Ciudad

Contra el ajuste

Piripincho contra el ajuste en discapacidad

La Asociación de Transportistas de Personas con Capacidades Especiales de Santa Fe (Atraes) reclama que el recorte nacional al programa Incluir Salud atenta contra el servicio que prestan a personas con discapacidades diferentes. Este miércoles, a las 10, concentran en el Monumento a la Bandera


En Rosario existen cerca de 350 licencias para transportar a personas con capacidades especiales. Y fueron afectadas por el recorte nacional al programa Incluir Salud que beneficiaba a unas 6 mil personas en Santa Fe. Los damnificados reclaman una nueva partida presupuestaria y el reintegro de un 40 por ciento del monto de las prestaciones ya brindadas.

Desde la Asociación de Transportistas de Personas con Capacidades Especiales de Santa Fe (Atraes) convocan a una concentración este miércoles a las 10 en el Monumento Nacional a la Bandera para visibilizar la situación. La convocatoria sumó las voces de reconocidos artistas y figuras públicas, entre ellos, el actor Héctor Ansaldi que desde su personaje Piripincho acompañó el reclamo.

El compromiso del actor se vio reflejado desde que sumó a su espectáculo a su nieta Mía, que hoy tiene 12 años y fue víctima de mala praxis en su nacimiento. Padece severas secuelas neurológicas y retraso motriz, lo que le impide hablar, caminar y hasta sostener la cabeza. El actor aplicó varias técnicas de cuidado y logró mejorar la calidad de vida de Mía, quien representa sobre el escenario al hada Pushkin.

“Ella sabe que soy Piripincho pero ahora quiere que sea abuelo”, aseguró Ansaldi, en diálogo previo con El Ciudadano.

Recorte

Incluir Salud es un programa de la Agencia Nacional de Discapacidad que funciona bajo la órbita de la vicepresidencia y brinda servicios de salud a los titulares de las Pensiones No Contributivas (PNC). Transfiere fondos a las provincias para garantizar que todos los usuarios accedan a una atención de calidad.

Los recortes del gobierno nacional repercuten directamente en el programa cuyos profesionales, escuelas especiales, centros de día o de educación terapéutica, hogares, transportistas, centros de rehabilitación, servicios de apoyo, inclusión escolar y residencias quedaron al borde del colapso.

Según explicó el presidente de la Asociación de Transportistas de Personas con Capacidades Especiales de Santa Fe (Atraes), Pablo Bolego, el gobierno nacional debe pagos por servicios desde diciembre del año pasado a la mayoría de los prestadores. Adeuda el 20 por ciento de agosto, septiembre y octubre de 2017. Tampoco aumentó los aranceles para acompañar la escalada inflacionaria del último año. “Tienen que revisar la situación porque todo aumenta. El combustible, por ejemplo, y las tarifas de servicios públicos en permanente alza que soportan las instituciones”, señaló.

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