La Legislatura de Río Negro dio el primer paso para modificar la Ley de Tierras y el Código Minero en el marco de cuatro reformas impulsadas por el gobernador electo Alberto Weretilneck, actualmente senador nacional.
La polémica iniciativa fue presentada el 13 de noviembre pasado y aprobada cuatro días después con fuerte rechazo por parte de organizaciones sociales y comunidades indígenas que denunciaron que –en caso de concretarse– se van a vulnerar derechos consagrados para favorecer a empresas mineras, petroleras e inmobiliarias.
Las modificaciones podrían aprobarse dentro de 15 días. Según organizaciones opositoras afectarán cerca de 5 millones de hectáreas. En ese marco, el martes de la semana próxima fue convocada una movilización para rechazar las reformas y evitar “la entrega del ambiente y los bienes comunes”.
El pasado 17 de de noviembre, la Legislatura de Río Negro aprobó por mayoría la iniciativa para modificar las disposiciones de la Ley de Tierras que busca ratificar el dominio sobre terrenos fiscales (provinciales y nacionales) en todo el territorio provincial.
La iniciativa fue impulsada por el bloque oficialista Juntos Somos Río Negro. Uno de sus legisladores y autor del proyecto, Lucas Pica, dijo que “la tierra debe ser para quien la trabaja” y que las reformas buscan un nuevo marco para la administración, disposición y enajenación de terrenos fiscales. En ese sentido resaltó que la ley vigente es antigua, fue regulada hace más de 60 años y no contempla desarrollos productivos actuales como la minería y emprendimientos turísticos.
Durante la sesión, el oficialismo obtuvo el apoyo del Frente Renovador y el Frente Grande y sumó el rechazo del Frente de Todos, Unidad Ciudadana y Kolina Río Negro.
Los legisladores expresaron preocupación por algunos puntos del proyecto vinculados a la transformación del uso de las tierras fiscales porque pasaría de una producción agrícola y ganadera de pequeña escala a la posibilidad de uso industrial o turístico. Al respecto se mostraron temerosos ante la desprotección de pequeños productores frente a grandes empresas, la falta de regulación en la venta de extensiones de tierras y la necesidad de salvaguardar recursos naturales estratégicos.
La titular del bloque del Frente de Todos, María Eugenia Martini, cuestionó la celeridad con que se intenta tratar un proyecto tan delicado y resaltó “estamos hablando de casi 5 millones de hectáreas de tierras fiscales, un Código que se va a modificar y que deja afuera a sus principales protagonistas: las comunidades originarias y los pobladores rurales”.
Las reformas también contemplan modificaciones en los códigos de la actividad minera, entre ellos, la recaudación de regalías. De aprobarse, su cobro quedará centralizado en el ejecutivo y le quitará participación a los municipios. Según detalla la iniciativa, las regalías subirían de un 2% a 3%, pero a repartir entre los municipios afectados por el área en explotación y no como ahora entre los 39 municipios provinciales.
Racismo estructural
Durante el intenso debate estuvieron presentes miembros de la comunidad Mapuche en forma de protesta. Reclamaron que la reforma incluya un artículo de exclusión normativa para no legislar sobre cuestiones relacionadas a las comunidades originarias.
Es que las reformas afectarían unos 5 millones de hectáreas, muchas de ellas en posesión de comunidades mapuche-tehuelches, quienes también reclaman que se tenga en cuenta el mecanismo de consulta previa e informada como lo establecen tanto las normativas nacionales vigentes como otras internacionales.
El intento de una reforma sin consulta previa, libre e informada fue denunciado tanto por el Parlamento del Pueblo Mapuche como por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Regional Bariloche. Al respecto dijeron que se están violando los derechos constitucionales de las comunidades y mencionaron el no cumplimiento de la ley 26.160.
“Esto se llama racismo estructural. Hace más de 10 años que no se lleva adelante el relevamiento de la ley 26.160, hay 140 denuncias por pérdidas territoriales que investigó la Comisión Legislativa de Transferencias de Tierras Rurales que funcionó desde el 2012 al 2015”, sostuvieron desde el Parlamento del Pueblo Mapuche a la Agencia de Noticias Bariloche (ANB).
Días antes de la votación, el vocero del Parlamento Mapuche Orlando Carriqueo había denunciado el ingreso de los proyectos “sin consulta” previa. “Esta situación se viene repitiendo desde 2016 con el gobierno de Juntos Somos Río Negro que quiere modificar una ley que es trascendental”, remarcó el mapuche.
Explicó que el cuestionamiento no es solo por la falta de participación del Parlamento Mapuche, en el proceso de consultas que vienen reclamando, sino que también piden “la transparencia que tienen que tener los actos legislativos en democracia”.
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