinaria se vincula a la relación existente entre un agente o funcionario y la administración pública –en este caso entre el Dr. Sain y el MPA/Poder Judicial–, mientras subsista esa relación el agente o funcionario podría incurrir en faltas disciplinarias y en consecuencia se podría ejercer la potestad disciplinaria”, asegura el fiscal general.
“De lo contrario –continúa el escrito de Baclini– estaríamos en presencia de situaciones absurdas, en las cuales, cualquier agente público en uso de licencia en su cargo efectivo, podría quebrantar todas las incompatibilidades, prohibiciones y/o deberes correspondientes a ese cargo, y luego de culminada la licencia retornar al mismo sin que aquellas le sean aplicables”.
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