Lucía Demarchi/Carina Ortiz
Cuatro policías de la Patrulla de Caminos de la UR II fueron condenados a seis años de prisión después de que la magistrada a cargo de juzgado de Sentencia de la 7ª nominación los encontrara culpables del delito de extorsión. El hecho que los llevó a juicio tuvo lugar el 11 de enero de 2008, cuando un hombre oriundo de la provincia de Buenos Aires y su primo de nacionalidad española cruzaron el peaje de General Lagos, transportando insumos de peluquería. Los uniformados que se encontraban a cargo de un control policial les solicitaron la boleta de la mercadería y, como no la tenían, los acusaron de haberla robado. Además, le plantaron pastillas de Clonazepan dentro de auto, lo que según ellos era una violación de la ley federal, por lo que estaban “hasta las bolas”. Los dos hombres pagaron unos 5 mil pesos para que los dejaran ir. Para esto tuvieron que pedir que les giraran dinero desde España. Tres horas después, y tras un periplo por Rosario y sus alrededores, fueron dejados en libertad bajo amenaza de muerte si llegaban a hablar. Las víctimas radicaron la denuncia en la fiscalía de turno a las pocas horas.
Fueron siete los efectivos policiales de la Patrulla de Caminos que llegaron a juicio por el delito de estafa. Todos ellos –y un octavo que falleció durante la instrucción–, se encontraban en el control policial del peaje de General Lagos aquel 11 de enero de 2008. Sin embargo, sólo cuatro de ellos recibieron la condena a seis años de prisión, ya que las pruebas los sindicaban como los partícipes directos del delito de extorsión. Se trata de Eduardo Víctor Álvarez, de 50 años; Daniel Eduardo Rolón, de 50; Luis Alberto Sciortino, de 41, y Leonardo Enrique José Rodríguez, de 35.
Por su parte, Rubén Daniel M., de 48 años; Hugo Ramón L., de 44; y Ramón Ignacio L., de 50, fueron absueltos del delito, ya que si bien se encontraban en el lugar, no se encuentra acreditado que hayan dado su consentimiento para la concreción del delito.
Según la denuncia realizada en la Fiscalía 4ª, que ese 11 de enero se encontraba de turno, el hecho ocurrió cerca de las 10 de la mañana, pasando el peaje ubicado a la altura de la localidad de General Lagos, sobre la autopista Rosario-Buenos Aires.
Allí, un grupo de ocho policías que estaba realizando un operativo de control, hizo detener el automóvil Volswagen Gol en el que viajaban Santiago Ezequiel Mercatante, oriundo de la provincia de Buenos Aires, y su primo, Juan Balmon López, de nacionalidad española, que vive en Palma de Mallorca y se encontraba de vacaciones.
Cuando frenaron, se les acercó un policía que les pidió la licencia de conducir y la cédula verde. Al comprobar que la documentación estaba en orden, les solicitó que descendieran del vehículo para inspeccionarlo, al tiempo que les preguntaba si llevaban drogas o armas de fuego.
Según el relato de las víctimas, el uniformado encontró unas cajas que llevaban en el baúl y les pidió la factura. Es que Mercatante trabajaba para una distribuidora, y en ese momento estaba trasladando insumos de peluquería a Rosario, pero no llevaba la documentación de la mercadería.
En ese momento, se acercaron al auto otros tres efectivos que comenzaron a revisar el coche. Uno de ellos sacó cuatro pastillas de Clonazepan y les dijo: “Están hasta las bolas”. Es que según el efectivo, eso era droga peligrosa y su posesión era un delito federal, por lo que les secuestraría el auto e irían presos.
En ese contexto, uno de los uniformados les dijo que un abogado les costaría 10 mil pesos, y les aconsejó que “se fijaran cuánto podían juntar”, porque se lo contrario no saldrían más, reza el fallo.
Entre Mercatante y Balmon López juntaban 950 pesos, pero esta suma no conformó a los uniformados, que instigaron al español para que consiguiera más dinero a través de un giro bancario.
Balmon López se comunicó con su jefe en España, a quien le solicitó que le enviara la suma que pudiera a través de la empresa Western Union. Tras esta transacción, dos policías se subieron al auto de las víctimas, a quienes obligaron a seguir al móvil policial hasta una sucursal de esta compañía ubicada en San Martín al 3300. Allí, uno de los uniformados acompañó al ciudadano español a retirar el dinero, unos 3.500 pesos.
Ya cerca de las 13, los cuatro policías llevaron a los hombres debajo de un puente de avenida Circunvalación. Allí les robaron la mercadería del baúl, una máquina de fotos digital, un celular, una cadenita de plata, el estéreo del auto y un estuche con CDs. Finalmente se fueron del lugar, pero antes les advirtieron que tuvieron cuidado con lo que hacían porque tenían todos sus datos.
Tras todo ese periplo y a pesar de las amenazas, Mercatante y Balmon López, se dirigieron al consulado de España, donde hablaron con el canciller, Illanes Hernández, quien les recomendó, considerando las características del hecho, saltear la instancia policial y denunciar lo ocurrido en los Tribunales.
Unos días después, el propio Hernández recibió una amenaza en su celular. “Soy el zorro, buchón, buchón, vas a terminar en una zanja”, decía el mensaje grabado en el contestador.
La jueza Raquel Cosgaya, a cargo del Juzgado de Instrucción de la 6ª Nominación, solicitó al perito informático de la UR II que realizara pericias sobre el teléfono del diplomático, y determinó de dónde provenían las amenazas. A los pocos días, recibió dos amenazas escritas, una de ellas con una bala calibre 9 milímetros pegada a un papel.
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