Policiales

Narcomenudeo

Piden penas de entre 12 y tres años de cárcel para la banda de Walter Rivero

En sus alegatos, el fiscal Federico Reynares Solari solicitó además que se investigue si dos presos de alto perfil, Esteban Alvarado y Pandu Aguirre cometieron delitos vinculados al narcotráfico, ya que ambos aparecen mencionados en escuchas


Una de las viviendas allanadas por Gendarmería en la localidad de Pérez

El megajuicio que se sigue contra una banda sindicada de administrar una docena de búnkers en las localidades santafesinas de Arroyo Seco, Chabás, Pérez y Rosario se acerca a su etapa final. Este martes, la Fiscalía dijo no tener pruebas contra uno de los imputados mientras que pidió penas de entre 12 y 3 años de prisión para el resto de los 24 presuntos miembros de la organización, cuyo mando le sindican a Walter Rivero y a su pareja Claudia Andrea Giustra. Además, con toda la prueba recolectada en las audiencias, principalmente la declaración testimonial de policías que participaron de la pesquisa, el fiscal Federico Reynares Solari pidió que se abran nuevas investigaciones de personas mencionadas, algunas con alto perfil como El Esteban, por Alvarado, y Pandu Aguirre.

El juicio comenzó el lunes 28 de octubre ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3 de Rosario, integrado por los jueces Mario Gambacorta, Eugenio Martínez Ferrero y Osvaldo Facciano. Desde entonces desfilaron unos 50 testigos, la Fiscalía realizó sus acusaciones y pedidos de pena y entre el 17 y el 23 de diciembre próximos será el turno de los alegatos de las defensas. Está previsto que la sentencia se conozca el jueves 26 de diciembre.

La investigación

Durante la pesquisa se realizaron allanamientos en 19 domicilios en los que secuestraron casi nueve kilos de marihuana y poco más de 6 de cocaína, además de profusa cantidad de elementos relacionados a la producción, distribución y venta de las sustancias ilícitas como balanzas de precisión, bolsas de polietileno, máquinas selladoras y una suma importante de dinero producto de la actividad ilícita llevada a cabo.

El alegato fiscal contempló, en su mayoría, acusaciones por la coautoría en relación al delito de tráfico de estupefacientes, en la modalidad de tenencia con fines de comercialización, y sólo en tres casos como partícipes secundarios.

Pedido de penas

Reynares Solari consideró acreditada la existencia de una banda dedicada a la tenencia y comercialización de estupefacientes. Para Rivero, presunto líder, pidió la pena más alta a 12 años de prisión como coautor del delito de organizador de tráfico de estupefacientes, en la modalidad de tenencia con fines de comercialización, almacenamiento y distribución, agravado por la intervención de tres o más personas de forma organizada. Para su pareja Giustra, alias Colo, requirió 9 años, ya no como organizadora. El pedido de pena alcanzó también a Carlos Alberto Victorino “Betito” Godoy, para quien reclamó ocho años: por registrar una condena anterior a 11 años de prisión por el homicidio del ex jefe de la barrabrava de Newell’s Roberto “Pimpi” Caminos, Reynares Solari instó a que se le imponga una única de 14  años de prisión.

En tanto, para Priscila Aylén Hervier pidió siete años de condena; para Hugo Darío Rojas solicitó nueve años y, como cuenta con una pena a 16 años dictada en agosto de 2017 por la Justicia provincial, solicitó que ambas penas se unifiquen en una sola a dos décadas de cárcel y se lo declare reincidente. También que se le inicie una investigación por la presunta falsificación de documento público por la utilización de documentos falsos que complicaron su identificación.

Para Juan Eduardo Sales el fiscal pidió ocho años y medio de cárcel; para Fabián Jesús Larroza siete y para Ezequiel Jorge Pacheco seis.

En tanto, para Maximiliano Fabián Pacheco y Jorge Rubén Pacheco solicitó tres años de ejecución condicional como partícipes secundarios de tráfico de estupefacientes.

Por su parte pidió penas de cuatro años de cárcel para Carlos Alberto Damián Gallegos, Micaela Desirée Ramos, Rosa Argentina Martín, Diego Andrés Mansilla, Martín Domingo Ramos, Eduardo Andrés Aguilera, Gisella Mónica Mansila, Martín Roldán (a quien también pidió que se lo declare reincidente por una condena de 2012 en Melincué), Lucas Agache, Milene Silveira y Claudia Marcela Montes.

Por último solicitó que sean condenados a tres años de ejecución condicional como partícipes secundarios Rodrigo Báez, Sebastián Alberto López y Gustavo David Ojeda. La misma pena pidió para Sebastián Alberto López quien tiene una condena federal de mayo de 2018 por un hecho de 2015.

Antonio R. no fue acusado en el juicio luego de que la Fiscalía entendiera que las pruebas recolectadas no alcanzaban para acreditar con certeza la comisión de delitos.

Nuevas causas

En su alegato, el fiscal Reynares Solari solicitó el decomiso del dinero secuestrado en la causa y de un auto, una moto y dos camionetas y recordó que a partir de la prueba recolectada durante las audiencias, en particular escuchas telefónicas y testimonios de los policías que participaron de la pesquisa, podría haber personas que infringen la ley de estupefacientes. En ese sentido pidió que se indague a Rubén Pie C., alias Viejo, cuyo domicilio en la ciudad de San Lorenzo fue allanado en esta causa, al igual que su línea telefónica intervenida. A Cristian Z., alias Hormiga, a quien sindican de haber estado a cargo de los puntos de venta que Walter Rivero tenía en las localidades de Fray Luis Beltrán y Capitán Bermúdez. Y a Nelson “Pandu” Aguirre por ser la persona encargada de realizar los “trabajos” relacionados con amenazas y de “asegurar” zonas de expendio de venta de drogas del territorio de Rivero. Pandu se encuentra detenido desde abril de 2015 a disposición de la Justicia provincial y también fue señalado por investigadores policiales y por ser mencionado en escuchas de los miembros de la organización que está siendo juzgada.

En otro tramo de su solicitud, la Fiscalía pidió que se remita copia de algunas escuchas ventiladas en el debate oral en cuyas conversaciones son mencionados Esteban Líndor Alvarado y el Gordo Baby, como se apoda Juan Carlos P., para determinar si alguno de los dos estuvo involucrado en el negocio ilícito de la comercialización de estupefacientes.

Alvarado, actualmente con prisión preventiva, no cuenta con causas federales pese a estar sindicado en la Justicia provincial como líder de una de las organizaciones criminales más violentas de Rosario por delitos vinculados a la venta de drogas.

Comentarios

10