El presidente de Chile, Sebastián Piñera, reiteró ayer la posibilidad de otorgar un indulto por “razones humanitarias” a militares que violaron los derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet, debate que se dará en el Congreso con el anticipado rechazo de la Concertación.
“Son todos seres humanos y por lo tanto todos sujetos de razones humanitarias. Vamos a conversar y explorar en el Congreso la posibilidad de otorgar también conmutaciones de penas o indultos a personas de edad avanzada, mayores de 80 años, y a personas que estén con enfermedades terminales” declaró Piñera en la Universidad Alcalá de Henares al cerrar su visita a España.
La posibilidad del indulto se mencionó en los últimos días como parte de un plan de recomposición carcelaria que desarrolló el gobierno y que podría beneficiar con el indulto a entre 5.000 y 10.000 reclusos, según sus alcances.
Pero en el anticipo de las medidas que el gobierno hizo desde la semana pasada, legisladores y dirigentes de la Concertación –la coalición de partidos de la centroizquierda chilena– manifestaron su abierto rechazo a la posibilidad de liberar a los represores de la dictadura pinochetista, lo que pareció animar al oficialismo a desestimar la idea por falta de consenso.
El ministro de Justicia, Felipe Bulnes, aclaró que “este gran cambio a la legislación en materia carcelaria debe contar con un acuerdo nacional, integrando a todos los sectores políticos y no un proyecto que cuente con la minoría en el Congreso”, por lo que justificaba la baja del indulto para mayores de 80 en condiciones de enfermedad terminal.
En su último día en Madrid, el presidente Piñera desacreditó a su ministro y explicó que el propósito de la iniciativa es que los beneficiados “puedan pasar sus últimos años o meses, no en una cárcel sino en sus propios domicilios junto a sus familias, recluidos en sus domicilios”.
“Es algo que vamos a explorar con todas las fuerzas políticas del país, ya que cuando se habla de razones humanitarias no se puede hacer ninguna distinción por el hecho de ser civil o militar. Son todos seres humanos, todos sujetos de razones humanitarias”, insistió el mandatario chileno.
Horas antes de la manifestación presidencial el comandante en jefe del Ejército de Chile, Juan Miguel Fuente-Alba, dijo que “los ex militares son ciudadanos y son chilenos y lo que establece la Constitución es el principio de igualdad ante la ley. En tal condición, se debe cumplir el precepto constitucional”.
En diciembre, el presidente Piñera desistió de otorgar lo que se denominaba el “Indulto del Bicentenario”, el que contó con el visto bueno de la Iglesia chilena pero el rechazo de amplios sectores de la sociedad, en particular en lo referido a la posibilidad de excarcelación de los represores.
Como ocurrió entonces, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, criticó la posibilidad y ayer expresó que “desde el primer día del gobierno hemos visto esta actitud” y consideró la idea “un descaro y una inmoralidad” .
Pizarro, quien subrayó que los violadores a los derechos humanos no sufren hacinamiento en los penales militares, planteó que “el tema de fondo es que en este gobierno hay sujetos que fueron parte de la dictadura militar de Augusto Pinochet”.
Desde el arco político opositor, el senador y presidente de la Democracia Cristiana, Patricio Walker, cuestionó un posible beneficio a quienes “han cometido crímenes de lesa humanidad”, subrayando que la iniciativa busca descongestionar las cárceles y que “el hacinamiento no está en Punta Peuco” , el lugar de detención en condiciones especiales de los represores.
De la población carcelaria de 50.000 reclusos, sólo hay 65 violadores de los derechos humanos que cumplen reclusión efectiva, aunque otros 700 están procesados en diversos juicios.
Durante la dictadura pinochetista se estima que más de 3.000 personas fueron ejecutadas o desaparecidas por los represores y otras 50.000 padecieron torturas.
Comentarios