“La situación penitenciaria en nuestro país no resiste más”, aseveró el mandatario chileno al presentarse en la Posta Central, el centro asistencial al que fueron derivados la mayoría de los heridos por el incendio desatado a las 6 de la madrugada luego de una riña entre reclusos, según informaron las agencias de noticias ANSA, DPA y el diario El Mercurio.
El jefe de Estado aseguró que “se van a perseguir todas las responsabilidades. De hecho el fiscal ya está haciendo las investigaciones para determinar si hubo negligencias, errores o irresponsabilidades por parte de las personas que estaban a cargo”.
Para Piñera, el hecho es “un problema que heredamos del pasado que no vamos a dejar de enfrentar” al afirmar que su gobierno va a “acelerar la forma de que Chile tenga un sistema carcelario humano y digno, propio de un país civilizado”.
En ese sentido, recordó que se elaboró un programa de 11 medidas que se encuentran en “plena ejecución” que se dio a conocer el 15 de octubre, pero aclaró: “No podemos hacer milagros en esta materia, pero sí más de lo que se estaba haciendo antes”.
El presidente aseguró que está en marcha la construcción de tres nuevas cárceles modulares y “una serie de programas que apuntan a mejorar la calidad de vida y las posibilidades de reinserción de los chilenos privados de su libertad”.
“Ya vendrá el tiempo de buscar las responsabilidades y de que un accidente como éste, el tercer peor incendio del país, nos sirva para entender que no podemos seguir viviendo en un sistema carcelario absolutamente inhumano”, insistió.
Según la defensora penal pública, Paula Vial, “Chile es el primer país de América
Latina con mayor población privada de libertad”, y está ubicado “inmediatamente después de Estados Unidos, que tiene una de las tasas más altas del mundo”.
Tras la reforma procesal penal, el número de presos en Chile pasó desde 30.000 a comienzos de los años 90 a más de 55.000 en la actualidad.
Por otra parte, un informe elaborado por la Corte de Apelaciones, fechado el 14 de octubre, advertía que sólo 100 gendarmes, divididos en tres turnos cuidaban de los 1.924 internos de la cárcel de San Miguel.
El propio mandatario reconoció hoy que al momento del incendio “había 26 gendarmes en el perímetro exterior y seis gendarmes en el interior, lo que por supuesto no es suficiente”.
El informe suscripto por la ministra Ana María Arratia Valdebenito sostiene que en la Torre 5 donde se produjo el incendio esta madrugada, habita un total de 484 reos primerizos condenados, procesados o detenidos, de todos los niveles de compromiso delictual.
El informe de la magistrada concluye que el recinto penal “es sucio, húmedo y maloliente”, además de que no existía mayor disciplina por parte de la guardia penitenciaria para establecer un orden al momento del descanso de los internos.
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