El jefe de la Policía provincial, Víctor Sarnaglia, dispuso que los uniformados podrán “poseer cartucho en recámara” mientras cumplan funciones. En otros términos: podrán tener sus armas listas para disparar en cualquier momento. La resolución del jefe policial generó un cortocircuito dentro del propio gobierno: la secretaria de Derechos Humanos de la provincia, Lucila Puyol, cuestionó la medida y señaló que “llevar una bala en la recámara no garantiza la seguridad de la Policía, menos de la población; al contrario, la pone en riesgo”.
La resolución 001/2020 firmada por el jefe de la Policía y divulgada el lunes 13 deja sin efecto la resolución 003/1998 vigente desde el primer gobierno de Jorge Obeid. Un retroceso de más de 20 años, según interpretó Puyol, quien proviene del movimiento de derechos humanos y, antes de asumir su cargo, fue abogada de Hijos Santa Fe y querellante en diversas causas de lesa humanidad. El trasfondo de la polémica es la posibilidad de que, a partir del nuevo reglamento, recrudezcan los casos de gatillo fácil.
En su resolución, Sarnaglia argumentó la medida “atento a las actuales situaciones de inseguridad reinante y de violencia inusitada en todo el territorio provincial, queriéndose resguardar la seguridad de toda la población santafesina y de todo el personal policial actuante”. Y agregó que “en función de lo antes apuntado, se arriba a la necesidad de la unificación de los criterios de actuación y protocolo en la actividad policial”.
Con esos argumentos, el jefe de la Policía santafesino instruyó “a todo el personal policial a que, según la situación policial en la que se proceda y los criterios de seguridad y de integridad física propia y de terceros que se deban adoptar, se habilite a dilucidar la posibilidad de poseer cartucho (provisto oficialmente por la Policía de la provincia de Santa Fe) en recámara”.
Además, en el último punto de la resolución, Sarnaglia dispone informar a todos los departamentos internos de la Policía (Personal, Informaciones, Operaciones, Logística y Judiciales) y a todas las unidades regionales “para su comunicación al personal subalterno”. Y también a la secretaría de Seguridad de la provincia “a los fines administrativos correspondientes”.
La primera reacción no fue desde la oposición política sino desde el propio seno del gobierno provincial. La secretaria de Derechos Humanos y Diversidad de la provincia cuestionó la medida con una cita directa referida al presidente Alberto Fernández: “Como dijo el presidente, la mano dura no sirve y no resuelve los problemas de seguridad”.
Fernández se había manifestado contra la mano dura al señalar que “no es verdad que para combatir el delito hace falta disparar pistolas eléctricas sobre la gente, picanear a la gente; o que para preservar la seguridad hace falta avalar que un policía dispare por la espalda sobre otra persona que escapa”.
Esas declaraciones del presidente se enmarcan en la discusión que se generó entre el gobierno nacional y el ministro de Seguridad de Buenos Aires, Sergio Berni, referida a la posibilidad de utilizar pistolas Taser en esa provincia.
Puyol hizo propia la posición del presidente para manifestarse en contra de la decisión del jefe de la Policía de Santa Fe. Y argumentó: “Llevar una bala en la recámara no garantiza la seguridad de la Policía, menos de la población; al contrario, la pone en riesgo”.
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