El holding Bethia comprará al presidente de Chile, Sebastián Piñera, en 425 millones de dólares el 8 por ciento de las acciones que tiene en la aerolínea LAN (dueña de Lan Chile, entre otras), operación cuestionada por la oposición por considerar que permitirá al mandatario eludir impuestos en un momento en que el país necesita de aportes para su reconstrucción. Otra crítica provino de sus propios aliados políticos por entender que el mandatario tardó en desprenderse de sus empresas.
La Superintendencia de Valores y Seguros chilena informó ayer en un comunicado que Axxion, sociedad por la cual Piñera controlaba LAN, rematará el 3,13 por ciento restante de su paquete accionario hoy en la Bolsa, con lo que se espera obtener otros 193 millones de dólares.
El grupo Bethia es accionaria de la cadena Falabella y tiene inversiones en las áreas agrícola (Ancali), transporte (Sotraser), inmobiliaria (Titanium) y vitivinícola (Viña Indómita).
Mientras tanto, Piñera fue cuestionado tanto por la oposición –que acusa conflicto de intereses– como por sus socios de la Unión Demócrata Independiente, por la tardanza en vender su participación total en la compañía aérea.
Luego del anuncio sobre la venta de las acciones, el jefe de la bancada de senadores de la Democracia Cristiana y ex ministro de Hacienda, Andrés Zaldívar, denunció que Piñera buscó tener un comprador para Axxion para evitar pagar impuestos por al menos 50 millones de dólares.
Zaldívar anticipó un debate sobre si hubo o no ganancia de capital, porque de haberla Piñera debería haber pagado impuestos, salvo que tenga el beneficio del artículo 18 de la Ley de la Renta que lo eximiría.
“Él ha hecho una elusión, es decir, ha buscado una figura jurídica para no pagar el impuesto, que sabemos es cuantioso y según se dice puede bordear entre 50 y 90 millones de dólares”, afirmó el legislador.
Zaldívar consideró muy grave que “en una operación de esa magnitud se haya buscado una figura jurídica para no pagar impuestos” en momentos en que se debate el alza de tributos para costear la reconstrucción a raíz del terremoto del 27 de febrero.
El senador agregó que también es grave que quien podría hacer la interpretación y evacuar un informe sobre si procede o no el impuesto, si se vendió una unidad de negocios o si se vendió una acción, es el director del Servicio de Impuestos Internos, nombrado por el mandatario dentro del círculo de su confianza.
El diputado de la democracia cristiana Jorge Burgos sostuvo que “está dentro de la decisión de quienes están en los negocios ese tipo de cosas, pero no le habría venido mal al fisco de Chile haber recibido del orden de unos 50 millones de dólares”.
Desde el oficialismo, el diputado del gubernamental partido Renovación Nacional Cristián Monckeberg consideró que el presidente “cumplió un compromiso que asumió durante su mandato”, por lo que “buscar segundos, terceros y cuartos cálculos respecto de este tema no es relevante ni importante”.
Opuesto a esto, la senadora del también Partido RN, Lily Pérez, sostuvo que la venta concretada “es un tapón de boca para todos aquellos que durante un año entero de campaña electoral se dedicaron a atacar a nuestro actual presidente por sus acciones, particularmente las de LAN”.
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