Ana Laura Píccolo
Un vecino que recorría en bicicleta la desembocadura del arroyo Ramallo y el río Paraná descubrió que el césped de un campo verde y arbolado encubría un cementerio de cenizas y rastros de máquinas excavadoras. Sacó fotos.
Un pescador que costeaba el río a la altura de San Nicolás se sorprendió al ver cómo un hidrante vertía al agua un líquido negro y espeso. Capturó el momento con su celular, lo subió a las redes y se viralizó. De fondo se lo escucha preguntar: “¿Y esto quién lo paga?”.
Ambas escenas quedaron plasmadas en un expediente que tramita ante la Justicia federal a partir de una denuncia contra la Central Termoeléctrica AES que utiliza carbón mineral para producir electricidad, el combustible fósil que más emisiones contaminantes genera durante su combustión.
La causa por presunta infracción a la ley de residuos peligrosos investiga si la firma de capitales norteamericanos descarta sus desechos de manera ilegal, en especial las cenizas que deja la combustión del carbón mineral, altamente tóxicas porque contienen metales pesados en niveles elevados.
Para los denunciantes la contaminación lleva décadas: aseguran que las cenizas fueron vertidas al río sin tratamiento previo; enterradas de manera irregular en espacios públicos y dentro del propio predio (ubicado en San Nicolás, a orillas del Paraná); y desechadas en el relleno sanitario de esa localidad bonaerense que linda con la ciudad de Rosario.
Una pericia realizada hace ocho meses acaba de confirmar la presencia de “plomo total” en los efluentes y napas de agua subterránea. Las muestras fueron extraídas dentro de la planta industrial de AES, y peritadas de forma parcial ya que aún restan estudios por realizar.
La investigación judicial contra la Central Térmica de San Nicolás se inició en 2021 tras una denuncia de la ONG Foro Medio Ambiental (Fomea) por presunta contaminación.
Un video subido a las redes por un pescador fue el puntapié inicial ya que las imágenes capturaron el momento en que un hidrante de la empresa desechaba un líquido negro espeso al río, lo que hizo presumir que se trataba de desechos líquidos contaminados con cenizas.
Con esa prueba, la Fiscalía Federal de San Nicolás realizó dos inspecciones por fuera de la planta industrial en la que constató la presencia de cenizas y el vuelco de una carga de residuos con metales pesados como el cadmio.
A partir de esos resultados, el fiscal Matías Di Lello requirió ante el juez federal Carlos Villafuerte Ruzo una orden de allanamiento dentro de las instalaciones de la central termoeléctrica, a fines de 2021, donde extrajo muestras de suelo, agua y cenizas para ser analizadas y determinar si la antigua usina que aún opera a carbón vertía sus residuos en la tierra y el río Paraná sin aplicar ningún tratamiento adecuado.
La medida se repitió un año más tarde, en noviembre de 2022, con muestras extraídas en la zona de vuelco de efluentes y en las napas de agua subterráneas. El resultado encendió alarmas.
Plomo en el agua
“Esta última pericia pudo determinar que el agua subterránea que ocupa el predio de la Central Termoeléctrica AES está contaminada con plomo. Es una situación grave y preocupante que se suma al listado de empresas que contaminan el Paraná y las aguas subterráneas, que tienen conexión directa con el río”, expresaron desde la ONG Foro Medio Ambiental (Fomea), querellante en la causa, tras conocer los primeros informes.
“La presencia de plomo se suma a pericias anteriores donde encontraron cadmio. Estamos hablando de residuos peligrosos, altamente tóxicos que afectan fundamentalmente el desarrollo cognitivo de los niños y contaminan el agua para consumo humano”, agregaron.
“También existen documentadas infracciones en las descargas de emisiones gaseosas a través del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (Enre) –dijeron– además de la causa penal que investiga enterramientos clandestinos de ceniza fuera del predio industrial”.
Tecnología obsoleta
Las centrales termoeléctricas que funcionan a carbón mineral son cuestionadas por los tratados y acuerdos ambientales de todo el mundo por su tecnología obsoleta: los gases en la atmósfera resultantes de la quema de combustibles fósiles producen efecto invernadero y calentamiento global.
Desde la ONG objetan su existencia pero por sobre todo denuncian que la firma funciona de manera ilegal porque no aplica “tratamientos adecuados” a los residuos tóxicos que genera.
“Las cenizas tienen dos o tres veces más concentración de metal pesado que el carbón que se quemó para hacer funcionar las turbinas. Hablamos de plomo, níquel, cadmio en niveles elevados”, sostuvieron desde Fomea en relación a la peligrosidad que representan para los organismos vivos y para los ecosistemas porque son bioacumulables, es decir, no se disuelven ni degradan.
Tras conocerse los primeros resultados de la pericia, los querellantes solicitaron una serie de medidas ante la Fiscalía Federal. En primer lugar que se de por acreditado que la Prefectura Naval Argentina (PNA) detectó “masiva presencia de plomo total en todos sus efluentes” dentro del predio y acreditó también “contaminación con plomo total del agua subterránea” superando los límites permitidos.
Ante ello, y al considerar que “es un nuevo elemento de prueba que acredita la comisión del delito denunciado”, pidieron que el fiscal avance con el llamado a indagatoria de los directivos de AES, al considerar probado que la central industrial utiliza el agua del río Paraná para “diluir” la carga contaminante de sus efluentes e incorporar al ambiente residuos peligrosos.
La presencia de plomo en el agua subterránea “proviene de décadas de contaminación generadas por el inadecuado manejo de los residuos peligrosos producidos por la combustión del carbón mineral que realiza AES”, aseguraron.
Impericias
Fomea solicitó además que se termine la pericia que dejó inconclusa la Prefectura Naval Argentina, ya que la Fuerza se hizo cargo de los estudios “para luego informar que no cuenta con la posibilidad de realizar análisis con la sensibilidad que establece la ley para fijar límites, un supuesto déficit que debió haber informado cuando se le encomendó la medida”.
En segundo lugar, los querellantes dijeron sentirse rehenes del Estado que se disputa de manera interna a quién le corresponde financiar los análisis de laboratorio que quedaron pendientes aduciendo falta de fondos económicos.
“Estamos reclamando al poder Judicial, al Ministerio Público Fiscal, a los órganos ejecutores que hagan lo que tengan que hacer y pongan a disposición los recursos humanos y tecnológicos necesarios. El Consejo de la Magistratura ya dijo que no iba a aportar los fondos para hacer las pericias, una aberración, pese a que hay tratados internacionales que obligan al Estado a perseguir este tipo de delitos ambientales. Hablamos de un simple análisis de laboratorio”, lamentaron.
Vieja Usina
La Central Termoeléctrica de San Nicolás fue fundada en la década del 50 durante el gobierno de Juan Domingo Perón, en el segundo plan quinquenal implementado para fortalecer la industria pesada. En 1993, la Vieja Usina, como solían llamarla, pasó a manos extranjeras en el marco de las privatizaciones llevadas adelante por el presidente Carlos Saúl Menem durante los años noventa.
Actualmente la firma AES (por sus siglas en inglés Applied Energy Services) tiene plantas en cuatro provincias argentinas (Buenos Aires, Salta, San Juan y Neuquén) y enfrenta causas internacionales por contaminación en distintos países como Puerto Rico y Chile.
Chernóbil chileno
El mes pasado, una de las causas contra la firma de capitales norteamericanos derivó en una clausura por contaminación ambiental. Se trata de la planta eléctrica AES Andes, ubicada en la región de Valparaíso, que tiene características similares a la de San Nicolás ya que funciona con la quema de carbón mineral.
La central está ubicada en la bahía de Quintero-Puchuncaví, más conocida como el “Chernóbil chileno”, porque alberga una veintena de termoeléctricas, petroleras y plantas químicas que emiten a la atmósfera gases contaminantes y provocan recurrentes episodios de intoxicación.
Las tres compañías más grandes investigadas en esa zona por altos niveles de contaminación son AES Andes, la Empresa Nacional del Petróleo (Enap) y la minera estatal Codelco, la productora de cobre más grande del mundo que el mes pasado clausuró de forma definitiva su planta de fundición tras décadas de intoxicaciones masivas.
La Superintendencia de Medio Ambiente de Chile acusa a AES Andes de mantener las emisiones de dióxido de azufre a mediados de marzo y abril pasado por encima de los niveles permitidos e investiga si es responsable de los recurrentes episodios de intoxicación que sufre la población, con mareos y desmayos.
El último hecho de contaminación masiva ocurrió el mes pasado, cuando un centenar de personas, en su mayoría niños, presentaros síntomas de intoxicación. El gobierno chileno debió declarar “alerta sanitaria” en tres poblaciones de esa zona tras confirmar que se trató de cuadros producidos por alta contaminación en el aire.
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