La Asociación Civil Florentina impugnó este martes el ascenso del fiscal Carlos Vottero a fiscal regional de Rafaela y le pidió a la Asamblea Legislativa que se reunirá el 11 de mayo que rechace su pliego. Lo acusan de “no garantizar los derechos” de una adolescente de 16 años que padeció una violación en patota de doce varones en mayo de 2018, que recién fueron detenidos tres años después, en octubre de 2021. Y demorar aún más el comienzo del juicio a los imputados que estaba previsto para el 3 de abril último, pero se postergó a pedido del propio funcionario.
“Vottero no garantizó los derechos de la víctima al prolongar su dolor y dilatar el comienzo del proceso de reparación”, en una “sociedad conmocionada por un hecho terrible que exige el rápido castigo de los abusadores”, expresó la entidad. Y se preguntó: un fiscal que actúa de esta manera ante “una víctima de violencia de género tan vulnerable” y en un caso “tan importante para la sociedad, ¿puede estar a cargo de una Fiscalía Regional?”, informó el diario de la ciudad de Santa Fe El Litoral.
La impugnación a Vottero ingresó este martes a la comisión de Acuerdos de la Legislatura. El plazo para las impugnaciones vence el 8 de mayo al mediodía. Así que el fiscal tendrá la posibilidad de hacer su descargo el 10 de mayo, en la entrevista con la comisión. Al día siguiente, la Asamblea Legislativa tratará su pliego y el del defensor regional de Rosario Martin Gabriel Riccardi, propuestos por el gobernador Omar Perotti. Si la Asamblea del 11 de mayo fracasa por falta de quórum, habrá una nueva convocatoria el 20 de mayo y si se repite la situación, ambas designaciones quedarán aprobadas en forma ficta por imperio de la Constitución de Santa Fe.
Perotti nominó a Vottero como fiscal regional de Rafaela porque el pliego del primer propuesto, Orlando Toniolo, fue rechazado en la Asamblea del 13 de abril por 40 a 13 (con 10 abstenciones). En la terna que el Consejo de la Magistratura elevó al gobernador, Toniolo era el primero, Vottero el segundo y la fiscal Gabriela Lema, tercera. Hoy, la jefatura del MPA en Rafaela está a cargo del fiscal regional de Santa Fe Jorge Nessier.
“La justicia es para las víctimas o la impunidad nos pone en riesgo a todas”, advirtió la Asociación Civil Florentina de Rafaela en su impugnación a Vottero.
Hechos reprochables
*“No garantizó el derecho de la víctima” en una causa por violación en patota en la localidad de Pilar, en mayo de 2018, donde una adolescente de 16 años fue atacada por doce varones (once adultos y un menor) “durante largas horas. El de Pilar no es un caso más de violencia de género, sino un ataque terrible, atroz, a una menor de edad”, sostienen desde la Ong Florentina.
*“Postergó el comienzo del juicio” que estaba previsto para el 3 de abril, con lo cual “prolongó aún más el dolor” de la jovencita que hoy tiene 21 años. “Dilató el comienzo del proceso de reparación a la víctima y a una sociedad conmocionada por un hecho terrible que exige un rápido castigo de los abusadores”. El juicio debía comenzar en diciembre de 2022, por “maniobras” de la defensa pasó para el 3 de abril, pero ese día “el fiscal solicitó suspenderlo nuevamente”. “No entendemos esta actitud” de Vottero. “Necesitamos saber por qué el representante del MPA elige demorar el juicio, cuando esta situación desalienta y deja en el desamparo a la víctima”. Después de eso, la joven comentó en Casa Florentina: “Me cansa sostener esto. Necesito expresar mi verdad y seguir con mi vida”.
“En los delitos contra la integridad física no puede haber diferencias de clases”, alertó la Florentina. “Si una menor resulta damnificada, el Estado debe garantizar sus derechos sin dilaciones, cuidando su salud física, psíquica y social”.
Pero desde que el fiscal Vottero se hizo cargo de la causa “no ha generado las condiciones necesarias para establecer contacto con la menor. Es más, las veces que fue citada a declarar, no fue notificada fehacientemente por la Fiscalía. No garantizó el derecho a la información a la víctima”.
“La extrema vulnerabilidad económica, social y familiar de la víctima, requiere esfuerzos efectivos de la Justicia para asegurar el debido proceso”, reclamó la Florentina. Que la joven “pueda movilizarse para declarar” en Rafaela y “entender todo el proceso en el que participa justamente por haberse vulnerado sus derechos y padecer vejaciones a su cuerpo y a su intimidad inimaginables”.
“En reiteradas oportunidades, la víctima quiso establecer contacto con el fiscal”. Por eso, la asociación solventó “los pasajes del viaje”, a diferencia de la Fiscalía, que “se negó a garantizar esos traslados”.
Lo mismo sucedió con el “acompañamiento psicológico” que está a cargo de la Florentina porque la joven –por sus “permanentes mudanzas a raíz de amenazas recibidas y su vulnerabilidad”- no aceptó “el apoyo psicológico que le ofreció” la anterior fiscal de la causa, Ángela Capitanio.
“La impunidad de los agresores es el elemento adoctrinador más fuerte. Las estadísticas marcan que cuando no hay sanción real a quienes ejercen violencia de género, los casos se multiplican y se profundiza el morbo con el que se ejecutan”. “La impunidad pone en riesgo a todas, más aún cuando viene de la mano del Estado que nos debe proteger”, concluyó la Florentina, en un escrito que firma su presidenta, Soledad Comini Borda.
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