Anteayer se cumplió un año del asesinato de Jonathan Ezequiel Ojeda. Tenía apenas 17 años cuando un plomo le perforó el rostro. Alcanzó a llamar a su madre, que lo vio morir. El gatillo lo apretó un policía que estaba de franco y que, además de ser su vecino, acumula media docena de denuncias por delitos de torturas a detenidos, abuso de armas, amenazas e incluso lesiones a su esposa por dispararle con el arma reglamentaria en una pierna. Sin embargo, la versión que brindó ese agente, el cabo primero César Martín R., de 38 años, fue más creíble para la Fiscalía que la proporcionada por los familiares del menor asesinado. De hecho, el día del crimen, mientras decenas de vecinos salieron indignados a reclamar que la muerte no ocurrió en un “enfrentamiento” sino que fue una “ejecución”, el fiscal dispuso la custodia en la casa del uniformado. Esta semana, al cumplirse el primer aniversario de la muerte de Jona, su mamá se presentó como querellante en la causa con el patrocinio del equipo jurídico de la Asamblea por los Derechos de la Niñez y la Juventud.
Los abogados que acompañan en el reclamo de justicia a la madre de Jona, junto a organizaciones sociales y familiares de otras víctimas de violencia institucional, anunciaron que hoy se concentrarán en la puerta de la Fiscalía de Homicidios, en Montevideo 2278, donde intentarán que el fiscal de la causa, Florentino Malaponte, los escuche.
“El lunes presentamos la constitución como querellantes. Nuestra intención es acompañar a la mamá de Jonatan en los procesos y avances de la causa. Como no fueron tomadas en cuenta las versionas de la familia de la víctima –muchos de ellos testigos de la muerte–, sino todo lo contrario, procuramos que se encamine la investigación en esa dirección. Quieren saber qué pasó”, dijo Analía Abreu, una de las abogadas de la Asamblea.
“Nuevamente estamos tratando de constituirnos como querellantes para impulsar una investigación de delitos terribles, como es la matanza de pibes de barrios populares en mano de policías”, dijo Abreu a El Ciudadano. La abogada resaltó que, en el caso de la muerte de Ojeda, los antecedentes del policía imputado de homicidio no son menores, como tampoco el hecho de que era vecino de la víctima. “Como en todas las causas de violencia institucional donde hay policías involucrados, la única manera de tener acceso a la justicia es a través de la convocatoria popular y de organizaciones sociales”, reflexionó Abreu, tras anunciar que a partir de las 10 de hoy tendrá lugar una concentración en la puerta de la Fiscalía de Homicidios.
“Un caco abatido”
Jonatan Ezequiel Ojeda murió en la puerta de su casa de zona sudoeste el 18 de octubre de 2015, alrededor de las ocho de la mañana, de un tiro en la cara. Según la versión del policía que lo mató, el cabo primero César Martín R., de 38 años, ese día escuchó gritos en la vereda de su casa y al salir se encontró con un hombre que le contó que dos muchachos pasaron caminando y le robaron la cartera a su mujer. Con ropa de entre casa, el efectivo dijo que salió a la caza de los ladrones en su auto particular con el fin de “detenerlos”. Minutos después, y a unas pocas cuadras de su casa, el policía llamó al 911 desde el celular de Ojeda, quien yacía sin vida con un tiro en el rostro, para avisar que tenía a “un caco abatido”.
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