El secretario general de las 62 Organizaciones y de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre), Gerónimo “Momo” Venegas, fue detenido ayer en el marco de la causa por la denominada mafia de los medicamentos, y quedó alojado en la Alcaidía del barrio porteño de Villa Lugano.
Luego de permanecer cerca de tres horas en la Superintendencia de la Policía Federal, el juez Norberto Oyarbide determinó que quede incomunicado y ordenó su traslado a la Alcaidía, en donde permanecerá hasta que el magistrado le tome declaración indagatoria, que está prevista que se realice mañana por la mañana en los Tribunales de Comodoro Py.
Integrantes de la Uatre y de las 62 Organizaciones expresaron su apoyo al detenido gremialista, del mismo modo que lo hizo el precandidato a presidente Eduardo Duhalde (ver aparte).
Por otra parte, fuentes policiales indicaron que se realizaron entre 14 y 16 allanamientos ayer en el marco de la causa conocida como mafia de los medicamentos, que alcanza a 52 obras sociales.
Al salir esposado de la dependencia de la Policía Federal, el líder gremial aliado a Duhalde expresó: “Estoy tranquilo”.
El arresto de Venegas se concretó cerca de las 11 en la sede de la Uatre, situada en Reconquista 630. Luego, la Policía realizó otros operativos para detener a otras tres personas vinculadas con la causa, según agregaron los voceros policiales.
Una comisión de la División Investigación Federal de Organizaciones Criminales (Difoc), encabezada por el comisario Néstor Roncaglia, se presentó en la sede sindical con una orden de arresto dispuesta por Oyarbide, a cargo de la causa por la venta de medicamentos robados y adulterados.
Venegas fue llevado en calidad de detenido a la Superintendecia de Investigaciones de la Policía Federal en el barrio de Palermo, en donde recibió la visita del asesor legal de la Uatre, César Arias, quien calificó de “absurda” su detención. Momo quedó implicado en la causa tras allanamientos realizados en diciembre pasado a decenas de obras sociales sindicales, entre ellas Osprera, que también preside.
En el juzgado de los Tribunales Federales de Retiro se analizó la documentación secuestrada durante el verano, ya que la causa no tuvo receso por feria judicial y se sumaron evidencias que derivaron directamente en una orden de detención, previa a cualquier citación a declaración indagatoria.
Fuentes del caso informaron que una de las sospechas era el desvío de dinero proveniente de subsidios estatales, destinado a financiar tratamientos oncológicos de alta complejidad que luego fueron para la compra de vehículos.
En el marco de la misma causa están detenidos, entre otros, el titular de La Bancaria, Juan José Zanola, procesado como jefe de una asociación ilícita; su esposa, Paula Aballay, los empresarios Lorenzo y Gabriel Brito y el ex policía bonaerense Juan José Salerno, quien fue socio de una de las tres víctimas del triple crimen de General Rodríguez, Damián Ferrón.
Asimismo, Oyarbide volvió a procesar, sin prisión preventiva y por segunda vez en dos días, al ex superintendente de Servicios de Salud, Héctor Capaccioli, a quien le imputó los delitos de “asociación ilícita, defraudación a la administración, negociaciones incompatibles y encubrimiento”. En esta nueva oportunidad el magistrado le fijó un embargo por 10 millones de pesos al encontrarlo prima facie incurso en las figuras penales de la asociación ilícita, defraudación a la administración pública, abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública.
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