El fiscal de la Capital Federal, Juan Pedro Zoni, y el fiscal cotitular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), Diego Iglesias, solicitaron la elevación a juicio de la investigación seguida contra Marco Antonio “Marcos” Estrada González y otras veintiséis personas, acusadas de integrar una organización narcocriminal dedicada al tráfico ilícito de clorhidrato de cocaína, paco y marihuana, en y desde el asentamiento conocido como Villa 1-11-14. Asimismo, les imputan el almacenamiento y uso de armas y municiones para mantener la hegemonía territorial en la zona.
Además de Estrada González se encuentran imputados Silvana Alejandra Salazar, José Luis “Perro Loco” Monge Berrocal, Gladys Santos Carhuachin, Virginia Esperanza Santos Carhuachin, Mirtha Elizabeth Lara Santos, Willy Efraín Lara Baquedano, Jesús Alberto Montañes Santos, Eric Leonel Hermoza Cosme, Mariela Giselle Bongiorno, Neicer Anthony Hermosa Cosme, Edgar Enrique “Rambo” Robles del Campo, David Zebul Ávila Pérez, Gerardo Santos López Carrasco, Omar Anthony López Rosales, Jesús Natividad Cárdenas Huaccha, Mamfer Abel Noriega Narro, Juan Fernando Colona Risco, Manuel Guillermo Vega Tello, Freddy Lloclla Carpio, Felicitas Anita Hermoza Sánchez, Geraldine Lloclla Hermoza, Carlos Alexis Aguirre Becerra, Agustín Ramírez Benítez, Gian Arthur Aguilar Fernández, Miguel Ángel Mauricio Enciso y Luis Antonio Morales Villantoy.
La banda
Desde el año 1999, la Justicia está tras los pasos de la organización de Estrada González quien, a pesar de ser condenado en tres oportunidades previas y estar detenido, continuó con la dirección de las actividades ilícitas. Asimismo, algunos de sus subalternos fueron también detenidos y condenados oportunamente, lo que no frenó ni alteró el accionar de la organización, gracias a la compleja estructura jerárquica y al aparato de violencia y seguridad montado para asegurar dominio territorial sobre un área de la Villa 1-11-14.
Según los representantes del Ministerio Público Fiscal en esta nueva acusación, “se verificó que al menos desde el mes de mayo de 2013 y hasta el 16 de diciembre de 2016 (…) la organización criminal indicada concretó las acciones ilícitas referidas precedentemente, constatadas a partir del secuestro paulatino de sustancias estupefacientes conformadas a base de marihuana, cocaína y sus derivados, como así también a través de la incautación de una considerable cantidad de armas de fuego, sus piezas y municiones de distinto tipo y calibre, y otros elementos de corte balístico, disponiendo para ello de los medios económicos necesarios dirigidos a tal fin”. En distintos procedimientos realizados por las fuerzas de seguridad, desde agosto de 2013, se incautaron grandes cantidades de pesos argentinos y dólares, marihuana, clorhidrato de cocaína, paco –fraccionada para su venta y en ladrillos–, sustancias de corte tales como cafeína, fenacetina, tetracaina, xilocaina, ácido clorhídrico, antivirales utilizados en el tratamiento contra el VIH, armas y municiones, vehículos, celulares y elementos de interés para la investigación.
En su presentación, los fiscales Zoni e Iglesias señalaron que la organización “contó con un sistema piramidal, notando que en la cúspide de la pirámide se encuentran personas directamente dedicadas a organizar y financiar la actividad ilícita, las cuales por lo general no tienen contacto directo con el material de carácter ilícito, quedando a cargo de otros integrantes ejercer funciones específicas –tanto dentro como fuera del asentamiento– con el objetivo de lograr constantemente la disposición de droga y armamento para desarrollar el emprendimiento criminal de la forma requerida por los sujetos ubicados en la cúspide de la organización”. También señalaron la existencia de un segundo escalón, dedicado a tareas de control, la supervisión de quienes venden al menudeo y la recolección del dinero producto del comercio de estupefacientes.
En este sentido señalaron a Marco Antonio Estrada González, su pareja, Silvana Alejandra Salazar y Juan Pedro Estrada González o Fernando Estrada González –hermano de Marco– en la cúspide de la organización. Por debajo de ellos, encargados del manejo de los estupefacientes, se encuentran otras once personas encargadas de recibir las drogas de los proveedores, para luego acopiarla y enviarla al interior de la villa para su comercialización.
Entre los encargados de transportar la droga, los fiscales señalaron a cuatro de los acusados, junto con otro de ellos fue señalado como el responsable de acopiar los estupefacientes en su domicilio, mientras que el resto de los acusados se dedicaba a la captación de clientes y comercialización de las drogas bajo la modalidad de menudeo.
Asimismo, los fiscales hicieron hincapié en el modo en que se fraccionaba la cocaína y la marihuana, para su venta, y las coincidencias entre el armamento secuestrado en los diversos operativos realizados para desbaratar a la organización, en el marco de distintas causas judiciales que tramitaron en el fuero federal.
En su requerimiento, los fiscales Zoni e Iglesias consideraron que Marco Antonio Estrada González y Silvana Alejandra Salazar deberán ser sometidos a juicio oral como “organizadores de una cadena destinada al tráfico ilícito de sustancias estupefacientes en el que intervinieran más de tres personas y coautores del delito de acopio de armas de fuego, sus piezas y municiones”.
En relación a los restantes acusados “deberán responder por su calidad de miembros de la organización en trato, como coautores del delito de tráfico de estupefacientes en la modalidad de comercio agravado por la intervención de tres o más personas en forma organizada para cometerlo y coautores del delito de acopio de armas de fuego, sus piezas y municiones”. En relación a Mariela Giselle Bongiorno, se solicitó que fuera enjuiciada por idénticos delitos, pero en calidad de partícipe secundaria.
Por último, los representantes del Ministerio Público Fiscal requirieron que se extraigan testimonios para profundizar la pesquisa y procurar la detención y juzgamiento de los integrantes de la organización que aún no pudieron ser ubicados, como así también ascender en la cadena de responsabilidades.
Situación migratoria
Estrada González cuenta con tres condenas previas. A raíz de ello, y en observancia de la ley 25.871, la Dirección Nacional de Migraciones le canceló la residenciaque le había concedido en el año 2001.
Esa medida se fundamentó en el interés imperativo del Estado en relación al perjuicio ocasionado por la organización de “Marcos” a la sociedad. La decisión fue recurrida por la defensa del imputado, ante lo cual la Dirección Nacional de Migraciones requirió la intervención del Ministerio Público Fiscal, en miras a los antecedentes y actividad ilícita.
La juezae Liliana Heiland, hizo lugar a la presentación. La resolución fue confirmada por la Sala I de la Cámara del fuero, que señaló la posibilidad de que la Procunar intervenga junto a la fiscal Labarthe para “promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad en coordinación con las demás autoridades de la República”.
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