Consorcistas del edificio de San Lorenzo 1039, en cuya planta baja y primer piso se encuentra la delegación local del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, pidieron en la Justicia el desalojo de estas oficinas. Y aunque el propietario del inmueble no demostró interés en acompañar la demanda, los comerciantes de la zona dijeron apoyar la iniciativa. El problema principal está ligado a las numerosas manifestaciones que se realizan en la puerta del inmueble, que aparentemente generan inconvenientes a la gente de la zona.
Llama la atención: hace tiempo que no se ven cortes en San Lorenzo al 1000, que los manifestantes de diversas organizaciones sociales no interrumpen el tránsito ni queman gomas; es decir que no alteran el orden de la zona. Sin embargo, ayer se conoció el ingreso de un expediente que solicita el desalojo de la oficina. Contra lo que se acostumbra a ver (la pelea “propietario-inquilino”) esta vez son los propios consorcistas los que denuncian la violación de las normas de convivencia garantizadas en la ley de propiedad horizontal.
“Los vecinos manifestaron que se les hace muy difícil ingresar al edificio y moverse con tranquilidad. Sin embargo, el expediente acaba de ingresar: esto recién empieza, tiene que recorrer el mismo camino que cualquier juicio de desalojo”, señaló el juez Eduardo Arichuluaga, a cargo del Juzgado de Circuito Nº 2. Tanto quienes viven en el edificio como los comerciantes de la zona, dicen haber sufrido lesiones, haber recibido insultos y amenazas cuando se produjeron concentraciones de movimientos sociales por distintos conflictos. Además, muchas veces queman cubiertas, lo que origina densas nubes de humo que invaden la zona.
“Yo veo todos los días cómo afectan a todos los edificios. Cada vez que se hace un piquete por reclamo, se corta la calle, se queman gomas, maderas. No se puede ingresar a las casas porque apoyan todo sobre las puertas, ponen las ollas en las veredas”, declaró Alberto, el portero de uno de los edificios de esa cuadra en pleno centro de la ciudad.
En la misma sintonía, Ariana, cuyo comercio se encuentra al lado de las oficinas de Desarrollo Social, dijo que ella acompañará el reclamo de sus vecinos en caso de que lo necesiten, porque se ve “perjudicada” cada vez que hay un reclamo. “Como el resto de los locales, yo tengo que cerrar el comercio cuando hay manifestaciones en la calle”, advirtió.
Esta no es la primera vez que se pide que se mude la oficina, pero sí llama la atención por la “tranquilidad” que en los últimos meses se notó en la zona. Fernando Asegurado, secretario de Gobierno de la Municipalidad, recordó ayer en diálogo con El Ciudadano que hace poco más de un año se habían hecho gestiones ante funcionarios nacionales al respecto, ya que se consideraba a la zona como “poco funcional” para la demanda del Ministerio. Además, se tomó como antecedente la mudanza del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, que pasó de la esquina de Sarmiento y Mendoza a 27 de Febrero y Alvear. Aunque las gestiones municipales no avanzaron en su momento, visto este nuevo reclamo, Asegurado dijo que bien podrían retomarse.
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