Veintiséis policías, en su gran mayoría comisarios, son investigados en instancia administrativa o bien judicial por enriquecimiento ilícito, según trascendió de voceros judiciales. Entre ellos, ex jefes de la Policía provincial, como Ricardo Cáceres, Daniel Toledo, Hugo Tognoli y Cristian Sola. Hay once sumarios aún no elevados a la Justicia y el resto ya pasó a despachos tribunalicios, dos de los cuales están por ahora en manos de los fiscales del nuevo sistema penal. Sólo hay un policía procesado, Hugo Giuliano, quien fuera jefe de Unidades Especiales de la UR II, resolución que está apelada.
“En total hay 26 causas en investigación, de las cuales 24 están en el viejo sistema o aún no tienen requerimiento judicial; sólo dos están en el nuevo sistema y es discutible, porque la ley 13.004 que regula la transición de un sistema al otro, en su artículo 2 párrafo 2, sostiene que las causas que se iniciaran antes del 10 de febrero se rigen por el viejo sistema y para establecer esa fecha se debe tomar en cuenta el momento en que el caso llega a conocimiento de la autoridad provincial con competencia para intervenir en su prevención o investigación preparatoria, sin importar la fecha de comisión del hecho. Y en el caso de Ricardo Cáceres y Osvaldo Bejarán (quien fue jefe de Leyes Especiales de la UR II) la investigación la hizo la preventora (Dirección Asuntos Internos) con un organismo competente, en este caso los Juzgados de Instrucción 13ª y 15ª, respectivamente, que autorizaron los oficios a las reparticiones públicas para investigar el patrimonio”, describió un vocero judicial la situación de un centenar de investigados desde 2006 a hoy.
La mención sobre Cáceres –investigado por dos propiedades en barrio Martin y otra en General Lagos– y Bejarán viene a cuento de que Asuntos Internos les dio plazo de un mes para que justifiquen su patrimonio en sede administrativa, pero a la vez elevó los sumarios a la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos del nuevo sistema. Desde la Procuración de la Corte opinan que estos dos casos deben tramitarse por la llamada justicia conclusional.
Según las fuentes, en Asuntos Internos hay once sumarios, dos de los cuales ya están concluidos y listos para ser elevados a la Justicia: el del ex jefe de la Policía provincial Daniel Toledo –sospechado por la propiedad de tres taxis y un campo en Entre Ríos–; y el del ex jefe de Inteligencia Rosario de la ex Drogas Gustavo Spoleti (hoy en Unidades Especiales de San Lorenzo).Se suman Juan Kluwak (ex jefe de Unidades Especiales de la UR II), David Benavente (ex jefe de Orden Público de Rosario, desplazado por denuncias sobre cajas negras del oficial Juan José Raffo), Jorge Wollschlegel (ex inspector de zona en Rosario, superior de Raffo), el propio Raffo (condenado por el robo de una puerta y procesado en la megacausa Monos), Marcelo Egido (ex titular del departamento de Logística provincial), Alfredo Polenta (ex jefe de Unidades Especiales en Cañada de Gómez), Jorge Martínez (ex jefe de la regional General López), Ariel Bengochea (actual inspector de zona en Rosario y salpicado por denuncias contra su entonces jefe en Investigaciones de la UR II Claudio Gorosito) y el cabo 1º Facundo Lencina, ex secretario del subjefe de Rosario, Miguel Rodríguez, eyectado tras las denuncias de Raffo. Dos de estos casos fueron archivados en vía administrativa, pero el fiscal de Cámaras Guillermo Camporini los solicitó a requerimiento del procurador Jorge Barraguirre para su estudio.
Los voceros explicaron que cuando Asuntos Internos recibe una denuncia comienza una investigación administrativa hasta el cuarto grado de consanguinidad y el segundo de afinidad. Por eso suele afirmarse que las investigaciones llevan mucho tiempo. De hecho, las mencionadas comenzaron entre 2006 y 2009.
Según las fuentes, los investigadores sacan el cálculo en base a la fecha en que los sumariados ingresaron a la fuerza, lo que ganaban al momento de adquirir el bien y su precio histórico. Lo hacen con todos los bienes que adquirieron en su carrera y luego actualizan a precio actual. Si este monto supera en un 60 por ciento el capital del investigado, se hace el requerimiento judicial y el caso queda en condiciones de investigarse en sede tribunalicia porque hay una sospecha.
En algunos de estos casos (Toledo, Spoleti, Kluwak y Benavente), los oficios necesarios para la investigación administrativa salieron del Juzgado de Instrucción 4ª, con la firma del entonces juez Jorge Juárez, a quien sucedió Juan Vienna. Por eso los requerimientos de Toledo y Spoleti, con sumarios finalizados, están en ese tribunal a la espera de un llamado a indagatoria. Por lo tanto, especulan los portavoces, no todos tramitarán en ese juzgado sino que es posible que se tenga en cuenta qué tribunal estaba en turno al momento de las denuncias que originaron los sumarios.
En sede judicial, semanas atrás, el juez Juan Andrés Donnola procesó a Hugo Giuliano, luego de que dos magistrados no hubieran encontrado pruebas para hacerlo. Hay otra causa en Instrucción 8ª donde se investiga a Daniel Moscatelli (ex jefe del departamento Belgrano), y una tercera en Instrucción 4ª contra Rodolfo Romero (ex titular de Unidades Especiales en Rosario).
En Instrucción 5ª están las causas contra Alejandro Druetta (jefe de Drogas en General López), Fernando Romitti (ex titular de la Dirección General de Prevención y Control de Adicciones), Marcelo Mendoza (ex subjefe de Drogas provincial), Dardo Saucedo (ex jefe de Orden Público en la UR II), Hugo Fornero (ex titular de Judiciales en Rosario), el sargento Jorge Blanco y el ex jefe de la regional de Cañada de Gómez Juan Quesada, desplazado en 2003 por denuncias de apremios en dependencias bajo su control.
También fue indagado el ex jefe de Policía de Rosario Néstor Arismendi, a raíz de que no pudo justificar ante Asuntos Internos cuatro departamentos en Maipú al 900 y una propiedad en Zavalla. A los anteriores se suman en el mismo tribunal los casos de dos recientes jefes provinciales: Hugo Tognoli, procesado en dos causas por connivencia con presuntos narcos, y Cristian Sola, denunciado a la vez en otra causa judicial por el diputado opositor Gerardo Rico por ser dueño de una casa de medio millón de dólares.
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