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Sociedades en la mira

Pillín: poder en el paravalancha y crecimiento patrimonial, los dos ejes de la imputación fiscal

El mandamás de la barra del Rosario Central Andrés "Pillín" Bracamonte fue imputado este jueves por lavado de activos cometido con habitualidad. Pero la defensa planteó la incompetencia de la Justicia provincial en el caso y la audiencia continuará mañana


Por problemas técnicos la audiencia imputativa contra Andrés “Pillín” Bracamonte sufrió este jueves una demora de unas cuatro horas. La falta de audio evitó que Pillín pudiera estar por videoconferencia y debieron trasladarlo al Centro de Justicia Penal. A las 18, el jefe de la barra brava de Rosario Central escuchó al fiscal Miguel Moreno describir que su patrimonio –estimado en más de 38 millones de pesos– no encuentra justificación con los negocios lícitos que posee. Para Moreno, su riqueza creció exponencialmente a la par del aumento de poder en el paravalanchas. Lo imputó de lavados de activos. Pero la audiencia pasó a un cuarto intermedio tras el planteo de incompetencia de la justicia provincial para entender en la causa que hizo la defensa, presentada por Carlos Varela y Adrián Martínez.

Pillín, de 48 años, estuvo sentado por más de dos horas junto a sus defensores y escuchó de boca del fiscal Miguel Moreno el derrotero de su crecimiento patrimonial. El hombre se presentó como empresario frente a la jueza Valeria Pedrana y prefirió no declarar.

Detención

Pillín fue detenido este lunes en su casa del country Los Álamos Club de Campo. También hubo allanamientos en una guardería náutica de Granadero Baigorria, un gimnasio, un galpón en Capitán Bermúdez y en el domicilio de la ex esposa de Bracamonte, en Álvarez Tomas al 1800. Además de la sede céntrica del club Atlético Rosario Central donde los investigadores fueron a buscar información de la relación comercial entre el club y las empresas de Pillín.

El inicio

La investigación por el crimen con tintes mafiosos y vinculado con el narcotráfico que tuvo como víctima al policía Cristian Ibarra en julio de 2019 en barrio Godoy, abrió una nueva línea investigativa que dejó al mandamás de la barra canalla como principal sospechoso de la comisión del delito de lavado de dinero.

En abril, en un allanamiento a su casa del country, la Fiscalía buscando documentación, terminó secuestrando de 2 millones y medio de pesos, algo más de 2800 dólares y más de 840 mil pesos en cheques. Para el fiscal Moreno, el punto más frágil de la defensa de Pillín está vinculado a su exponencial aumento patrimonial, el cual no condice con sus ingresos.

Para Moreno hubo dos instancias en la vida económica de Pillín Bracamonte que están vinculados con su ascenso como jefe de la barra de Rosario Central.

El fiscal entendió que realizó maniobras utilizando: primero a personas de su confianza como prestanombres y administradores y, luego, adquirió o creó empresas que tienen amplísimos objetos comerciales, a través de las cuales puso en circulación en el mercado bienes provenientes de presuntas amenazas coactivas, extorsiones junto a la posible participación en maniobras defraudatorias desde su posición de jefe en la barra brava de Central, con el objetivo de que esos bienes adquieran la apariencia de un origen lícito.

En una primera etapa se sirvió de su ex pareja Natalia S. (de quién se divorció en 2019) para adquirir bienes y ponerlos a su nombre y así desviar la atención de un inexplicable aumento exponencial de su patrimonio, dijo el fiscal.

Natalia S. figura como autónoma desde finales de 2013, desde cuando administra unidades de transporte de pasajeros, taxis y remises y, desde 2015, figura como administradora de bienes arrendados de distintas características, contó.

Entre los bienes a su nombre figuran tres departamentos en la propiedad Altos de Alberdi adquiridos en mayo y agosto de 2012, y el último, en enero de 2013 cuyo valor actual es de 115 mil dólares y una importante cantidad de autos, algunos de ellos taxis.

También un auto de alta gama, un BMW 125 valuado en 1.656.000 pesos que entró en el acuerdo de divorcio y cuatro chapas patentes por un valor de 20 mil dólares cada una.

Además, tiene dos motos y un cuatriciclo. Tras el divorcio, la casa de Álvarez Thomas 1870 quedó para Natalia mientras que la lindera fue para Pillín.

Su ex suegra tiene a su nombre un Minicooper y dos chapas de taxis. Mientras que la otra persona de confianza de Pillín es su hijo, de 20 años, quien también posee bienes. El joven tiene a su nombre un Chevrolet Classic y un Prisma que funcionan como taxis y un Volkswagen Scirocco por la suma de algo más de 820 mil pesos.

El fiscal contó que Bracamonte hijo está inscripto como trabajador de la firma Dragados y Obras Portuarias SA y tiene un recibo de sueldo por 25.500 pesos pero aclaró que al momento de la adquisición del Scirocco no tenía ingresos.

Las empresas

Para la Fiscalía, en una segunda instancia Pillín realizó maniobras a través de la creación y utilización de sociedades comerciales. Moreno indicó que aparece como socio en cuatro firmas.

Vanefra SRL constituida en fecha 20 de abril de 2017, donde tiene como socio a Fernando Andrés R. Según el objeto, la firma brinda servicios de limpieza, así como construcción, reforma y reparación de edificios, con un capital inicial de 500 mil pesos, que ambos integraron en partes iguales.

A nombre de esta empresa hay un BMW M2 2018 con valor de mercado aproximado casi 4,5 millones de pesos, el cual fue incautado en la casa del country de Bracamonte al momento del allanamiento y una moto de agua que se compró por 836 mil pesos según la factura. Para el fiscal son bienes de lujo que utilizaba en forma personal Pillín y que no tienen vínculo con el objeto de la firma.

Con la misma persona, Pillín adquirió el 27 de junio de 2018 la totalidad de las acciones de Ser-Eco SRL por 120 mil pesos, sociedad que se dedica a “alquiler de baños químicos”. Ambas empresas tienen domicilio en la localidad de Capitán Bermúdez.

El intendente
El fiscal Moreno en el allanamiento de la sede de Central. Foto: Franco Trovato Fuoco.

 

El 26 de julio de 2019, Pillín creó junto al intendente del estadio de Central, Sergio Daniel Quiroga, la sociedad Ruffino SAS. La firma tiene por finalidad desde fabricar y comercializar indumentaria deportiva hasta construcción, reformas y reparación de edificios y brindar servicio de organización de convenciones, exposiciones y shows, según declara.

En la sede de la firma, en calle Néstor Fernández al 1000 de Rosario, no había indicio de la empresa y se encontró un rodado sin chapa patente que tenía un pedido de secuestro por robo.

Moreno detalló que Quiroga no es cualquier empleado del club Rosario Central: ocupa el cargo de intendente del Estadio. El 87 por ciento de las ventas de esta empresa en el semestre que va desde septiembre de 2019 a febrero 2020 fueron hechas al club de Arroyito por un monto de 805.690 pesos.

Además, entre abril y agosto de 2019, Pillín facturó al club como monotributista por una suma de 465.570 pesos por ventas de mates y bombillas, vasos de vidrio, e indumentaria deportiva. Aunque fueron rechazadas las facturas por carecer de las formalidades exigidas.

“El poder de Pillín ha llegado al punto de oficiar como líder de la barrabrava y a la vez de supuesto proveedor de indumentaria y artículos como vasos y mates, en primer lugar emitiendo facturas de forma directa como monotributista y luego desde Ruffino SAS junto al intendente del Estadio”, explicó Moreno.

El cheque del pase

El fiscal contó que en el allanamiento a la casa del country se encontraron tres cheques emitidos por Rosario Central. Una a la firma Vanefra SRL por 36 mil pesos, otro a Ruffino SA por unos 115 mil pesos y el tercero fue emitido a nombre de Jorge Andrés Bilicich, dedicado a la representación de jugadores, por una suma de 660.030 pesos.

Para la acusación, este cheque viene a corrobora un secreto a voces en relación con su posible participación en las ganancias de los pases de jugadores de fútbol de Rosario Central.

El funcionario dijo que no se advierte ninguna relación comercial entre Bilicich y Bracamonte y en el allanamiento a la sede del club se informó que ese cheque pertenecía a una partida de 10 valores que se entregaron en mano a Bilicich por el pase del jugador Gastón Ávila a Boca Juniors.

El fiscal recordó las denuncias del entonces presidente del club Horacio Usandizaga en el año 2008 cuando dijo que la barra brava, desde incluso antes al mando de Bracamonte, presionaba a los jóvenes jugadores de inferiores y a sus padres para que firmaran con el representante Juan Carlos Silvetti, quien tenía acordado un 10 por ciento sobre todas las ventas de jugadores de fútbol que se realicen en el club.

Silvetti

Por último, el 19 de agosto del año pasado Bracamonte constituyó Kabrasi SRL junto al representante de jugadores de fútbol Silvetti y otro socio llamado Jesús K. con el propósito de “abastecimiento a buques de cabotaje y ultramar, aeronaves e instituciones públicas o privadas” de varios servicios. Moreno dijo que Silvetti fue expulsado del club en 2009 y enfrenta una causa penal que está para sentencia.

La barra canalla 

Para la Fciscalía con el correr de los años Bracamonte supo imponerse a través del uso de la coacción y de la fuerza, supo perpetuar y agigantar su rol de líder de la barrabrava de Rosario Central, y como consecuencia consolidó su influencia, contactos y el poder que ostenta dentro del club.

“Bracamonte supo convertir su posición para crear un verdadero negocio ilícito y millonario, a través del uso de la fuerza, del manejo de cientos de personas que integran la barrabrava canalla”, dijo.

Para la Fiscalía no hay un correlato entre la actividad declarada por las empresas y los bienes de uso activados y los costos informados. Estiman que son una pantalla para demostrar una actividad y giro comercial que en realidad no se advierte.

Moreno contó que en los allanamientos a las domicilios de estas firmas no se constató rastro de la actividad declarada. Por ejemplo dijo que en la sede de Ser Eco SRL hay un gimnasio que pertenecería a su socio y en la sede de Ruffino SAS funciona una Escuela de Danza Clásica y Moderna. Lo imputó del delito de lavado de activos agravado por realizarse con habitualidad.

La defensa planteó la incompetencia de la Justicia provincial porque considera que el delito de lavado es jurisdicción del fuero federal y la audiencia pasó un cuarto intermedio hasta este viernes a las 8.30.

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