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Nuevo Alberdi

Por ahora se sigue ordeñando

La Justicia postergó el desalojo del “Tambo de la Resistencia” y convocó a una audiencia “obligatoria” a las partes en disputa, y también a la intendenta y tres representantes del Concejo.


El “lanzamiento”, la puesta en acción del desalojo del Tambo de la Resistencia, que mantiene el Movimiento Giros en una parcela de Nuevo Alberdi, pasó a cuarteles de invierno. En lugar de concretarse, como se anunciaba, el próximo jueves 14, la jueza de Circuito Stella Maris Bertune citó a una audiencia para el miércoles a la que “deberán concurrir obligatoriamente las partes y sus defensores”, y también la intendenta Mónica Fein “o quien ella designe con facultades” y tres representantes del Concejo Municipal. Y antes de la audiencia, la magistrada realizará una inspección del predio en litigio, que enfrenta a un productor rural por una parte y a un empresario que representa a intereses inmobiliarios por la otra. Así, ayer cobraba mayor fuerza la potencial “salida política” para el conflicto, que desde hace más de una década viene sumando capítulos y nuevas denuncias que en los momentos más tensos incluyeron el seguimiento y filmación a una concejala del PRO que recorrió el lugar junto a un empresario, y el amedrentamiento con armas a militantes de la fuerza política.

El Concejo Municipal intervino ayer en el tema y, por unanimidad, votó una preferencia para que se trate un proyecto de Ciudad Futura para declarar de “interés social” los terrenos donde se afincan el tambo y la microindustria láctea conexa, en Nuevo Alberdi.

La misma iniciativa, en otro artículo, pide también a la Legislatura provincial la expropiación del lugar.

En la sesión de ayer hablaron, además de los representantes de Ciudad Futura, ediles del oficialismo y la oposición. Entre ellos, el titular del bloque Socialistas, Horacio Ghirardi, elogió el rápido accionar de la intendenta Fein, a quien atribuyó la gestión clave para lograr la postergación del desalojo y la convocatoria a una nueva instancia de acuerdo.

También los concejales Carlos Comi (ARI-Coalición Cívica), Fernanda Gigliani (Iniciativa Popular) y María Eugenia Schmuck (Radicales Progresistas) sumaron voces de apoyo para una salida política al conflicto, que involucra, además, a unas 250 familias residentes en la zona. Lo mismo celebraron el edil radical Martín Rosúa (UCR 1983) y el justicialista Osvaldo Miatello (Compromiso con Rosario) por el “encarrilamiento” de la disputa: ninguno se contaba hasta ahora entre los apoyos a una expropiación ni a una figura, la de interés social, que se aplica a viviendas, como lo marcó en la víspera la titular del Palacio Vasallo, Daniela León.

Entre los respaldos a los buenos oficios desentonó el edil del PRO Carlos Cardozo, quien cuestionó que la “debilidad estructural” de la gestión de Fein “la obliga a negociar con usurpadores de terrenos”.

Con todo, ahora se abre una nueva chance para una disputa compleja. El litigio viene de muchos años e involucra a un pequeño productor, Oscar Licera, quien, según denunció Giros, se mantuvo durante más de 20 años en un lugar donde convivían parcelas inundables con utilización rural junto a otras donde emprendimientos familiares horneaban ladrillos. Según rememora Giros, sobre todos ellos comenzó una presión firme y efectiva de un empresario, Mario Jáuregui, que decía tener la representación de los propietarios de la mayor parte de los lotes.

Según denunció Giros, en 2007 el tambero firmó “bajo engaño y presión” un comodato  por las tierras que entonces ocupaba con el emprendimiento. La intención, según el movimiento social que por entonces se mantenía fuera de la arena política, era constituir un nuevo barrio privado sobre esas tierras, sumando los lotes que contaban con propietarios legítimos con los que estaban ocupados por habitantes flojos de papeles, que fueron aceptando irse.

Se inició entonces una suerte de loteo con trazado de calles en terrenos que no contaban en ese momento con el amparo normativo para ser urbanizables, ya que no se había modificado –el Concejo lo hizo tiempo después  en base a nuevas obras hidráulicas que se fueron ejecutando en la región– el mapa de la mancha de inundabilidad.

La disputa también incluyó, a principios de 2013, un embargo de “animales, equipos de ordeñe, grupos electrógenos y de los dos prototipos de viviendas container autoconstruidas y habitadas por militantes del movimiento” de lo que ya era por entonces el Tambo de la Resistencia. Giros denució que la acción judicial involucraba “bienes colectivos” –no privados– que habían sido adquiridos con fondos de “proyectos de apoyo a la producción con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, el Ministerio de Agricultura de la Nación, el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia y la Secretaría de Promoción Social de la Municipalidad”.

Medio año después del embargo se inauguraba el “nuevo” Tambo de la Resistencia, con “plataforma en altura, dos nuevas bajadas (puestos de ordeñe) y comederos automatizados”

“Los compañeros que hacen el tambo ya no deberán agacharse para ordeñar, aumenta la cantidad de vacas por pasada y el alimento que antes se cargaba a mano en tachos, hoy se racionaliza automáticamente cuando la vaca sube a ordeñarse”, destacaba entonces Giros, que defiende el emprendimiento –junto a la escuela Etica y a otros proyectos de Nuevo Alberdi– como una unidad productiva de carácter social y comunitaria.

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