“Que el servicio de telefonía celular sea declarado como público implica que el Estado regule este sistema ahora inequitativo: que garantice los derechos de los usuarios, las obligaciones de las empresas y el precio de la tarifa. Ahora la vida pasa por el teléfono e internet, y su difícil acceso limita también otros derechos”, explicó el diputado nacional porla Coalición Cívica, Carlos Comi, en el marco de la próxima audiencia pública para debatir un marco regulatorio a la telefonía celular. Precisamente, este lunes, a las 9, Comi y el senador nacional Rubén Giustiniani presidirán dicho encuentro a realizarse en el Aula Auditorio dela Facultadde Derecho, dela Universidad Nacionalde Rosario (UNR).
La jornada contará con la presencia de Ariel Caplan, abogado especialista en derecho administrativo y telecomunicaciones; Pedro Busetti, presidente de Defensa de Usuarios y Consumidores (Deuco); Carlos Hernández, en representación dela Facultadde Derecho dela UNR; representantes dela Oficina Municipalde Defensa del Consumidor y dela Uniónde Usuarios y Consumidores, entre otros. También fueron invitados la reconocida especialista en derecho civil Noemí Nicolau y representantes de las asociaciones de defensa del consumidorLa Comunay Adecua. Tanto Giustiniani como Comi tienen presentados sendos proyectos para establecer un marco regulatorio en el servicio de telefonía móvil. Cabe destacar que la iniciativa del diputado contempla además la necesidad de declarar como público también el servicio de internet.
En Argentina se encuentran habilitadas alrededor de 53 millones de líneas para usuarios de telefonía celular, cuando hay 40 millones de habitantes. Semejante masividad implica un control por parte del Estado a las empresas que manejan el sistema de comunicaciones, control que aún no existe. “Declararlo servicio público implica que el Estado regule los derechos de los usuarios, las obligaciones de las empresas y la tarifa. Existe, por ejemplo, una enorme diferencia entre el abono y la tarjeta, aun ni siquiera se puede cambiar de empresa y las tarifas aumentan por encima de la tasa inflacionaria”, detalló el diputado Comi en diálogo con El Ciudadano. Tanto el uso del celular como de internet es “lo que se viene” y, en ese sentido, el Estado debe estar presente para que toda la población tenga acceso.
El senador Giustiniani es autor de un proyecto de ley para declarar servicio público a la telefonía móvil, actualmente en estudio en el Senado Nacional. El proyecto, presentado en diciembre de 2010, garantiza el acceso de los ciudadanos a servicios de telefonía móvil eficientes, de acuerdo a los estándares aceptables con la tecnología actual, con tarifas justas y razonables, y con estricto cumplimiento de las obligaciones pactadas dentro de los contratos de servicios, en tiempo y forma por parte de las empresas prestadoras del servicio.
Comi, por su parte, elaboró un proyecto de ley para que la telefonía celular así como la prestación de internet sean instituidos como servicio público. El proyecto, presentado enla Cámarabaja en febrero de 2011, contempla un nuevo régimen de pautas contractuales con claros beneficios para los usuarios. Además, el texto de la norma hace hincapié en el equilibrio de las partes y una nueva regulación del servicio en la que se establecen una serie de duras sanciones para las empresas incumplidoras.
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