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Policías encausados por robo

Un sargento y un agente fueron procesados por asaltar y privar de la libertad a una familia, tras montar un falso allanamiento judicial en una vivienda particular. Ya estaban en disponibilidad por otros delitos.

Dos policías con abultados antecedentes penales fueron procesados por robo calificado y privación ilegítima de la libertad por un hecho perpetrado en abril pasado, atribuido a la denominada Banda de los Uniformados, en el que una familia de barrio Alvear fue asaltada por cuatro personas que vestían uniformes policiales que, tras golpearlos y maniatarlos, les exigieron a punta de pistola la entrega de “la plata que está en la bolsa”. El robo de ese dinero y de otros objetos de valor ocurrió días después de que la Brigada de Investigaciones realizara en ese mismo domicilio un allanamiento en busca de un arma que no fue hallada y tras el cual se denunció el faltante de una cuantiosa cantidad de billetes.

“Somos policías corruptos: yo sé que hay plata en la casa, danos la plata de la bolsa o me llevo a tu hijo a la Circunvalación y lo mato como a un perro, me los llevo a todos y los mato”. Así recordaron el mal momento las tres personas que estaban en la mañana del 17 de abril pasado en una vivienda de Biedma al 4100 cuando fueron asaltadas por cuatro hombres con uniforme policial, dos de los cuales permanecen sin identificar, mientras que los restantes fueron procesados esta semana por el juez de Instrucción 7ª, Juan Andrés Donnola.

Se trata del sargento Luis Alberto Gastaminza, de 51 años y conocido como Gato, y de Miguel David Frías, un agente de 27 años, pertenecientes a la Policía provincial, que ya estaban en disponibilidad por la acusación de cometer diferentes delitos y que fueron detenidos un mes después del atraco, durante procedimientos simultáneos en el que fueron incautados uniformes policiales, borceguíes, armas, handies sintonizados en la frecuencia policial, teléfonos celulares y dinero en efectivo.

Ambos fueron señalados sin vacilar por las tres víctimas (una mujer, su hijo y un sobrino) en un reconocimiento fotográfico, indica la resolución judicial. De los testimonios de la familia se desprende que el robo fue perpetrado por cuatro uniformados que a las seis de la mañana descendieron de un auto y simularon un allanamiento, aunque una vez en el interior de la vivienda golpearon a los dos muchachos, los encapucharon con camperas y los ataron con precintos plásticos.

“¿Como sabían ellos que yo tenía ese monto de dinero en una bolsa en el placard?”, se preguntó la dueña de la casa dejando manifiesta su sospecha de que el allanamiento realizado una semana antes por personal de la Brigada de Investigaciones, bajo la orden del juez de Instrucción 3ª José María Caterina, estuvo vinculado con el robo sufrido una semana después por la denominada Banda de los Uniformados.

“Cuando entraron a robar fueron directamente a mi pieza y al ropero y me exigían la bolsa con 50.000 pesos”, dijo la mujer en sede judicial, tras resaltar que durante el allanamiento “legal” realizado una semana antes los policías que buscaban un arma, que no encontraron, se “desesperaron” al ver que tenía 85.000 pesos en un bolso y le exigieron 20.000 a fin de no “plantarle” el arma, situación a la que accedió.

La madrugada del allanamiento trucho, la mujer les dijo que no tenía ese dinero y que sólo le quedaban 25.000 que guardaba en la casa de un vecino, que le hicieron ir a buscar y se llevaron junto con dos notebooks, celulares y una cadena de oro. Por ese hecho, el juez Donnola procesó a los dos policías, mientras que los otros dos participantes del operativo inventado siguen sin ser identificados.

El juez les imputó a ambos haber ingresado intempestivamente en el domicilio de calle Biedma al 4100 presentándose como personal policial, y bajo amenazas de muerte con armas de fuego, colocarles precintos en las muñecas, hacerse del dinero, dos notebooks, varios celulares y una cadena de oro. En tanto, a Frías también le imputó la tenencia ilegítima de un revólver y de una réplica de pistola 9 milímetros que se le secuestró en su vivienda de Presidente Quintana y Vera Mujica, donde atiende una rotisería de su propiedad.

En sus indagatorias, ambos negaron los hechos, dijeron no conocerse entre sí y brindaron coartadas que no fueron estimadas por el juez Donnola, quien tuvo en cuenta no sólo el reconocimiento fotográfico sino también la indumentaria incautada en los allanamientos y la descripción física “idéntica” brindadas por las víctimas. El juez también convirtió en prisión preventiva las detenciones y les trabó un embargo de 25.000 pesos. Además, ordenó realizar un reconocimiento fotográfico de los policías que forman parte de la Brigada de Investigaciones que realizaron el allanamiento una semana antes de este robo y mandó copias de todo lo actuado a la Dirección Provincial de Asuntos Internos.

Gastaminza estuvo vinculado con varias causas penales, entre ellas el asesinato del policía Germán Galván, de 31 años. Su cadáver apareció tirado en mayo de 2010 en Estados Unidos y Santa Fe. Tenía un disparo en la espalda que según los investigadores recibió cuando estacionaba su auto frente a un quiosco de drogas del barrio Ludueña. Pero Gato ya estaba en disponibilidad desde 2004 por una extorsión. En marzo de 2008, lo acusaron de realizar un allanamiento ilegal en una casa de avenida Provincias Unidas y bulevar 27 de Febrero. Antes y después de este hecho se lo vinculó con distintos asaltos perpetrados por personas vestidas con uniformes policiales, investigación que sigue su curso.

Frías fue puesto en disponibilidad en mayo de 2010, tras ser procesado por una causa de amenazas fechada en febrero. Además, estuvo mencionado en una investigación por el robo de dos motos y en el asalto al tesoro regional del banco Credicoop, de Santa Fe al 1000, durante el cual una banda robó 2,7 millones de pesos en marzo pasado.

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