El kirchnerismo pisó el acelerador en su denuncia contra el presidente Mauricio Macri por el escándalo internacional derivado de las revelaciones de Panama Papers. Amplió su denuncia inicial por las sociedades offshore relacionadas con el mandatario, denunció que se “borraron” pruebas y pidió que se investigue una posible “autoventa” de acciones de una firma de la que Macri era accionista, previo al anuncio de traspaso del manejo de sus bienes a un fideicomiso.
Se espera que, como anticipó el juez Sebastián Casanello, se desprenda del tramo de la denuncia que involucra al ex ministro de Hacienda porteño y actual intendente de Lanús, Néstor Grindetti. El funcionario está más comprometido porque no sólo aparece como creador de una sociedad offshore sino con el manejo de una cuenta en un banco de Suiza.
Según la denuncia interpuesta ante el fiscal federal Federico Delgado (quien acusó a Macri por “omisión maliciosa” de las sociedades en su declaración jurada), el diputado K Norman Darío Martínez insistió en la posible comisión del delito de lavado de dinero. Así hizo foco en la sociedad Fleg Trading Ltd. que, según reveló este diario, continúa “activa” de acuerdo al registro público de sociedades comerciales de Brasil, a contramano de lo que había declarado públicamente el presidente y de la postura oficial apenas estalló el escándalo.
Allí recordó tanto que el negocio vinculado con Pago Fácil tuvo real actividad en el país vecino y que la sociedad creada en 1998 había sido inscripta en 2002 en el fisco brasileño, con domicilio en Nassau, Bahamas.
A su vez, el legislador –que es la cara del bloque K para esta denuncia– alertó sobre la posible destrucción de las pruebas sobre que la empresa Fleg Trading se encontraba operativa, ya que aseguró que el 11 de abril pasado los datos del directorio de la firma “fueron eliminados del registro de Open Corporates”. Se trata de un registro público donde quedan nominadas las compañías offshore, con su listado de directivos y los intermediarios que las crearon. Esta situación “induce a pensar que existe una acción deliberada para borrar pruebas de los hechos”, señaló la denuncia.
Además, Martínez aportó documentación sobre la sociedad anónima Kagemusha, sobre la cual recalcó que “no figura en ninguna de las declaraciones juradas” de Macri “desde 2006 a la fecha”, y que además se desconoce “si su padre la ha declarado en su patrimonio ante la Afip”. Para esto, relacionó que la mayor parte del patrimonio de Franco Macri fue traspasada a sus hijos, y que el actual presidente siempre ocupó cargos de gran jerarquía dentro del clan empresarial. Por esto, pidió que como prueba se envíen exhortos requiriendo toda la información societaria de los Macri y libre además un exhorto a Brasil, Uruguay, Irlanda y Reino Unido a fin de disponer de información sobre la participación societaria de firmas del grupo.
Martínez le solicitó a la Justicia que cite al ex directivo de Socma Orlando Salvestrini y que se desclasifiquen todas las declaraciones juradas del presidente en la Oficina Anticorrupción. A ese organismo, presidido por la ultramacrista Laura Alonso, le pidió que informe sus actuaciones sobre el caso investigado.
También solicitó a la Justicia que libre un oficio al Banco Central para que “dé a conocer las cuentas bancarias en las que Macri haya participado como titular o apoderado”, lo que implicaría que se revele toda la actividad empresarial del presidente, ya que reconoció que hasta 2014 tuvo participación accionaria en Socma.
Venta simulada
En paralelo, el escrito también denuncia una presunta “venta simulada” de acciones de una empresa controlada por Macri a otra perteneciente al Grupo Macri pero asentada en una filial offshore del grupo: “Macri habría vendido en el mes de febrero su posesión del paquete accionario de la empresa energética Yacylec SA a la firma Sideco Americana SA”, describe el texto, que remarca la necesidad de “conocer quiénes son los accionistas de la Sideco panameña y si entre ellos participa por sí o por interpósita persona el presidente de la Nación”.
Además, el diputado denunció inconsistencias en lo declarado ante la oficina de Alonso con el acta del Enre, publicada en el Boletín Oficial el 1º de marzo, por la cantidad y el valor de las acciones transferidas. Esto, alertó, podría constituir otro delito cometido por el mandatario. Puso la lupa también sobre Macri Investment Group, una firma supuestamente controlada por “sociedades fantasma”.
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