Diputados del oficialismo ingresaron un proyecto que intenta complementar el vacío reglamentario sobre la conmutación de penas, luego del escándalo desatado en la capital provincial por dos decretos del Poder Ejecutivo –uno luego anulado– que beneficiaron a dos reclusos condenados por homicidio. Los autores de la iniciativa aclararon que no se busca limitar facultades propias del gobernador sino “establecer mecanismos procedimentales” que eviten, a futuro, situaciones similares.
El diputado provincial Santiago Mascheroni (UCR) y sus pares de bancada Griselda Tessio, Darío Boscarol y Julián Galdeano presentaron el lunes 7 un proyecto de ley para regular algunos aspectos de la facultad de conmutación de penas dispuestas en el artículo 72 inciso 15 de la Constitución provincial. “Complementa un vacío reglamentario y establece mecanismos procedimentales que encuentran justificación constitucional”, argumentó Mascheroni.
El proyecto aparece después de una fuerte polémica social y política vinculada a dos decretos firmados por el gobernador Antonio Bonfatti y el ministro de Justicia, Juan Lewis, uno en octubre de 2014 y otro en agosto de 2015, que motivaron la posterior renuncia de la secretaria de Asuntos Penales de la provincia Débora Cotichini. A través de esos decretos, el gobierno conmutó las penas de dos reclusos condenados por un doble homicidio ocurrido en febrero de 2007 en San José del Rincón.
En la Legislatura hay antecedentes sobre iniciativas similares. En dos ocasiones el ex diputado justicialista Danilo Kilibarda intentó llenar el vacío reglamentario sobre la conmutación de penas con proyectos para sistematizar esa facultad constitucional que tiene el gobernador. La primera vez fue en febrero de 2005, pero la iniciativa no pasó el análisis de las comisiones de la Cámara baja y el tema caducó. En 2007 Kilibarda reingresó el proyecto y ocurrió lo mismo.
Ahora, ante un nuevo caso que generó polémica institucional, diputados de la UCR pretenden regular el procedimiento para establecer parámetros de objetividad en cuanto al beneficio de la conmutación de penas, aunque sin avanzar sobre las facultades del Poder Ejecutivo. Se mantienen, en términos generales, los conceptos de la legislación vigente y se incorpora un procedimiento más preciso en el trámite preparatorio, así como en los criterios de procedencia del beneficio.
El proyecto establece que “las conmutaciones de penas impuestas dentro de la jurisdicción provincial serán tramitadas y acordadas conforme a lo previsto en la Constitución provincial (artículo 72 inciso 16) y la presente ley. Este beneficio solamente procederá en los casos de existir una sentencia condenatoria pasada en autoridad de cosa juzgada”. Se determina el procedimiento para la iniciación del trámite, siempre a instancias del recluso. De esta forma no quedaría habilitado el beneficio de oficio.
Después de anular el decreto más reciente, del 5 de agosto de 2015, el gobernador Bonfatti firmó otro decreto para autolimitarse en la conmutación de penas: el mandatario estableció que el beneficio no correrá para personas condenadas por homicidio, como ya ocurre con los condenados por el delito de violación.
El caso generó algunos cortocircuitos dentro del Frente Progresista. El intendente de Santa Fe, José Corral, opinó que “deja mucho que desear” la tarea del ministro Lewis y señaló además: “No podemos dar señales negativas sobre el tema seguridad. Conmutarles las penas a los asesinos es inaceptable. Los funcionarios (del Ministerio de Justicia) lo llevaron al gobernador a cometer un error grave”.
Para zanjar la cuestión, los diputados de la UCR presentaron un nuevo proyecto que establece que en la confección del legajo debe requerirse un informe a la Corte Suprema de Justicia de la provincia para su resolución definitiva. Se mantiene el criterio que “los condenados no podrán gozar del beneficio de conmutación en más de una oportunidad por año calendario”, aunque desde 2008 el beneficio se otorga una sola vez por año: el 25 de mayo o el 25 de diciembre, decisión que queda en manos del gobernador.
El proyecto de Mascheroni modifica el criterio de cumplimiento de un tercio de la condena y determina la mitad de la misma para todos los delitos y el cumplimiento de 18 años cuando la condena sea de prisión perpetua. Se establecen como excepción los supuestos de enfermedad incurable en período terminal, los condenados menores de edad y mayores de 70 años y las mujeres embarazadas. No podrán ser beneficiadas las personas condenadas por delitos cometidos en el ejercicio de la función pública.
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