El fallo judicial que esta semana ratificó el recurso de amparo de los vecinos de San Jorge, por el que se disponen nuevos límites a las fumigaciones aéreas y terrestres, fue celebrado por los grupos ecologistas que vienen trabajando sobre la cuestión y por los sectores políticos que acompañan sus reclamos. La Justicia fijó en 800 metros, respecto de las poblaciones, la distancia obligatoria que se deberá respetar para la aplicación de agroquímicos vía terrestre –con los llamados “mosquitos”– y en 1.500 metros el límite para las fumigaciones aéreas, mientras el debate sobre el tema recalentaba la discusión en la Legislatura provincial. Expansión de la frontera agrícola mediante, entre 1989 y 2006 el uso de plaguicidas se incrementó un 800 por ciento.
El fallo de la Cámara de Apelaciones N° 2 de la ciudad de Santa Fe, fechado el 9 de diciembre, ratificó lo decidido en primera instancia por el juez Tristán Martínez ante un recurso presentado por vecinos de San Jorge –departamento San Martín– en abril; en la sentencia se establece que hay evidencias sobre las “consecuencias severas para la salud” de los afectados directos y de sus hijos.
La aparición de enfermedades desconocidas, el aumento de casos de cáncer y abortos, la multiplicación de enfermedades respiratorias constituyen un escenario nuevo, visible en los últimos años. Desde la introducción de la soja RR –resistente al Round Up– en 1996 la producción, la venta y la aplicación de agroquímicos creció de un modo previsible si se atienden las distintas variables: por un lado, la expansión de la superficie cultivada con soja (hoy estimada en 19 millones de hectáreas en todo el país); por el otro, la modificación de los hábitos de uso.
En 1989 se vendieron unos 30 millones de litros de plaguicidas; en 2006, 236 millones. En 1989 se aplicaban dos litros por hectárea al año; en 2006, tres litros y medio. A la cabeza de las preferencias, el Roundup: un plaguicida a base de glifosato que es el más vendido en el país y que produce la firma multinacional Monsanto.
“Tras diez años de expansión, el lado más oscuro del boom sojero se está haciendo notar”, señalaron tras el fallo la diputada kirchnerista Claudia Saldaña y los ambientalistas del Cepronat (Centro de Protección a la Naturaleza). El Cepronat acompañó la medida judicial de San Jorge y organizó en paralelo la campaña Paren de fumigar”, con la que recorrieron la provincia promoviendo el activismo –y en particular la vía judicial– contra las fumigaciones indiscriminadas.
Los fundamentos del fallo de Cámara incluyen citas de casos puntuales registrados en los pueblos fumigados y hacen hincapié en los daños colaterales de un modelo que se aplica en una amplia región del país y que tiene epicentro en la provincia de Santa Fe. Una provincia en la que los casos de cáncer gástricos y de testículos triplican la media nacional.
El fallo recoge el llamado “principio precautorio” y resalta que “el bien ambiental es esencialmente limitado y su consumo irreparable, al punto de preverse su agotamiento, de persistirse en una utilización irracional, agregando la fuerte y muy alta probabilidad de que el uso de agroquímicos sea nocivo tanto para el medio ambiente como para la salud de las personas, y que entre esto y lo económico, debe primar lo primero”.
El amparo de los vecinos de San Jorge se basa en los artículos 41 y 43 de la Constitución Nacional, que tutelan los derechos ambientales. “Consideramos de relevancia la documentación presentada, que puede convertirse, al igual que ha sucedido en el barrio Ituzaingó de la ciudad de Córdoba, en un material básico para otras demandas que surjan en el resto del territorio provincial”, señalaron en su momento.
“Estamos contentos porque conseguimos que el juez dicte sentencia favorable. Este amparo fue el último escalón de una larga batalla que dieron los vecinos de este barrio (Urquiza) luego de que una fumigación casi mata a una nena de San Jorge. A partir de ahí la gente se organizó, se juntaron 800 firmas y se exigió que no se fumigue más”, dijo al día siguiente del fallo Carlos Manessi, del Cepronat, a LT10.
Transversalidad política
El tema divide transversalmente a los partidos grandes: al interior del socialismo y de la UCR conviven distintos puntos de vista, algunos más cercanos a la postura de los grupos ecologistas y otros que ponen por delante el aspecto económico –se trata, al fin y al cabo, de la principal actividad productiva de la provincia– y que soslayan todos los problemas relacionados al ambiente y la salud.
Pero acaso donde más notorios son los contrastes es en el seno del justicialismo. Algunos kirchneristas –la diputada Saldaña, su compañero de bloque Gerardo Rico– mantienen posiciones radicalizadas sobre el punto: Saldaña incluso presentó un proyecto que pide la prohibición del glifosato y luego se quejó porque “está cajoneado” en la comisión de Medio Ambiente.
Pero al mismo tiempo, kirchneristas y reutemistas coincidieron en plantarse ante el oficialismo en dos de los puntos cuestionados del presupuesto 2010: pidieron bajar el impuesto a los Ingresos Brutos para el comercio al por mayor de agroquímicos, semillas y fertilizantes del 2,8 por ciento al 2 por ciento, y sugirieron que también los productores primarios paguen el tributo, aunque recién a partir de una facturación anual superior a los 60 millones de pesos y con una alícuota del 0,5 por ciento.
En el oficialismo también hay posiciones enfrentadas. Un grupo referenciado en las diputadas Inés Bertero (PS) y Estela De Micheli (PDP) alienta medidas a favor de una mayor productividad; una de sus propuestas es reducir en lugar de ampliar el límite en que no se puede fumigar. Del otro lado, legisladores como Antonio Riestra (ARI) o Mónica Peralta (UCR-GEN) impulsan restricciones al uso de agroquímicos y hacen foco en el impacto del modelo agrícola en la salud humana y en el medio ambiente.
Dictámenes contrapuestos
En distintas comisiones legislativas –Asuntos Constitucionales, Medio Ambiente– hay dictámenes que se contraponen y, por lo tanto, el debate por la actualización de la ley 11.273 –también conocida como ley de fitosanitarios– apenas si trasciende el campo de lo discursivo: este año se aprobaron dos proyectos, uno de carácter burocrático por el que se concentra en la Secretaría de Medio Ambiente la regulación del manejo de agroquímicos en todas sus etapas, y otro simbólico, que exige acelerar la prohibición del uso de endosulfán: un producto que saldrá del mercado, por ley, en el año 2011.
Antes del fallo de Cámara, el bloque kirchnerista había exteriorizado su frustración por el fracaso de la reforma de la ley 11.273. Los diputados querían apurar los cambios para exhibir una victoria política sobre el oficialismo, que se muestra indeciso sobre el criterio a privilegiar.
Saldaña, Rico, Luis Rubeo, Enrique Marin, Ricardo Peirone, Graciela Bonomelli y Martín Labbe firmaron un comunicado en el que “lamentan que por diferencias entre los miembros del sector mayoritario –léase, del Frente Progresista Cívico y Social– en la Comisión de Asuntos Constitucionales no se haya llegado a un acuerdo que salvaguarde la salud de la población frente al avance de la aplicación masiva de productos químicos altamente peligrosos”.
Una vez conocido el fallo, Rico declaró: “Es una noticia muy importante para todos los pueblos de la provincia y sienta precedentes para el país. Ya no va a ser igual que antes; no van a fumigar arriba de las ciudades ni arriba de la gente. Va a haber menos enfermos por los agroquímicos”.
El diputado lo calificó como “el hecho más importante de los últimos dos años” y celebró que la Justicia haya resuelto el asunto: “La Legislatura no tuvo la fuerza política suficiente para hacer lo que tenía que hacer”.
Medio ambiente y derechos humanos
Está incluido en la Declaración Universal de la ONU de 1948 y, sin embargo, tuvo que pasar más de medio siglo para que las instituciones comiencen a pensar el medio ambiente como un derecho humano. “En la provincia hay temas que aparecen como extraordinariamente relevantes, no sólo por su magnitud cuantitativa sino por las características cualitativas de la vulneración de los derechos”, señaló Máximo Sozzo, investigador de la Universidad Nacional del Litoral (UNL). La declaración fue luego de la presentación del Observatorio de Derechos Humanos que funciona en la UNL y que aborda la problemática desde una visión amplia, considerando que un medioambiente sano es condición esencial para cumplir con los derechos humanos.
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