La organización Mumalá Rosario convocó a marchar junto al movimiento social Barrios de Pie este jueves a las 10 en Moreno y Córdoba. La movilización será para pedir que el Gobierno Nacional incluya a víctimas de violencia machista en el programa Potenciar Trabajo. “Sin burocracia ni clientelismo”, dijeron en un comunicado. La concentración será con medidas de seguridad y distancia social. El programa mencionado es una política del Ministerio de Desarrollo Social nacional que incluye a mujeres, disidencias y varones mayores de 18 y menores de 65 años.
Desde Mulalá comunicaron que a principios de abril tuvieron una reunión con funcionarias del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, en respuesta a una carta enviada al presidente Alberto Fernández en la que solicitaron medidas urgentes en el marco de la pandemia por Covid-19. “Pidieron la asistencia económica directa a personas en situación de violencia machista y a familiares de víctimas de femicidios. Según relatan, las funcionarias les respondieron que estaba la posibilidad de incluirlas en el Programa Potenciar Trabajo, del Ministerio de Desarrollo Social nacional.
“Días después presentamos un listado con más de 500 personas en situación de violencia de género, contactadas a partir del trabajo territorial de nuestra organización en todo el país, y otras 600 mujeres en extrema vulnerabilidad económica que sin duda requieren de la asistencia del Estado. Pronto se cumplirán dos meses de esa presentación, y seguimos sin ningún avance en concreto. Sin embargo, vemos cómo organizaciones sociales cercanas al gobierno y el propio Ministerio difunden por redes la convocatoria para la inscripción al programa”, denunciaron desde Mumalá en un comunicado.
“Sabemos que la pandemia agravó la violencia machista en muchísimos hogares que se encuentran en situación de pobreza e indigencia, y la crisis económica dificulta las salidas posibles, sobre todo cuando hay hijes o se depende de los ingresos del agresor. Si bien este Programa no es la solución definitiva, sin duda representa una ayuda. Nos parece lamentable que medidas destinadas a un tema tan delicado que se cobra vidas, como es la violencia de género, tenga estas dilaciones burocráticas por parte del gobierno, o lo que es peor, que estén atravesadas por intereses mezquinos o clientelares”, agregaron.
Refuerzo en el programa
El programa Potenciar Trabajo reúne a los programas Hacemos Futuro y el Salario Social Complementario y busca avanzar en la conversión de planes sociales para poner el foco en la empleabilidad y las propuestas productivas, con el objetivo de promover inclusión social y mejorar los ingresos. Incluye a mujeres y hombres mayores de 18 y menores de 65 años.
Al principio de la pandemia, desde el Gobierno Nacional anunciaron que más de 3.500 personas travesti y trans habían sido incluidas, teniendo en cuenta la crítica situación de este colectivo.
Esta semana el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, anunció que pagarán un refuerzo de 3 mil pesos a titulares de Potenciar Trabajo que no cobraron el IFE. El pago adicional también se había abonado en abril y fue comunicado en una reunión con referentes de movimientos sociales.
“Nuestro objetivo es sostener los ingresos de las familias en el contexto difícil que genera la pandemia del COVID-19. Representa un reconocimiento a quienes están trabajando en comedores y merenderos de todo el país y forman parte del programa Potenciar Trabajo”, explicó el ministro.
En el encuentro, las y los representantes de movimientos sociales le presentaron a Arroyo el proyecto de ley Ramona, que contempla el pago de un bono a quienes trabajan en comedores y merenderos, la mayoría de ellas mujeres. El ministro se comprometió a acompañar la iniciativa y señaló que estas trabajadoras de la economía popular forman parte de “esa gran red social que puso el cuerpo ante la emergencia sanitaria”.
La Ley Ramona prevé un salario social complementario para los titulares individuales y créditos ministeriales a unidades de gestión (éstas están conformadas por gobiernos provinciales, municipios, universidades y organizaciones de la sociedad civil). Implica formación, terminalidad educativa y certificación de competencias; y contempla la creación de unidades productivas para que las personas puedan poner en marcha, reactivar, consolidar o mejorar iniciativas individuales o colectivas, urbanas o rurales.
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