La Multisectorial de Mujeres de Rosario junto a otras organizaciones y referentes políticos se movilizaron ayer hasta las puertas de Tribunales para pedir por la libertad de Yamila S., una joven madre que actualmente se encuentra privada de la libertad, con prisión domiciliaria, acusada de abandono de persona seguido de muerte tras tener un aborto espontáneo en su casa, ocurrido en marzo de 2012, cuando tenía 19 años. El expediente está en etapa de sentencia y la fiscal de la causa está pidiendo una condena de 18 años de prisión. Desde la defensa sostienen que se trata de una evidente estigmatización, por ser mujer, y piden su inmediata absolución.
En marzo de 2012, Yamila tenía 19 años y era mamá de una beba de un año. Estaba separada de su pareja por problemas de violencia de género y tenía 39 semanas de embarazo. Según su testimonio, una noche se encontraba en su casa cuando sufrió una hemorragia grave que desembocó en un parto espontáneo. Ella pensó que el recién nacido había perdido la vida en el proceso. Asustada y en estado de shock escondió el cuerpo. Cuando sus padres tomaron conocimiento de la situación la acompañaron a un sanatorio privado de la ciudad para que la asistieran. Allí le dijeron que debían realizar la denuncia policial por lo ocurrido. Quedó detenida.
Después de pasar ocho meses en prisión, el juez a cargo de la causa consideró que no había existido delito y ella quedó en libertad. Pero el expediente nunca se cerró y en 2014 la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Penal pidió que se profundice la investigación, frente a la “carencia” de datos en la mecánica del hecho. Así fue que en mayo de 2015 la jueza de Instrucción 8ª, Delia Paleari, consideró que la chica había cometido un delito “de comisión por omisión” y ordenó la prisión domiciliaria, que empezó a tener efecto el 1º de octubre del año pasado. Y otra vez perdió su libertad.
La chica tiene hoy 23 años y cumple prisión domiciliaria preventiva hace más de 10 meses, acusada de “abandono de persona seguido de muerte, agravado por el vínculo”. La jueza Marisol Usandizaga es quien actualmente está a cargo de la causa.
A principios de agosto de este año, el Consejo Nacional de Mujeres presentó en el juzgado de Usandizaga un amicus curiae (amigos del tribunal), que es una opinión fundada por especialistas en la promoción de los derechos de las mujeres. Allí aseguran que “haber sometido a la mujer a un proceso penal de cuatro años y nueve meses de cárcel efectiva, más un año de arresto domiciliario, es una manifestación de discriminación de género”.
Una de sus abogadas, Luciana Tagliatti, contó que están acompañando a Yamila “en una etapa muy difícil y a la espera de una sentencia”. “La fiscal pidió una pena alta y nosotros sostenemos su inocencia y pedimos su absolución. A ella se la acusa de abandono de persona agravado por el vínculo y seguido de muerte. Ella hoy está con una pena morigerada, que es un arresto domiciliario, pero está presa”, señaló.
“Nuestros planteos se basan en las evidencias mismas presentadas por la Fiscalía que no arrojan ninguna prueba contundente sino todo lo contrario, no hacen más que generar dudas y ayuda a reforzar lo que sostenemos y es lo que Yamila contó durante toda la causa y es que ella vio a su bebé muerto al nacer. El planteo de la absolución se llama, a nivel técnico, error de tipo que quiere decir que ella no pudo haber cometido un delito justamente al no conocer que su bebé estaba con vida. Están también los estereotipos de género que estuvieron presentes durante todo el proceso judicial”, añadió.
Por su parte, Nora Giacometto, de la ONG Ampliando Derechos, recordó que “Yamila sufrió un aborto espontáneo a causa de la violencia psicológica que ejercía su pareja”.
“A lo largo de esta causa hemos tenido idas y vueltas y estamos esperando que la jueza Usandizaga se expida en la causa”, añadió.
También estuvieron presentes en el lugar las concejalas María Eugenia Schmuck y Norma López. La última, señaló que en el país hubo un caso similar, el de Romina Tejerina, donde ya hubo sentencia. “Creo se asimila más por la situación jurisprudencial. Cuando estuvimos reunidos con los jueces que integran el Colegio Penal hablamos de la situación de Camila y les pedimos que lo analizaran puntualmente, ya que (Alfredo) Ivaldi Artacho uno de sus integrantes, fue uno de sus jueces que rechazó su libertad. Le pedimos que analizara bien las circunstancias. Sabemos que hay algunas cuestiones procesales. Lo de Yamila es netamente una estigmatización por la condición de mujer concretamente”, subrayó.
“El relato de Yamila fue comprobado absolutamente, las condiciones en que parió, que fue un aborto espontáneo, que el feto cae y golpea, el relato ha sido contundente ante la Justicia. La Justicia no la está escuchando y necesitamos a Yamila libre porque si continúa detenida va a ser una estigmatización hacia las mujeres. No es menor que no se la escuche. Es llamativo que la Justicia se haya ensañado con este caso”, concluyó.
Comentarios