Alvaro Arellano
Un informe presentado en la Casa Patria Rosario, visibiliza la situación actual de beneficiarios del sistema de seguridad social y las vulnerabilidades a las que están expuestos. El 44% de los consultados se endeudó a través de un crédito Ansés ofrecido por el gobierno nacional. Mientras que un 54% dijo no saber de qué se trata la Reparación Histórica aprobada en 2016 por el Congreso.
Por otra parte, los datos reflejan cómo repercutió en el sector pasivo y como impactaron en la calidad de vida las modificaciones sobre el sistema de seguridad social. El 44% tiene la salud pública como única opción. Indican que ese porcentaje está vinculado al desempleo y la informalidad.
Las encuestas se llevaron adelante en Casilda y en dos distritos de la ciudad de Rosario. Respondieron principalmente jubilados, beneficiarios de AUH y de otras prestaciones de Ansés. El trabajo fue integrado con profesionales de otras disciplinas. Entre ellos, los presentes en la conferencia, el abogado Juan Irigoitia y la politóloga Franca Bonifaci.
El informe fue elaborado por la Comisión Bicameral de Control de los Fondos de Garantía de Sustentabilidad en conjunto con la Universidad Nacional de Rosario. El trabajo presentado este lunes en Casa Patria Rosario, con la presencia de la senadora nacional María de los Ángeles Sacnun, apunta a un funcionamiento en conjunto entre ambas instituciones para poner información respecto al tema a disposición de la ciudadanía.
Se destacan los niveles de desconocimiento que tienen los consultados sobre los beneficios a los cuales pueden acceder. Por otra parte relevan las condiciones socioeconómicas que atraviesan en este momento con indicadores negativos. El informe apunta a que ese grado de desconocimiento se da por la escasa promoción por parte del gobierno.
La senadora nacional e integrante de la Comisión Bicameral que controla los fondos de Seguridad Social, María de los Ángeles Sacnun, hizo una referencia inicial con respecto al informe: “Este régimen fue socavado con la Ley de Reparación Histórica, luego con la Reforma Previsional y al día de hoy con las medidas de fondo con las que insiste el gobierno”.
Modificaciones políticas
La abogada Liliana Coronel, coordinadora del convenio, habló de modificaciones previsionales como dosis homeopáticas, y no a través de una reforma integral, que han cambiado estructuralmente la seguridad social con tendencia a empeorar la situación de los sectores más vulnerables. En ese sentido hizo mención a la reforma (reparación histórica de mayo 2016), y a la nueva movilidad fue modificada en 2017 con una reforma distinta a la ley de 2008.
Con la finalidad de acercarse a casos reales en el territorio, tomaron la iniciativa de llevar adelante relevamientos comunitarios, en el territorio. “Habitualmente vemos datos nacionales, que en realidad son de Capital Federal, entonces decidimos hacer los números de la provincia de Santa Fe”, explicó Coronel.
Con respecto al informe, Coronel hablo de una manera de desmitificar “mitos urbanos sobre las prestaciones de Ansés”. Sobre el proceso de trabajo, hizo hincapié no solo en el relevamiento de datos, sino también en “una segunda instancia de socialización” con los encuestados.
Desconocimiento sobre beneficios
El abogado y especialista previsional, Juan Irigoitia, reparó en los datos relevados en Empalme Graneros. Hizo hincapié en que existe “un grado de desconocimiento muy grande y la idea de que la seguridad social tiene que ver solamente con las jubilaciones”.
El “alto grado de desconocimiento sobre políticas previsionales” que indica el informe, tiene que ver con tres ejes. El primer importante grado de desconocimiento tiene que ver con el 54% de los encuestados que dijo no saber de qué se trata el Programa de Reparación Histórica.
Otro indicador que puso en evidencia el escaso conocimiento fue una consulta acerca de qué opinaban sobre la inclusión jubilatoria. Un 30% no supo contestar. Mientras que la última pregunta tuvo que ver con el nuevo aumento dispuesto por el gobierno en 2017. Un 88% de los encuestados opinó que el aumento trimestral de jubilaciones y asignaciones les resulta insuficiente.
Salud pública es otro de los ejes abordados en la encuesta. En referencia al tema, Irigoitia explicó: “Encontramos un grado de informalidad económica y desocupación considerable que lleva también a la presión sobre la salud pública, de hecho en el centro de salud Juana Azurduy, nos comentaban que la cantidad de historias clínicas se incrementaron considerablemente”.
El informe indica que un 44% de los encuestados accede a la salud pública y un 23% se encuentra cubierto por Pami. El texto agrega que esos porcentajes “están estrechamente vinculados con el porcentaje de desempleo y trabajo informal registrado en la muestra”.
Créditos riesgosos
La politóloga Franca Bonifaci también formó parte del relevamiento, y durante su exposición hizo especial hincapié a los créditos Ansés. Explicó que existe “mucha información disponible sobre los créditos, pero no así sobre las leyes de previsión social”.
De hecho, consideró que la oferta está específicamente apuntada a “sectores más vulnerables y que están en situaciones difíciles en materia de endeudamiento”. Los créditos para jubilados, pensionados y beneficiarios de AUH van de los 5 mil a los 200 mil pesos, con tasas de interés de hasta el 50% de interés anual. De acuerdo al informe, el 44% de los encuestados dijo haber accedido a un crédito Anses en los últimos tres años.
Quienes más apelaron a estos préstamos son, en primer lugar los beneficiarios de AUH (39%), seguidos por jubilados y pensionados (27%). Un 10% fue solicitado por trabajadores que cuentan con el Salario Familiar (Suaf) y el 24% restante fue realizado por beneficiarios de otras prestaciones de Ansés.
Al revisar el destino de esos préstamos, se estimó que un 37% fueron destinados a consumo general. Según el informe, lo que se anunció como una oportunidad para progresar o reducir los niveles de pobreza, “está siendo utilizada para costear las necesidades básicas”.
Situación socioeconómica
Entre los encuestados también se consultó sobre la su situación económica en relación a los ingresos que perciben en sus hogares. Las respuestas dispararon que un 42% de esas familias se encuentran en la indigencia, un 30% son pobres y solo un 28% pude satisfacer la canasta básica alimentaria.
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